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Monterrey N.L.

•Blindan corrupción

“Algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos 
con el bolsillo y algunos no oyen en  absoluto”: Khalil Gibran
 
  • Blindan corrupción
  • PRI y PVEM dan la espalda a los ciudadanos
  • Peso se hunde; habrá más volatilidad: BBVA
  • Amenaza Sales Heredia a maestros de CNTE
  • Otro inútil pago extra en salario de diputados
  • Quintana Roo espera la reconstrucción priísta

 
Ciudad de México, 14 de junio de 2016.-  Para justificar ese periodo en el cual se supone debería autorizarse lo concerniente a poner un freno a la corrupción, resulta de extrema importancia el asunto de Lucero Sánchez López, la diputada que osó visitar a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, presentando una identificación oficial falsa, según sus acusadores. Sirve también el caso para desviar por algunas horas la atención sobre otro golpe a la economía con el nuevo desliz del peso frente al dólar hasta rebasar los 19 pesos, razón por la cual se prevé llegará a 25 por uno al finalizar el 2016. El asunto de doña Lucero, quien se dice cambió su nombre por el de Devany Vianey, y el Sánchez por Villatoro y el López por Pérez, fue defendido ayer en la Cámara de Diputados por un abogado especialista en estos temas. Marcó tres interrogantes las cuales, obviamente, no encontraron ninguna respuesta.
Solicitó primero fuera presentado lo calificado como “el cuerpo del delito”, es decir el documento con el cual se supone entró al Altiplano. El video en donde se muestre realmente ese ingreso y si es en verdad doña Lucero. Justificar el no permitirle la exigencia de pruebas y obviamente su propia defensa. Así, ni documentación apócrifa a la vista, tampoco video y, por supuesto, la diputada no se presentó ante el riesgo de ser detenida sin saber por qué. Como se recordará, Raúl Salinas poseía no uno sino varios documentos oficiales con nombres diferentes y la misma foto, la suya. No se levantó un solo cargo por esa falsificación y al mencionado solamente de paso se dijo le provocó el pago de una multa, nada más.
Y, si entró al Altiplano ¿cuál es el delito? ¿Lo es acaso mantener relaciones sexuales con Guzmán Loera? Si el amasiato, como lo han fabricado, tiene varios años, ¿no es acaso una concubina con derechos e impedida para declarar en contra de su pareja? Hasta donde han afirmado los responsables de los reclusorios federales, son grabadas las visitas, las conversaciones, se revisa la correspondencia, tienen hasta expertos en la lectura de labios, etcétera, por lo tanto ¿qué mensaje sería transmitido al capo? ¿Le llevaba algunos documentos? ¿Qué le han comprobado con certeza? Cuatrocientos catorce legisladores emitieron un voto en favor del desafuero de doña Lucero sin contar con los elementos suficientes de prueba en su contra. Los de Morena se abstuvieron junto con un perredista y un priísta. ¿También ellos son cómplices o delincuentes? ¿Los acusarán de alcahuetes? Eso, si bien es distracción, también es una muestra más de la forma actual de aplicar investigaciones y justicia.
Este asunto es receptor de la publicidad para justificar un periodo extraordinario en el cual se retrocedió en la intentona de los “matrimonios igualitarios”, tema abordado duramente por la Iglesia a través de su órgano informativo Desde la Fe, y del cual no creyentes dudan hubiese sido causa parcial del resultado electoral del domingo 5 de junio. Seguramente no están enterados de los cientos de organizaciones de familias, de creyentes, de feligreses con inclinaciones hacia alguno de los muchos Santos, cuyas expresiones para la iniciativa fueron negativas y solicitaron, incluso, la intervención del clero con la fuerza no sólo política, sino desde los púlpitos para difundir el descontento provocado. También dieron marcha atrás en el aumento a los gramos de mariguana para consumidores.
¿Y LA ANTICORRUPCIÓN?
El principal atractivo del sistema político mexicano es, sin duda alguna, la corrupción y la impunidad. La posibilidad de generar riqueza al amparo del poder lo más rápido posible, en un trienio o un sexenio, es la recompensa impulsora de los políticos a participar en elecciones y acceder a cargos públicos de primer nivel. Su descarado enriquecimiento, saqueando el erario público, se ha convertido en el principal problema del pueblo mexicano, quien demanda acabar con este flagelo. Pero los senadores del PRI y PVEM se oponen. Avalaron en comisiones la nueva Ley General de Responsabilidades, con una versión “rasurada” de la Ley 3de3, la cual permite a los funcionarios ocultar los montos, valores, especificaciones y la ubicación de los inmuebles de su propiedad. No serán públicos a menos que así lo quiera el funcionario.
