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Monterrey N.L.

Política y justicia estilo cangrejero

“El gran reclamo de México es la democracia”: Luis Donaldo Colosio
 

  • Política y justicia estilo cangrejero
  • PGR es tuerta: corrupción, impunidad y complicidades
  • Coahuila por el Estado de México; INE es intermediario
  • Fiscales ignorantes y a modo, procesan a Javier Duarte
  • Yarrington se declara inocente y “perseguido político”
  • Se aferra Trump a no perder en el TLC, ¿ y en México?

 
Ciudad de México, 18 de Julio de 2017.- La corrupción es aceite de la maquinaria burocrática federal, la cual permite la ejecución de grandes negocios a políticos y empresarios. En tanto, la democracia y el Estado de derecho son anulados por la concertacesión de cargos de elección popular a nivel federal y estatal. Lo anterior se demuestra en los casos de las obras irregulares y mal construidas a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a lo largo y ancho del país; en el seguimiento de los procesos judiciales a ex gobernadores, como Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, y Tomás Yarrington de Tamaulipas; y en la revisión de las irregularidades de los proceso electorales en los estados de Coahuila y Estado de México, en donde los consejeros del INE parecen estar más preocupados en consolidar los acuerdos en lo oscurito entre panistas y los priístas del presidente Enrique Peña Nieto, que en realizar una revisión apegada a las leyes vigentes de las irregularidades registradas.
 
El desarrollo de las hechos demuestra se avanza en la consolidación de los acuerdos entre el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, con el presidente Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a fin de anular la elección para gobernador en Coahuila y mantener el resultado en el Estado de México, a favor de Alfredo del Mazo, el primazo del titular del Ejecutivo federal. Mientras en la entidad norteña, el INE determinó el PRI y PAN rebasaron los topes de campaña, los consejeros electorales concluyeron el PRI no rebasó el tope de campaña en los comicios del Edomex, a pesar de la abierta y masiva compra de votos a la vista de todos. Según la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, ninguno de los partidos o coaliciones rebasaron el tope de gastos establecido en la legislación electoral. No obstante, Morena acusó: el PRI gastó entre 15 a 20 mil millones de pesos, y sostienen contar con las pruebas de ello.
 
Lorenzo Córdova, responsable del INE, no ha dudado en poner sobre la mesa las más risibles justificaciones, buscó afanosamente cuadrar números, sacar conclusiones, hacer mención a situaciones tan diversas y absurdas como advertir el número de electores en Nayarit, menor casi al dos por uno en relación con Coahuila y, sin embargo, su tope de gastos de campaña resultó ser mucho mayor al de la entidad en manos y control de la dinastía Moreira. No conforme con esta explicación abundó en el Estado de México advirtiendo este tope, el de la elección del 4 de junio, es mucho mayor al fijado para el 2018, para votar por el Presidente de la República. Dijo este otro “hijo desobediente”, estos límites son responsabilidad de las autoridades electorales estatales, son ellos quienes definen el cuánto y a partir de ahí se inicia la justificación de todo lo visto, oído, comprobado gastó Alfredito del Mazo.
 
De acuerdo con el INE, el PRI gastó 168 millones de pesos en la elección en la cual por nada del mundo perdería el PRI el Edomex y, si lograr mantenerse en la casa de gobierno les significó una notable pérdida de rentabilidad electoral, ya se verá como se llega a los arreglos convenientes para los comicios del próximo año, pero manteniendo ese bastión de poder e impunidad. El tope de gastos de campaña era de 285 millones de pesos. Según la comisión de fiscalización, quien más gastó fue el PAN con 169 millones de pesos, de los cuales poco más de 74 millones no fueron reportados a la autoridad electoral. Así, la elección se declarará válida y se reconocerá el presunto triunfo tricolor “haiga sido como haiga sido”.
 
Mientras, en Coahuila, las dirigencias nacionales del PRI y del PAN ya acordaron la anulación de la elección, y la no participación en los próximos comicios de los candidatos del PAN y del PRI. El INE acreditó la coalición Por un Coahuila Seguro, quien postuló al priísta Miguel Riquelme al gobierno del estado, excedió en 8 por ciento el tope de gastos de campaña. También el panista Guillermo Anaya, de Alianza Ciudadana por Coahuila, habría rebasado el limite permitido de gastos en 5 por ciento. Tras comprobarse esto en tribunales junto con otros elementos, se daría la nulidad de la elección. Como tampoco están dispuestos a respetar los calendarios, la resolución que debió darse a conocer ayer, se hará el próximo lunes. Se dice son los Moreira quienes exigen total impunidad, certificación de liberación de cargos y, solamente así permitirían la anulación y, posiblemente hasta entregar la silla estatal.
 
