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Monterrey N.L.

Curuleros marrulleros

“La multitud de leyes frecuentemente presta
  excusas a los vicios”: René Descartes
 
  • Curuleros marrulleros
  • Senado pospone sesión sobre la Fepade
  • Instruyen a senadores del PRI no asistir
  • Urgen sustituir estrategia de seguridad
  • Cofece investiga contratos a Grupo IUSA
  • Empresarios y ciudadanos contra Fonatur
 
Ciudad de México, 25 de octubre de 2017.- La corrupción y la impunidad paraliza a la clase política del país y es la principal preocupación del inquilino provisional de Los Pinos, quien exhibe temor a ser juzgado por su escandalosa administración. En el Senado de la República, los legisladores fueron instruidos a no acudir a la sesión convocada en la cual se habría de decidir la restitución o remoción definitiva del incomodo fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, entre otros temas fundamentales. El  presidente de la Cámara alta, Ernesto Cordero, constató en la sala del Pleno sólo había 45 de 128 senadores por lo cual citó a una nueva reunión  para este jueves.
 
La ausencia de los legisladores puede explicarse porque el PRI no alcanzaba la mayoría necesaria para imponer el procedimiento el cual incluía desahogar todo en la sesión y a través de votación secreta. Por eso, como acusó el bloque opositor, el PRI y el PVEM intentan agotar el plazo de 10 días establecido en la Constitución para que los legisladores no puedan objetar la remoción de Santiago Nieto Castillo en la Fepade. Priístas y verdes hicieron un vacío para evitar se llevara a cabo la sesión convocada para discutir el tema frenado el martes con la toma de tribuna.
 
La oposición había amenazado tomar de nueva cuenta la tribuna si persistía la intención del PRI y sus aliados de avalar la remoción de Nieto Castillo, a través de un proceso oscuro mediante un fast track. De haberse impuesto ese procedimiento, la sesión hubiera sido maratónica, con la comparecencia tanto del ex titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, como el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, quienes deberán responder a 34 preguntas formuladas por todas las fuerzas políticas. Tras esas comparecencias, se daría un receso a fin de que los parlamentarios definieran su voto, y la votación sería a través de papeletas y en urna, es decir, secreta.
 
Pero la revuelta del PAN y PRD unidos al PT-Morena debió esperar para impedir un reacomodo en la descabezada Procuraduría General de la República (PGR) con la colocación de un titular a modo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el cual pueda facilitar el siguiente fraude electoral en las elecciones federales del 2018, incluyendo la presidencial. Panistas y perredistas, otrora aliados del priísmo en el llamado “Pacto por México”, ahora pretenden aprovechar la coyuntura para exhibir el financiamiento corrupto de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012,  y dar así un paso en firme para evitar la repetición de otro monumental y cínico fraude electoral cometido e inclusive avalado por ellos para , fundamentalmente, evitar la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República y  retener el poder.
 
Dicho fraude ya se vislumbró en la pasada elección para gobernador precisamente en el Estado de México, con la imposición, usando todos los recursos disponibles, legales e ilegales, en favor del primazo, Alfredo del Mazo, proceso en donde se utilizaron carreteras de dinero del erario federal, a través de la intervención de secretarios de Estado y otros funcionarios de alto nivel. También fue evidente el uso de recursos de origen privado, a través de donaciones de empresarios quienes aportan a las campañas como parte de una estrategia de inversión recuperable con grandes beneficios económicos a corto plazo logrados a través de contratos con adjudicación directa, o licitaciones amañadas.
 
Antes del inicio de la sesión cancelada por falta de quórum, los coordinadores del PAN, PRD y PT-Morena estaban reunidos a fin de detallar la estrategia y verificar si cuentan con la mayoría necesaria para imponerse y revertir el procedimiento del PRI impuesto en la Junta de Coordinación Política. La oposición unida pretendía que la decisión de objetar la remoción de Nieto Castillo no se decidiera este miércoles, sino que el Pleno turne el caso a la Comisión de Justicia, donde se analicen los documentos enviados tanto por Nieto Castillo como por Elías Beltrán y el dictamen pase al pleno el  próximo martes, donde se votaría de manera uninominal, es decir, pública.
 
