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Monterrey N.L.

Inseguridad e impunidad

“Demorar la justicia es injusticia”: Walter Savage Landor
 

  • Inseguridad e impunidad
  • Octubre de 2017, el mes más violento: STSNSP
  • Imparable, sigue el baño de sangre en noviembre
  • Planes emergentes de seguridad, pide Coparmex
  • Mentiras sobre empleo y educación en Los Pinos 
  • UBER: salió el tiro por la culata en Quintana Roo
  • Salario mínimo a 88.36 pesos, estipula Conasami

 
Ciudad de México,  22 de noviembre de 2017.- Mientras la administración federal encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra concentrada en el llamado “sexenio de hidalgo” y trabaja desesperadamente por garantizarse una impunidad total después del 2018, la violencia y la inseguridad siguen devastando a la población mexicana. La ultima Encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, del Inegi, revela la mayor preocupación de la ciudadanía es la inseguridad, por encima de la inflación, el desempleo o la corrupción. En el pasado mes de octubre se registró la cifra más alta de asesinatos en el país: se iniciaron 2 mil 371 carpetas de investigación por homicidio doloso, según  el Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública (STSNSP). De enero a octubre de este año, 23 mil 968 personas fueron asesinadas en México, revelan cifras oficiales.
 
Este mes también se ha resentido un incesante clima de violencia, aunque sólo trascienden los hechos relevantes en los medios de comunicación. Los estados donde se han registrado más homicidios dolosos durante los primeros diez meses del año son: Guerrero (2,085), el Estado de México (1,954), Baja California (1,914), Chihuahua (1.640) y Sinaloa (1,351). Tan sólo el pasado fin de semana se reportaron tres muertos en un enfrentamiento entre elementos de la Marina y delincuentes en Reynosa, Tamaulipas; tres personas ejecutadas y dos más heridas en distintos hechos de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, entidad donde la Fiscalía General reportó el hallazgo de dos fosas clandestinas ubicadas en un camino de terracería que comunica de Bocoyna al poblado de Gupitaere, en la Sierra Tarahumara; al menos un muerto y seis lesionados fue el saldo de un enfrentamiento a balazos entre civiles en el municipio de Teocaltiche, Jalisco; nueve cuerpos fueron encontrados en distintas fosas clandestinas en Sinaloa. El hallazgo lo hizo el grupo de mujeres con familiares desparecidos Las Rastreadoras de El Fuerte, en una zona residencial de Los Mochis.
 
Más hechos de sangre se registraron en Guerrero. En el nuevo libramiento Chilpancingo-Tixtla, en un lugar llamado “El Aserradero”, fue localizado el cuerpo del operador político del aspirante priísta a la alcaldía de Chilpancingo, César Armenta, quien había sido reportado como desaparecido desde el miércoles pasado. Otros tres hombres fueron asesinados en distintos municipios de esa entidad. Dos de ellos fueron ultimados a un costado de la carretera federal Chilapa-Tlapa; tenían las manos atadas y un tiro en la cabeza cada uno. Otro asesinato se registró en un bar del puerto de Acapulco.
 
Otros dos homicidios relevantes se registraron en el Estado de México y en Baja California Sur. La Fiscalía General de Justicia de la entidad mexiquense reportó: tras realizar pruebas de balística, se determinó la bala extraída del cuerpo del vicepresidente de Telecomunicaciones de Televisa, Adolfo Lagos Espinosa, quien fue baleado mientras viajaba en bicicleta en la carretera Tulancingo-Pirámides, fue disparada por el arma de uno de sus escoltas, quien manejaba la camioneta propiedad de la víctima. Las pruebas realizadas por al Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y por la PGR coincidieron en ese hecho. Hasta el momento fueron localizados siete casquillos .9mm, los cuales corresponden a las armas de las personas encargadas de su seguridad. El caso se empieza a complicar al considerarse al calibre .9mm como uno de los de mayor variedad de armas y modelos semiautomáticas existentes en el mercado. No vaya a ser se este presentando a un chivo expiatorio extraído de la hipótesis de un asalto frustrado, cuando las causas de la ejecución sean de otra índole.
 
En tanto, en Baja California Sur, un grupo armado tiroteó el vehículo donde viajaban el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba Camacho y su familia. El ombudsman murió junto con su hijo Fernando. En el ataque resultaron heridas su esposa y su hija de 18 años de edad. Además, la PGJE reportó siete asesinatos más con disparos de armas de fuego, en distintos puntos del Estado.
 