La sociedad civil no demandó lo hasta ahora aprobado por los legisladores priístas y del tucán. Los ciudadanos dejaron en claro a los legisladores federales su propósito de no dejar ningún acto de corrupción sin castigo. Demandaron la desarticulación de las redes de corrupción y mecanismos que permitan a los funcionarios denunciar a sus pares. Exigieron la aprobación de una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas la cual obligue a los funcionarios a hacer públicos todos sus bienes y los de sus dependientes económicos.
Demandaron la aprobación de la Ley 3de3 tal y como la propusieron los más de 634 mil ciudadanos firmantes del proyecto. Propusieron al Congreso mexicano abrazar la iniciativa ciudadana 3de3 con los formatos ya utilizados por más de 700 candidatos y servidores públicos, 22 gobernadores y gobernadores electos, y seis gabinetes estatales enteros de todos los partidos políticos. El formato original de los ciudadanos pide al funcionario declarar su ingreso neto,  remuneración mensual, otros ingresos, por inversión financiera, servicios personales o asesorías; sus bienes por tipo, ubicación, superficie, operación para la compra, fecha de adquisición y valor de la misma.
Asimismo, las inversiones, cuentas bancarias, y otro tipo de valores, pero con el detalle de la institución financiera, el país donde se localiza y el detalle de los saldos. Los ciudadanos también exigieron que los formatos sean diseñados por el nuevo Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero no, los legisladores priístas y del PVEM dieron la espalda a las demandas ciudadanas y luego se extrañan porque el electorado les repudie en las urnas. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se aprobaron por mayoría en la madrugada del martes y los dictámenes se turnaron al pleno del Senado. El PAN propuso diferir la discusión, pero priístas y perredistas se negaron.
Aunque la propuesta contenida en la Ley 3de3 establece que deben publicitarse las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos y sus cónyuges, PRI y PVEM plantearon mantenerlas en la opacidad. Propusieron modificar el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades, para establecer: “las declaraciones patrimonial y de interés serán públicas salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”. Eliminaron del proyecto de dictamen la obligación del servidor público de exhibir el monto de ingresos mensuales por el cargo público representado, declarar si percibe otros ingresos y el si el monto de éstos es mayor al de lo que percibe como servidor público. 
También propusieron eliminar la obligación de hacer público el listado de vehículos y de inversiones y cuentas bancarias del funcionario. Asimismo, plantearon eliminar la obligación de inscribir en la Plataforma Digital Nacional los datos generales y curriculares del cónyuge, concubina o concubinario, así como los dependientes económicos. En el Senado de la República, los partidos se confrontaron este martes por el diseño de la Ley 3de3 y las obligaciones específicas para transparentar la riqueza e intereses de los funcionarios públicos.
Los panistas presentaron una reserva para incorporar a la Ley todos los requisitos contemplados en los formatos originales de la Ley 3de3, con los que ya han declarado cientos de funcionarios y candidatos. Los perredistas respaldaron el planteamiento y se pronunciaron por dejar en manos de los comités una decisión que corresponde al Poder Legislativo. Pero los senadores priístas y verdes se pronunciaron, con su propuesta Light. por mantener la corrupción en la opacidad y sin castigo, en el imperio de la impunidad. La ley se aplica contra los adversarios políticos, no contra los cómplices.
Por si lo anterior fuera poco es menester observar el acontecer, el seguimiento de denuncias a presentar en fechas próximas correspondientes a las promesas de campaña de quienes obtuvieron los poderes estatales. Porque todas estas aprobaciones, tal y como están, constituyen además una red amplia de protección a los presumiblemente culpables de saqueos. El precepto señala “ninguna ley es retroactiva”, por lo tanto para muchos será el “borrón y cuenta nueva”. La única vía, si se quiere aplicar alguna sanción o llevar a cabo investigaciones después de esta aprobación, parece ser la fiscal. Si algo no tienen los partidos políticos y sus representantes en el Congreso es voluntad para detener la corrupción y eso, está a la vista.