En estos entretelones el irregular trabajo del INE quedó de manifiesto al dejar abierta la fiscalización de ingresos y gastos de partidos y candidatos en las campañas pues abrió un procedimiento de oficio con el cual aún se revisará si realizaron o no pago a sus representantes de casilla. A los partidos se les dio un plazo de 24 horas para entregar documentación, pero esta indagatoria estará concluida en agosto… una vez regresen en el INE de vacaciones, las cuales son del 22 de este mes y hasta la primera semana de agosto. Posteriormente a esta fecha, informará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los montos finalmente acreditados como gastos para sumarlos a los resueltos este lunes por el INE, es decir, los rebases de los dos competidores punteros por el gobierno de Coahuila de 5% y 8% del tope, respectivamente.
 
Durante la pasada sesión del INE, los representantes de los partidos políticos externaron su desconfianza en la imparcialidad de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), encabezada por Eduardo Gurza, responsable de auditar gastos de candidatos en 2018. Horacio Duarte, representante de Morena, acusó la existencia de “consejeros secuestrados” por poderes fácticos y demandó la renuncia de quienes ocupan la UTF. “No esperamos mucho de ustedes y no esperamos porque el comportamiento institucional es sumisión al régimen”, señaló.
 
Derivado de lo anterior, intelectuales, activistas y ex funcionarios electorales pidieron la renuncia de todos los integrantes del INE. Un grupo de ciudadanos, encabezados por Emilio Álvarez Icaza, dirigente de la organización Ahora, también demandaron se repitan las elecciones en los estados de México y Coahuila. La petición es respaldada por el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, los escritores Denise Dresser y Sergio Aguayo, el actor Daniel Jiménez Cacho, el ex consejero electoral Alfredo Figueroa y activistas como Alfredo Lecona, Marcela Rosas y Lucía Rojas.
 
Aseguraron el INE ha demostrado carecer de independencia para organizar y conducir el proceso electoral presidencial del 2018 y consideraron la democracia vuelve a estar en riesgo, como en los comicios de 1988, con un órgano electoral al servicio del gobierno. “No es aceptable este secuestro. Renuncien ya”, exigieron.
 
DUARTE Y YARRINGTON
 
De malo a pésimo es el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) en el proceso judicial seguido a Javier Duarte de Ochoa. De los más de 439 millones de pesos imputados por la PGR al ex mandatario de Veracruz por haberlos desviado del erario y lavado de empresas para adquirir muebles e inmuebles, la Procuraduría sólo logró acreditarle 38.5 millones de pesos. De nueva cuenta la danza de las cifras es otras de las características con las cuales se enmarca la impunidad, se va de un extremo a otro al revelarse miles de millones, crímenes clasificados mediáticamente como de lesa humanidad y después… el ridículo.
 
Durante una audiencia de más de cinco horas y media, los fiscales federales mostraron poca preparación para presentar el caso. El juez de control observó: “los números no cuadraban”. Gerardo Moreno García, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, reservó el nombre del acusado durante la audiencia de imputación, donde fue referido como JDDO, pero su abogado, Marco Antonio del Toro, dijo no tener inconveniente la prensa lo refiriera por su nombre. Nada más faltaba después de todo lo escrito y dicho sobre, incluso, la personalidad de Duarte de Ochoa, pusieran trabas para reseñar de quien se trata o de cómo fue se les cayeron 5 cargos y se avanza a pasos muy rápidos en la liberación del recién extraditado.
 
La estrategia de Duarte y su abogado pusieron a la defensiva a Pedro Guevara Pérez, Martha Estela Ramos Castillo y Nelly Nabor Alvarado, fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF). Se dedicaron a preguntar y pedir aclaraciones de la imputación. El ex mandatario hizo 12 preguntas a los funcionarios para precisar cuáles eran las dependencias estatales de las cuales supuestamente se desviaron recursos en su beneficio, las fechas de las transferencias, los montos y las empresas a las cuales se destinaron esos recursos.
 
Los fiscales se exhibieron al mostrar abiertamente desconocían el expediente. No sabían siquiera cuántas parcelas habían adquirido en Campeche los prestanombres para revenderlas a precios exorbitantes en operaciones simuladas, pese a ser uno de los datos esenciales del caso. La PGR imputa a Duarte desviar 439 millones 662 mil 979 pesos del gobierno de Veracruz a través de empresas fachada y hacer llegar ese dinero a sus testaferros a través de la compra venta de tierras en Campeche. Pero, Pedro Guevara, quien también es director general de Procesos y Amparo en Delitos Federales de la PGR, reconoció por ahora sólo contaban con elementos para probar 38.5 millones de pesos. Lo demás quedó esfumado.
 