Y respecto a las desapariciones, el número de personas no localizadas en México, cuya desaparición investiga la Procuraduría General de la República (PGR), llegó a mil 201. Estos casos fueron hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación en el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2017. Entre las víctimas hay 130 extranjeros, mientras 27 por ciento del total eran jóvenes de entre 20 y 29 años, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED). Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, la Ciudad de México y Michoacán, son las entidades con el mayor número de desapariciones, como consecuencia de la creciente actividad del narcotráfico y el crimen organizado. En este año, el RNDPED ha registrado 37 desapariciones, las cuales están siendo investigadas en el fuero federal.
       
Ante el creciente número de delitos –el año pasado se contabilizaron 31.1 millones de éstos-, entre los cuales destacan los hurtos y asaltos en hogares o en calles o transporte público, fraudes, extorsiones, robo de vehículo, los cuales han tenido un costo de alrededor de 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 229 mil millones de pesos, el sector privado hizo un llamado “enérgico” a las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de poner en marcha planes emergentes de seguridad. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) conminó al Poder Ejecutivo a revisar el diseño institucional de combate a la delincuencia, “porque la crisis de seguridad exige una estrategia integral con nuevas líneas de acción; un enfoque sistémico que incluya a jueces, fiscales y policías, y acciones contundentes inmediatas enfocadas a reducir efectivamente las tasas de robo e inseguridad”.
 
Pero la actuación de las autoridades, tanto de los poderes Ejecutivo como Legislativo, registra muchas deficiencias. La Cámara de Diputados revivió presupuestalmente el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) al asignarle 300 millones de pesos para 2018, monto muy bajo en comparación con los recursos asignados anualmente entre 2013 y 2016.  El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, criticó: “Trescientos millones para todo el país no alcanzan ni para la Ciudad de México”. La partida es muy baja y evidencia el carácter policíaco en esas labores porque el renglón, clasificado como “operativos para la prevención y disuasión del delito”, contará el año próximo con 22 mil 771 millones de pesos, básicamente ejercidos por la Policía Federal. Ese monto para operativos se acerca a la mitad de los 64 mil 288 millones autorizados como presupuesto para la Secretaría de Gobernación en 2018.
 
En 2013, el Pronapred arrancó como una de las políticas prioritarias de la gestión de Enrique Peña Nieto para hacer frente al delito y combatir las causas generadoras de la violencia. Ese año, los diputados le autorizaron un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos. Con el impulso de la Federación, le sumaron a ese monto 95 millones de pesos para 2014. En 2015, el subsidio volvió a crecer a 2 mil 683 millones. Pero en 2016 bajó a 2 mil 15 millones de pesos y a mediados de ese año, la Secretaría de Hacienda le recortó 263 millones por un ajuste preventivo. En 2017 se concretó la desaparición del Pronapred, cuando no recibió una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Y sin recursos, no pudo subsidiar este año acciones de prevención del delito en los denominados municipios prioritarios del país.
 
LAS MENTIRAS DEL EMPLEO
 
Otra reunión en Los Pinos en donde reinan las mentiras, imperan las sonrisas y todos salen mentando madres. No existe ninguna necesidad de seguir manteniendo esas presentaciones suntuosas para las cuales son llamados los gobernadores de todo el país, reúnen a los miembros del gabinete, el titular del Ejecutivo lanza como grandes logros lo que apenas es una parte de sus responsabilidades y, para acabarla de amolar, lo dicho se pone en entredicho al no encontrar en la realidad lo que ahí se cacarea con tanto ímpetu. Se basan los datos proporcionados ayer relacionados con el empleo en el registro del IMSS, pero nada se dice de la otra cara de la moneda, de la cancelación de inscripciones por muy diversas razones, prevaleciendo la temporalidad de los trabajos o la quiebra de negocios, de empresas, de industrias, de comercios obligados a dar prestaciones insostenibles para los niveles económicos y de consumo actuales o ser vistos como delincuentes.
 
Los mismos escenarios se contemplan cuando se trata del ramo educativo, no han faltado las del sector salud y mucho menos las maratónicas relativas a la seguridad y, si algo no funciona en el país son esos tres renglones, ni con reformas, ni la cancelación de prestaciones y pensiones y mucho menos con las estrategias hasta ahora fallidas de cabo a rabo. Sin embargo, ya sea en Los Pinos o en Palacio Nacional las citas se reproducen y serán mucho más frecuentes en la medida en la que se acerca la fecha de terminación del sexenio, cuando vienen las giras y presentaciones de despedida y se anhela, se persigue la multiplicación de aplausos, de reconocimientos a fin de retirarse con el autoengaño de siempre y la firme idea de escribir un libro, de narrar las experiencias, de dejar constancia de los daños producidos por terceros o de las decisiones tomadas por presiones.
 