La clave de la estrategia de los coordinadores del PAN, PRD y  PT-Morena, Fernando Herrera, Luis Sánchez y Manuel Bartlett, respectivamente, se centraba en reunir a todos sus legisladores y que votaran de acuerdo a lo acordado pues no debe pasarse por alto en otras ocasiones los legisladores panistas, perredistas o petisas sufragan junto con el PRI.
 
Todo parece indicar el coordinador del  PRI, Emilio Gamboa, no logró conseguir los votos que requería, aún cuando cabildearon con los senadores del PAN “rebeldes” afines a Felipe Calderón y contrarios al dirigente de su partido, Ricardo Anaya, quienes el martes no participaron en la toma de tribuna de sus compañeros junto con PRD y PT-Morena.

La instrucción de Los Pinos de proteger al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, de las investigaciones encabezadas por el ex titular de la Fepade, Santiago Nieto, en torno a los sobornos de Odebrecht, comprobados por la justicia brasileña y estadounidense, pretenden echar tierra al oscuro financiamiento de la campaña de 2012 de Enrique Peña Nieto e impedir que se puedan generar sanciones legales, las cuales podrían llegar en caso extremo a la cancelación del registro del PRI y/o una enorme multa a ese instituto político.
 
Es también un paso adelante en la preparación de la estrategia priísta hacia los comicios federales del 2018, en donde nuevamente el PRI pretenderá imponerse sin importar los medios y los costos, pues como se ha visto, dinero sobra. Firmas como Odebrecht, Higa o OHL han mostrado su disposición para financiar campañas electorales en México, como una parte de fuertes inversiones recuperables en el corto plazo con contratos gubernamentales.
 
Pero la Fepade no es más que una de las instituciones a anular en su función fundamental y ponerla al servicio del partido en el poder. Peña Nieto y sus cercanos funcionarios cuentan con el resto del aparato electoral, el cual organizará y calificará el próximo proceso comicial federal: el Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por un obediente Lorenzo Córdova Vianello e integrado con consejeros impuestos por el priísmo. También a su servicio se ve están los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes han sido agasajados y apapachados por el actual sistema de gobierno.
 
De mantenerse el respaldo popular para retirarle el registro al PRI al comprobar la recepción de dinero proveniente del extranjero para financiar la campaña política por la presidencia, esta decisión obviamente abarcaría al Partido Verde al haber registrado una alianza con la cual aparecen ambos como responsables de la comisión de ese delito. Y, en esto, ni la Suprema Corte puede ayudarlos.
 
CAMBIAR PARADIGMA DE SEGURIDAD
 
Investigadores, académicos y especialistas en diversas materias coincidieron en la urgencia de cambiar el paradigma de la estrategia de seguridad. En medio del cuestionado rol de las Fuerzas Armadas y ante el alza en los índices de violencia, México enfrenta una grave crisis con más de 170 mil muertos y 30 mil desaparecidos, destacó David Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana.
 
En la conferencia internacional “Seguridad, democracia y derechos humanos: la vía civil”, Fernández sostuvo: “es urgente cambiar la estrategia y el concepto mismo de estrategia que maneja la élite gubernamental”, si realmente el Estado pretende garantizar la seguridad de las personas y respetar sus derechos humanos.
 
Para Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la situación de inseguridad en el país puede abrir la puerta a dos salidas distintas: “por un lado, los llamados a la continuidad de la actual política, reforzada con un enfoque aún más represivo, con mayor uso de la fuerza y ausencia de controles, dentro del marco de la política de seguridad desarrollada hace una década. O, por otro lado, una revisión crítica de las políticas de seguridad vigente y consecuentemente el desarrollo de un paradigma alternativo, basado en el aspecto de derechos humanos y rendición de cuentas”.
 
