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Monterrey N.L.

“Whistleblowers” en México: de John Doe a Juan Pérez

Tierra De Nadie
Por Walid Tijerina





Tomando el hilo de la anterior columna, respecto a la necesidad de incentivar y blindar mecanismos de denuncia como pilar del nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos y Empresas, y del Sistema Nacional (y Estatales) Anticorrupción es que llegamos a la misteriosa figura de John Doe. Y digo misteriosa porque, en el sistema legal americano, la figura de “John Doe” es usada expresamente para todos aquellos denunciantes que no deseen, por cuestiones de privacidad o seguridad, revelar su identidad. Su John Doe es algo así como nuestro Juan Pérez en el uso coloquial. El problema, o reto, ahora es hacer de “Juan Pérez” una realidad jurídica en nuestro sistema.

El reto en consecuencia es incentivar los mecanismos de denuncia mediante la certeza de que nuestro sistema jurídico brindará protección a nuestros “whistleblowers” o denunciantes. Es difícil, para un empleado o un servidor público, denunciar un acto de corrupción o violación cuando se abre a sí mismo a actos de represalia. Pero para ello precisamente existen marcos o modelos internacionales de protección. Uno de los principales marcos es el de la Organización de Estados Americanos (OEA): su “Proyecto Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos”. Y no es una coincidencia que, dentro de este proyecto, la herramienta de las denuncias anónimas sea uno de sus ejes centrales.

El artículo décimo del proyecto (Denuncia anónima) establece entonces que “si por razones de seguridad el denunciante y/o testigo se rehúsa a identificarse la autoridad valorará la información recibida y en uso de sus competencias, determinará el inicio de las investigaciones pertinentes.” Paso a paso, por tanto, sin querer poner la carreta antes que el caballo: primero el anonimato y, después, el seguimiento y verificación del material de la denuncia. Y el artículo siguiente abunda en cómo asegurar el anonimato del denunciante a través del proceso de investigación: el uso de códigos numéricos especiales, “no pudiendo en ningún caso hacerse referencia directa a su identidad en cualquier diligencia posterior tanto en sede administrativa y/o judicial.” Además, el mismo proyecto propone la creación de un archivo de todas aquellas personas de la dependencia (sistema judicial o ejecutivo) que hayan tenido conocimiento de la denuncia y su expediente a fin de controlar las fugas de información.

Asimismo, el proyecto contempla expresamente medidas adicionales para evitar represalias en contra de los denunciantes. En el caso de servidores públicos, la protección de “sus condiciones laborales no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de la denuncia.” Y, en el caso de ciudadanos en ambiente empresarial o laboral, “asistencia legal a efectos de interponer los recursos necesarios que hagan valer sus derechos conforme a las normas laborales del sector privado”.

Por algo, no obstante, estas últimas medidas son consideradas como adicionales: porque el pilar de la protección de las denuncias es el anonimato o la reserva de la identidad del denunciante. La agenda de los legisladores mexicanos debe ser entonces hacer del “Juan Pérez” una realidad en nuestro sistema jurídico. Éste es el primer reto de los mecanismos de denuncia tanto del Programa Nacional de Derechos Humanos y Empresas como de los Sistemas Anticorrupción. Sin la integridad y eficiencia de estos mecanismos, pudiéramos encontrarnos eventualmente con que no estábamos haciendo más que castillos en el aire.



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