DELINCUENCIA CARA
Mientras los grandes escándalos de corrupción en el país rara vez se investigan y se sancionan, salvo casos aislados, con claros tintes políticos, la población es víctima de la delincuencia. Tres de cada 10 empresas han sido víctimas de delitos, lo que les ha representado un costo anual de 110 mil millones de pesos, de acuerdo a los datos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En el país sólo 1% de los delitos llegan a niveles de sanción, y menos de 10% se denuncia. Mientras, las cárceles tienen una sobrepoblación de 30 por ciento. El sistema de administración y procuración de justicia de México es obsoleto, corrupto y no presenta avances para revertir la delincuencia, en opinión de los empresarios.
No obstante, ni las entidades ni la federación están listas para cumplir con la implementación total de la reforma de justicia de 2008, la cual debería estar al 100 por ciento el 18 de junio próximo. En esa fecha debe entrar en operación, a nivel federal y estatal, el nuevo sistema penal dispuesto por dicha reforma, con lo que el país va a transitar de la opacidad a un esquema acusatorio basado en la presunción de inocencia, en procesos abiertos, transparentes y con juicios orales. Pero, apenas nueve entidades operan totalmente con el nuevo esquema y ninguna cumple con todos los estándares de una transformación completa; y, en el orden federal el retraso es igualmente importante. “Todo esto a pesar de haber contado con ocho años y canalizarse ingentes recursos económicos para infraestructura, equipamiento y capacitación”, lamenta el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
El representante de la máxima cúpula empresarial del país, Juan Pablo Castañón, advirtió la urgencia de transformar a fondo el sistema de procuración de justicia, obsoleto frente a los niveles de corrupción y delincuencia que corroen la confianza, la convivencia social y el crecimiento económico. “Por la misma razón es que insistimos que el Sistema Nacional Anticorrupción no puede funcionar sin una fiscalía autónoma y competente, con todas las atribuciones que complementen  el sistema”, subrayó Castañón. Poner en marcha este nuevo esquema con todas las deficiencias e incapacidades existentes traerá más daños, no provocará ningún beneficio ni para quienes están tras las rejas en una larga y angustiosa espera de sentencia, ni para la sociedad que verá en libertad a los más encarnizados delincuentes. Lo abundante son las empresas privadas de capacitación para esta etapa, pero no contemplan entrenar a los policías preventivos ni para conservar las escenas de los delitos, menos aún para utilizar el equipo y materia necesarios.
DEVALUACIÓN ACELERADA
Al escribir estas líneas el dólar libre llegaba a los 19.25 pesos a la venta, un avance de 15 centavos en comparación con el cierre de la víspera, mientras el menor precio a la compra era de 18.42 pesos en bancos de la Ciudad de México. El tipo de cambio se colocó por encima de los 19 pesos por dólar, empujado por la creciente probabilidad de que Reino Unido salga de la Unión Europea (Brexit) como resultado del referéndum del 23 de junio. Este martes, el dólar estadounidense avanzó con fuerza, ante una salida de capitales de los llamados mercados de riesgo. La aversión al riesgo y las presiones especulativas en contra del peso ganaron fuerza esta semana, debido a que las últimas cinco encuestas publicadas en Reino Unido dan preferencia a un Brerxit a menos de dos semanas de que se decida.
Fernando Aportella, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, no descartó una intervención de la Comisión de Cambios para apuntalar la paridad del peso frente al dólar en los momentos de alta volatilidad, como los registrados en los últimos días. Dicha comisión, conformada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, decidió adoptar una política de “intervención discrecional” para evitar especulación y efectos adversos sobre la moneda mexicana. El funcionario no precisó los detonantes para una intervención en el mercado cambiario.