Se dará el último brindis de fin de año en la residencia oficial. Acudirán todos los del círculo íntimo, cerrado, para aplaudir el paso de todos y cada uno y exhibir la certeza de seguir manejando al país, de tener en las manos la sucesión y el poder de decidir por encima de la voluntad de millones de mexicanos. Son estos los momentos en los cuales ya con la tiroides funcionándole, Peña Nieto se convierte en el auténtico peligro para México y sus ciudadanos. Es cuando se marcan directrices de autoritarismo puro y de pronunciamientos cuya firmeza aparece solamente en los tonos porque las violaciones a la ley y la impunidad reinante solamente hablan de la debilidad de un gobierno suficientemente criticado tanto a nivel nacional como en el extranjero.
 
¡Cuidado!, con las cuentas regresivas empiezan a estallar las bombas y no precisamente yucatecas.
 
EL TIRO POR LA CULATA 
 
Habiendo cobrado a la plataforma UBER más de 240 millones de pesos en multas, dieron el gran paso para llevar ante los curuleros una ley de movilidad y transporte con la cual oficializan su entrada con algunas variantes, entre ellas la de entregarle al gobierno el 2.5 por ciento de los ingresos para distribuirlos entre los taxistas. Ya estaban muy puestos los de la aprobación cuando se enteran del rechazo de los ubereños, de la presentación de una ley que, de entrada es totalmente violatoria e insultante al pretender una empresa extranjera influir sobre las leyes mexicanas, las estatales, las cuales solamente deben ser generadas, creadas, aprobadas por quintanarroenses en este caso.
 
Reuniones van y vienen sin dejar ninguna satisfacción. Porque si bien es cierto que existirá siempre quienes están conformes y una parte será de inconformes con cualquier dictado, medida, resolución, también es verdad debe buscarse que la aprobación sea eminentemente mayoritaria y en este asunto no hay nadie conforme y si se ha permitido la entrada de terceros quienes tampoco tienen una representación real, ni siquiera como usuarios. Los de la Coparmex cuentan con vehículos propios y solamente de oídas tienen información. Al parecer no se ha tomado en cuenta es el grado de corrupción existente en el área de transporte.
 
El atrevimiento de UBER encuentra sustento en la millonada pagada en efectivo, en la información recaudada sobre la forma en la cual se han entregado más de mil placas durante el curso de la administración en donde encontraron aparente rechazo, pero con la cual discutían bajo la mesa todas las posibilidades de ingreso. Ahora y ya con una propuesta en manos de los curuleros, lanzan los ubereños un extrañamiento acompañado de amenazas de retiro -¿quién los invitó?- y desacuerdos hechos del conocimiento popular sobre supuestas consecuencias en detrimento de su operación si es aprobada tal ley.
 
Han utilizado a los medios radiofónicos para solicitar el apoyo de los ciudadanos para hacer su entrada no solamente triunfal sino con muchos supuestos beneficios para los usuarios. Al igual que muchos otros empresarios que logran enriquecerse prontamente en el mercado mexicano, recurren a ese malinchismo tan visto y recurrente. Con establecer rígidos controles sobre unidades y choferes puede hacerse efectivo un transporte en taxi satisfactorio. Si se decidieran a retirarles las concesiones a quienes abusaron atribuyéndose cientos de ellas para entregárselas a quienes realmente trabajan en este servicio, habría hasta el mensaje de convertir en realidad el cambio prometido.
 
Sabido es la cantidad de placas en poder de ex gobernadores. Ninguno necesita de esos ingresos y sí han hecho de esta facultad otro gran negocio al recibir, inclusive, cientos de millones de pesos al ponerle precio a estas concesiones.  Son muchas las zonas en donde no llega la transportación adecuada y deben autorizarse otros vehículos como mototaxis o vehículos con posibilidades de transitar en zonas sin pavimentar, rústicas, de las que privan en muchas regiones y zonas irregulares. Direccionar la circulación en las principales avenidas para evitar un consumo irracional de gasolina, contaminación, tiempo desperdiciado detenidos en gigantescos estacionamientos, es otro de los renglones de la movilidad y el transporte efectivo.
 
Estos encontronazos apenas inician y los curuleros ya no tienen tiempo suficiente para seguir abonando a la corrupción al aceptar la creación de un Instituto de Transporte en donde hasta los ingresos municipales por la expedición de licencias de conducir se verá afectado. No se requiere de otro elefante blanco, de incrementar burocracia y corrupción. Centralizar estas determinaciones  obliga a conseguir otra Madre Teresa para su operación sin crítica.
 