Ante las fallas de la Fiscalía, el juez advirtió a las partes su decisión de vincular a proceso o dejar en libertad a Duarte la tomaría únicamente con base en lo escuchado de las audiencias judiciales. Moreno García decretó la prisión preventiva oficiosa al acusado por delincuencia organizada y la prisión preventiva justificada por lavado, para estar internado por lo menos hasta el sábado en el Reclusorio Norte. Con las nuevas reglas en los procesos penales, la quita de delitos graves, la puntualización para llevar a cabo los procesos, la defensa y el propio Duarte de Ochoa cuentan con todo un catálogo para lograr la libertad y, ya entrados en gastos, hasta pedir disculpas públicas o resarcir económicamente el daño moral sufrido. De eso se reía Duarte.
 
Senadores lamentaron la actuación de la PGR. Dolores Padierna indicó: si la PGR no puede acreditar los desvíos por los 439 millones de pesos imputados al veracruzano, debe acudir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien logró documentar irregularidades en el gobierno de Duarte por 35 mil millones de pesos. “Es una vergüenza que este procurador general, que aspira a Fiscal General, no pueda presentar una carpeta sólida. Esto parece una mala broma o una evidencia de que se trata de un juicio arreglado”, acusó. Luis Humberto Fernández, de Morena, calificó como patético y vergonzoso el papel de la PGR. “El nivel de improvisación muestra dos cosas o que no hay la intención de meter a la cárcel a Duarte o complicidad”. La actuación de la PGR abona para dar libertad a Duarte, indicó.
 
Por otro lado, un juez federal suspendió momentáneamente las dos órdenes de aprehensión libradas contra Javier Duarte por un juez del fuero común de Veracruz, por cinco delitos no graves. Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de garantías 614/2017 del ex gobernador veracruzano, quien pidió la protección de la justicia contra las órdenes libradas por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XI Judicial de Xalapa, en las causas penales 38/2017 y 56/2017, por las cuales también fue extraditado. Esos mandatos de captura fueron librados por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición, ninguno de los cuales prevé la prisión preventiva de oficio ni en el actual ni el anterior sistema de justicia penal.
 
Tal y como se sabía, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, montó todo un circo mediático, acusó con índice de fuego pero, al momento de la verdad ni siquiera ese medio rancho supuestamente decomisado ha sido producto de un trámite judicial y no cuenta con las pruebas suficientes para reunir expedientes con los cuales pudiera juzgársele dentro de un tiempo porque, por ahora,  la carta solicitud de extradición lo protege abiertamente de cualquier otro delito pretendidamente imputable. Desde el extranjero, la esposa de Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías, mantiene vigentes otros procesos para ser puestos en defensa del patrimonio familiar y, en otro sentido para demandar al propio Yunes por los montajes sobre las pertenencias encontradas en una supuesta bodega en el DF, atribuidas todas a la ex primera dama veracruzana.
 
Mientras, en Italia, Tomás Yarrintong, ex gobernador de Tamaulipas, insistió este martes en su inocencia y dijo ser un perseguido político durante una audiencia en la Corte de Apelación de Florencia, la cual decidió posponer hasta el 21 de septiembre su audiencia de extradición a México y Estados Unidos. Yarrington compareció en una sesión a puertas cerradas en el aula 32 del Tribunal de Apelaciones florentino, encargado de decidir exclusivamente sobre las dos solicitudes de extradición que pesan contra el ex mandatario por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
 
Su abogado, Luca Marafioti, declaró: “El señor Yarrington estuvo presente, declaró su inocencia, dijo confiar mucho en la justicia italiana y subrayó que esta ha sido su primera oportunidad para demostrar su inocencia. También aseguró las acusaciones en su contra obedecen a intereses políticos”. La audiencia concluyó con el establecimiento de una nueva cita para el próximo 21 de septiembre. “Nosotros presentamos más de 50 páginas de una memoria (expediente) con las razones y los motivos por los cuales las dos solicitudes de extradición deben ser rechazadas”, señaló el abogado.
 
Marafioti insistió: las acusaciones presentadas tanto por México, como por Estados Unidos “son genéricas, débiles, no son mínimamente comprobadas, algunas hasta falsas o incluyen testigos no confiables y ninguno (de los testigos) aporta directamente pruebas sobre hechos concretos”. Habrá de intentarse dilucidar cuáles son esos intereses políticos alegados por Yarrington y si estos son de origen mexicano o estadounidense porque sus ligas con la familia Bush se mantienen y no parece sean tan fuertes como las establecidas con los de Atlacomulco o con una parte de ellos porque hay otra, justamente nacida en Tijuana, en donde mucho tiene que ver.
 