Jarab criticó la relación entre seguridad y derechos humanos sea vista como un antagonismo, tanto por las fuerzas de seguridad como por los defensores de derechos. “Unos ven la seguridad como un elemento que debilita los derechos humanos, mientras que los otros perciben los derechos como un obstáculo para seguridad. Sin embargo, nuestra Oficina sostiene que la seguridad y los derechos humanos no solamente son compatibles sino que se necesitan mutuamente, se refuerzan”.
 
La estrategia requerida, en opinión del rector Fernández, debería tener como fundamento el incremento de la capacidad de investigación y no el despliegue de las fuerzas, además de que contemple el repliegue gradual de las Fuerzas Armadas y fomentar la rendición de cuentas.
 
DE LOS PASILLOS
 
Desde el pasado mes de junio, diputados y senadores del PAN, PRD y Morena pidieron la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para investigar las presuntas irregularidades de los contratos entregados por la CFE a Grupo IUSA para la adquisición de medidores de luz. También demandaron a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) iniciar el proceso de investigación sobre supuestas prácticas monopólicas absolutas en los contratos que la CFE otorgó a las empresas IUSA Medidores S. A. de C. V. y Controles Medidores Especializados… De acuerdo al Diario Oficial de la Federación, la Cofece inició ya la investigación por denuncia de la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de watthorímeros (medidores del consumo de luz) adquiridos por la CFE… Derivado de la información aportada por el denunciante, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Cofece tuvo conocimiento de hechos que derivaron en la posible realización de prácticas monopólicas absolutas previstas por el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). “Por consiguiente, esta Comisión cuenta con elementos suficientes para el inicio de una investigación, en términos de los artículos 66 y 71 de la LFCE”, destacó la Cofece… En los últimos 10 años, la CFE destinó más de 15 mil millones de pesos a la adquisición de watthorímetros a través de diversos procesos de compra pública…
 
A fin de enfrentar la volatilidad por la incertidumbre derivada de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la normalización de la política monetaria de Estados Unidos, el Banco de México aumentó las subastas de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional por diferencias por un monto de 4 mil millones de dólares… Las ventas de estas nuevas coberturas se llevarán a cabo en parcialidades semanales, comenzando este jueves con mil millones de dólares… En el Diario Oficial de la Federación, el BdeM informó que el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 19.2009 pesos… Al escribir estas líneas, el dólar estadounidense cedía 10 centavos en los cruces de menudeo para cotizar en 19.40 pesos a la venta y 18.60 a la compra en ventanillas bancarias…
 
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) entregó su propuesta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) para que a partir de noviembre se incremente el salario mínimo general de 80.04 pesos a 95.25, con lo cual se ubicaría en la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) en mayo pasado, de 92.52 pesos… De llegar a concretarse tal aumento, no se haría a través de un porcentaje, como se hace año con año en su revisión anual, sino a través de un Monto Independiente de Recuperación (MIR), mecanismo que ya se implementó desde el año pasado... A su vez, el sector obrero plantea debe aumentar el mínimo a 90 o 100 pesos y el reajuste se debe adelantar no aplicarse hasta enero del próximo año… La decisión se dará una vez que la Conasami reciba una serie de estudios por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la STPS y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores…
 
Los daños provocados por el Fondo Nacional de Turismo, Fonatur, en las últimas fechas forman una buena parte de la desconfianza de inversionistas para apostar sus capitales en tierras por ellos promovidas y vendidas. En Cancún la historia de fraudes en la compra y venta de terrenos promovida por esa dependencia es muy larga y los escándalos han sido mundialmente conocidos. En Tajamar, lugar convertido en ícono de la lucha por la protección ambiental en Quintana Roo, quienes compraron lotes contaban con la certeza de no tener impedimentos para construir, nada dijeron sobre las leyes de protección al mangle y mucho menos lanzaron las debidas advertencias en otros renglones. Es incomprensible que una dependencia del gobierno actúe fraudulentamente y sea protegida por otras responsables del cuidado al medio ambiente. Como sucedió en la playa en donde se ubica el mejor mirador público, los empresarios exigen la devolución de su dinero con los consabidos intereses. ¿Ya vio usted otro de los porqués de la “quiebra” de este Fondo?  
 
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