Y, para variar, las autoridades municipales ni asoman la cabeza. Remberto Estrada está mas ocupado y preocupado por lograr hacer el gran negocio de los 500 millones de pesos en el cambio de luminarias que en los plantones y alteraciones a registrarse en la tierra en donde se pasea luciendo un poder del cual carece. Como además tiene en puerta la discusión sobre el reparto de las utilidades a recibir con la renegociación de la deuda, deja en manos de algunos regidores lo que, sin duda, es su responsabilidad. Y, por cierto, sigue sin resolver el asunto de las patrullas, de la inseguridad, de la incapacidad de los elementos policiacos bajo sus órdenes.
 
Aunque no solamente Rembertito debe sentirse bien con su gestión y los esfuerzos realizados para desperezarse cada mañana, pues es signo distintivo de los Verdes ejecutar acciones en perjuicio de los ciudadanos. Laurita Fernández anda en las mismas y acumula ejecutados cada 24 horas. Su sonrisa siempre  presente en las fotografías tiene a los de Puerto Morelos cansados de la farsa. Por fortuna y de acuerdo a las disposiciones vigentes y establecidas al momento de elevar a municipio esta ex delegación olvidada por los alcaldes de Benito Juárez, no puede reelegirse, en una segunda elección tiene que llevarse a la candidatura a presidente municipal a quien cuenta con domicilio en Puerto Morelos.
 
Es de 28 mil millones de pesos el presupuesto para el manejo del gobierno estatal, 3 mil millones para el municipio Benito Juárez se espera sean bien empleados; constituyen sumas no alcanzadas en mandatos anteriores ni aun sumando hasta tres de ellos, es decir 18 años de administración. Y ni qué decir de 12 años en Benito Juárez. Y van a poder ejecutarlos de manera directa porque todavía estarán vigentes los periodos de gracia para el pago de las deudas. Ya se verá.
 
PACTO DE IMPUNIDAD
 
Cabalmente se cumple el pacto de impunidad en el caso Odebrecht. La Procuraduría General de la República, encargada a Alberto Elías Beltrán, tiene congelada la investigación. Hace un mes, el ex procurador Raúl Cervantes anunció la indagatoria se encontraba concluida y lista para consignar ante un juez. Pero esto no ha ocurrido y todo apunta no pasará.
 
El senador independiente Alejandro Encinas refirió: “tenemos un encargado de despacho que va a durar un buen rato para intentar tapar esta investigación cuando él debe ser el principal responsable de llevarla adelante”. En tanto, el senador panista Carlos Romero Hicks acusó al PRI de enterrar el caso. Mientras más de una docena de políticos de 10 países han sido procesados por corrupción, en México nadie ha sido castigado por el caso.
 
Jorge López Martín, diputado del PAN, alertó: la investigación en México por el caso Odebrechet no se puede congelar, porque aún están pendientes ocho casos de solicitudes de asistencia jurídica con Brasil sobre dicha investigación. El vocero de los legisladores de Acción Nacional señaló sigue vigente el intercambio de información, por lo cual de ninguna manera se pueden congelar ni ocultar las indagatorias. “Hay procedimientos abiertos, se deben agotar e informar a la población”.
 
Ana Lorena Delgadillo, del colectivo #FisalíaQueSirva, cuestionó: “si la investigación estaba lista hace un mes, ¿por qué no ha salido? Tenemos una institución desmantelada”. La falta de un titular de la PGR muestra la dependencia entró en un impasse, consideró Carlos Cruz, de Cauce Ciudadano. “Puede ser en este instante el procedimiento esté parado porque ni tenemos Fiscal en materia electoral, quien estaba haciendo la investigación, ni tenemos Fiscal general. Esto justamente parte del pacto de impunidad”, reclamó.
 
DE LOS PASILLOS
 
Campesinos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quienes bloqueaban Eje Central y buscaban llegar al Zócalo de la Ciudad de México, se enfrentaron con policías, con saldo de varios lesionados. Desde las 10:00 horas, el contingente con banderas y mantas arribó al cruce con avenida Juárez y bloquearon el paso a automovilistas. Los hombres del campo fueron encapsulados alrededor del mediodía. Tras ser replegados para liberar la vialidad, se enfrentaron con elementos de la SSP. Varios campesinos cayeron golpeados en la trifulca. Mientras, otro grupo de agremiados de la misma organización cerró Avenida Constituyentes, desde Circuito interior hasta la calle General Gómez Pedraza. Intentaban llegar a la residencia oficial de Los Pinos, pero fueron frenados por granaderos.
 
Finalmente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó un incremento al salario de 10.39 por ciento, de tal forma que pasará de 80.04 a 88.36 pesos. El ajuste entraré en vigor a partir del 1 de diciembre de este año, confirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). También se acordó que a más tardar el 30 de abril de 2018 se lleve acabo un nuevo ajuste para que el Salario Mínimo General (SMG) llegue al 100 por ciento de la Línea de Bienestar.
 
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