TLCAN, LARGA Y SINUOSA NEGOCIACIÓN
 
Idelfonso Guajardo, secretario de Economía, admitió: la insistencia de Estados Unidos en reducir los déficit comerciales como objetivo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es una preocupación. Y es una de las muchas en las cuales muestran disposición a la obediencia sin importar hubiesen esas reducciones e inclusive cancelaciones las provocadoras del hundimiento en el campo, de la ausencia del autoconsumo con el cual se evitaba la miseria actual, del cómodo desvío hacia otras productoras como las harineras culpables de la desaparición de múltiples cadenas de producción cuyo inicio mostraba abundante siembra de granos, particularmente del maíz.
 
Estados Unidos ya detalló sus prioridades en la revisión del TLCAN y dijo buscará impedir una manipulación cambiaria por parte de sus socios. El gobierno del presidente Donald Trump indicó buscará reducir el déficit comercial de EU mejorando el acceso de los bienes fabricados en el país a los mercados de México y Canadá. Si la administración Trump persigue ese objetivo por encima de todos los demás en las negociaciones, las cuales comenzarán a mediados de agosto, México teme que las conversaciones no lleguen a ninguna parte. Aunque con estas declaraciones se busca esconder temas torales no aparecidos en la negociación de hace más de dos décadas: telecomunicaciones y energía, mismas por entonces impedidas de permitir la entrada de la iniciativa privada y en el presente totalmente abiertas y a disposición de las firmas extranjeras.
 
El lunes, la Oficina del Representante de Comercio de EU (USTR, por su siglas en inglés) publicó los objetivos del gobierno de Donald Trump en la renegociación del TLCAN. Establece eliminar el capítulo 19 del acuerdo vigente, referido a la solución de controversias. Esto puede dificultar el proceso, estiman expertos, así como el objetivo de reducir su déficit comercial.  “Esta va a ser una negociación complicada porque el espíritu de Donald Trump en el sentido de reformar el TLC para que EU deje de perder, prevalece en el ambiente”, señaló Luis de la Calle, director de la consultora CMM, y negociador del TLCAN. Nosotros, los mexicanos, también deberíamos pugnar en “bola” por dejar de perder cada vez que se estampa la firma de los gobernantes.
 
México busca convencer a EU y Canadá del enfoque para renegociar el Tratado hacia la modernización para incrementar la competitividad de la región. Así, eliminar el capítulo 19, el cual da a los exportadores de los tres países la oportunidad de acudir a tribunales internacionales cuando sientan sus derechos comprometidos por una investigación de dumping o de cuotas compensatorias por subsidios, sería un retroceso, agregó De la Calle.
 
Un capítulo anticorrupción incluye el documento de EU y en él se exige a las empresas contabilidades fáciles de rastrear y así detectar sobornos, además de promover códigos de conducta entre servidores públicos. También solicita se eliminen facilidades para “deducir pagos corruptos” a través del Impuesto Sobre la Renta. El documento pone especial énfasis en el fortalecimiento de reglas de origen y el abordar temas de economía digital, propiedad intelectual y condiciones laborales, en algunos casos, también podría tener complicaciones. O sea, será de allende la frontera de donde posiblemente pueda llegar el orden, se tenga en el pasado la impunidad y, estas demandan descubren vergonzosamente la calificación otorgada a este gobierno y el cúmulo de antecedentes con los cuales, seguramente, pueden en EU mantener una presión a toda prueba.
 
Al tratarse de una lista de objetivos más amplia, la cual toca temas generadores de complicaciones, es posible las negociaciones no concluyan antes de las elecciones presidenciales en México. Y, existe un capítulo prometedor, lástima de las abdicaciones en cadena del gobierno. Igualar o por lo menos elevar los salarios es sin duda alentador y lo sería aún más si se pusiera un tope a los precios de todos los productos de consumo masivo, de los alimentos, si el Estado pusiera orden y se lograra aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. Hacer incrementos para establecer una supuesta igualdad forman parte de los sueños en tanto se mantengan precios de lujo, capaces de convertir una jornada laboral, 8 horas de trabajo, la percepción de un salario, en un kilo de tortillas y dos pasajes de transporte público.
 
DE LOS PASILLOS
 
El Sistema Nacional Anticorrupción debe operar a partir de este miércoles en todo el país. Y, tal, se le verá como un anuncio más debido a tener un arranque incompleto: sin fiscal, sin magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; sin presupuesto para el Comité de Participación Ciudadana y su sede. Y sin la implementación de los 32 Sistemas Locales Anticorrupción con sus respetivos fiscales y magistrados…. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Coparmex se han encargado de destacar los atrasos del SNA desde su conformación, en 2016. Echaron a andar el Semáforo Anticorrupción, el cual monitorea a los congresos ante la creación de sus sistemas locales, hasta ahora hay tres entidades sin avanzar: Campeche, Chihuahua y Tabasco. Los resultados de este sistema serán entregados al Comité de Participación Ciudadana, a fin de presionar para homologar los sistemas locales con el federal….
 
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