DE LOS PASILLOS
El gobierno federal impedirá el bloqueó de carreteras y, de ser necesario, aplicará “el uso moderado de la fuerza” para liberar vialidades, advirtió a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad. El funcionario señaló que lo mismo ocurrirá ante la pretensión de establecer plantones sin el permiso de la autoridad…Más gasolina a un fuego que no lograrán apagar con represión, encarcelamiento, despidos. Mal pagados, mal vestidos y mal comidos, apenas sobreviviendo ya estaban los maestros así que ¿creen realmente que los atemorizan? Aparece el miedo en otro lado, en donde se exige “aclarar paradas y apoyos”, como lo hace Nuño, el de la pederastia electoral, con el líder de Morena…
A fin de conmemorar 10 años del desalojo  fallido que el ex gobernador priísta, Ulises Ruiz Ortiz, efectuó en contra de los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), profesores integrantes de distintas organizaciones sociales montaron alrededor de 15 barricadas en el zócalo de la ciudad de Oaxaca… Los retenes fueron montados ante las amenazas de desalojo que los docentes han recibido por parte de fuerzas estatales y federales debido al plantón que mantienen en el zócalo desde el pasado 15 de mayo, por la cerrazón de las autoridades educativas para la instalación de una mesa de diálogo…
Los maestros de la CNTE marcharon en Oaxaca desde el crucero del Monumento a Benito Juárez, localizado en el acceso Oriente de esa ciudad, y se dirigieron rumbo al zócalo. Los profesores exigen también la liberación del líder de la Sección 22, Rubén Núñez, y del secretario de organización, Francisco Villalobos, quienes fueron detenidos el fin de semana y trasladados al penal federal de Hermosillo, Sonora. Asimismo, demandan la liberación del resto de maestros que están recluidos por diversos delitos…
En la Ciudad de México, dirigentes sindicales de las secciones 7 de Chiapas, 9 de la Ciudad de México, y 14 de Guerrero, acompañados de representantes de las secciones 40 de Chiapas, 18 de Michoacán y 22 de Oaxaca, expusieron: la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) saben que desde hace más de 20 años todas las secciones sindicales del país tienen convenios con empresas que otorgan créditos a los maestros. “La SEP autoriza bajo nómina los descuentos y en todo el país y en todas las secciones hay estos convenios con las secretarías de educación públicas de cada estado. La SEP no puede transferir sus errores o tratar de achacar la corrupción que ellos mencionan al movimiento magisterial. Los que han convenido la venta de plazas bajo pago y acoso sexual son la SEP y el Sindicato Nacional”, sostuvieron… Por ello, consideraron que el delito que se  le imputa a Rubén Núñez, líder de la Sección 22, es fabricado por el gobierno para golpear a la CNTE…
Dice Carlos Salinas de Gortari que, ante lo impredecible, solo hay tres maneras de reaccionar: “rendirse, huir y actuar”. Debe ser cierto, él experimentó las tres… Empieza a sentirse en Quintana Roo la presión de los empresarios hoteleros intentando acercarse a todos los temas alejados de su actividad mencionando les son de sumo interés, por lo tanto desean participar en “la solución”. Por lo pronto, celebran la devastación de Tajamar, lo cual les permite avanzar en la construcción de más y más centros de consumo y de inmuebles que acrecientan su fortuna familiar. Van sobre la Milla de Oro y los más de 12 mil cuartos a construir bajo el argumento de estar debidamente respaldados en un POEL conocido solo por ellos. Intervienen sobre Aguakan, la concesión otorgada y hasta proponen un cambio de distribuidora del líquido. Aparecen también exigiendo cuentas y cuentas de las aportaciones aunque ellos nunca las entreguen sobre los descuentos de prediales anualmente conseguidos bajo el agua. Para la existencia y permanencia de un corrupto hace falta un corruptor, por lo tanto…
Siguen en Quintana Roo mencionándose insistentemente militantes a quienes les puede ser conferido el papel de reconstructores del PRI. Esta búsqueda es tanto a nivel estatal como municipal en donde quienes operaron para lograr el triunfo de sus candidatos esperan les concedan la confianza para llevar las riendas del partido. En cada uno de los once municipios existe una pareja dispuesta a realizar esas tareas, todo dependen de a quien nombren como dirigente estatal. Así, otro de los mencionados insistentemente es Mauricio Góngora, visto por priistas y por aquellos que votaron por la otra alianza siendo militantes del tricolor, como un factor de unidad y de recomposición, capaz de recobrar la fuerza de la organización. El número de sufragios alcanzado con muchos factores en contra y las traiciones que van saliendo a la luz pública, habla por sí solo de la aceptación actual con la que cuenta y, al no tener ningún compromiso pendiente por cumplir, surge como puente de operación con el poder que todavía existe en esas filas y que reúne a una mayoría en el Congreso y el Poder Judicial. Su experiencia puede hacer la diferencia.

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