Más allá de la foto: Lo que las caras de los políticos no dicen
Caso: Paco Treviño
La política tiene muchas formas de manifestarse, pero pocas tan directas como una fotografía. En tiempos donde la imagen lo es todo, Paco Treviño, exalcalde y miembro del PRI, ha intentado una reaparición pública no desde un templete ni un boletín oficial, sino desde el asiento delantero de un automóvil.
En la imagen, Treviño aparece vestido con una camisa azul, con una sonrisa calculada y una pose que pretende familiaridad, aunque no logra deshacerse del matiz artificial.
El fondo del vehículo, sin mayor contexto, funciona como una metáfora: el intento de moverse, de no quedarse atrás, de seguir conduciendo hacia un futuro político, aunque no esté claro el destino.
Su gesto amable y su vestimenta casual quieren transmitir cercanía, pero el mensaje detrás parece más forzado que genuino. No es el político que vuelve, sino el político que se niega a irse.
En una era donde la autenticidad es premiada y la simulación castigada con el olvido, la estrategia de Paco Treviño suena a un intento por mantenerse vigente a través de un discurso visual que no termina de cuajar. No basta con cambiar la camisa ni con adoptar una sonrisa. La ciudadanía observa, interpreta, cuestiona.
Lo interesante no es la foto, sino lo que intenta ocultar. ¿Por qué el exalcalde considera necesario volver? ¿Qué motivaciones lo empujan a reinsertarse en el debate público cuando su figura parecía ya parte del pasado político reciente? ¿Se trata de una renovación sincera o simplemente de nostalgia de poder?
El PRI ha pasado por un proceso de desgaste en la opinión pública, y figuras como Treviño cargan con ese peso histórico. Aunque intente presentarse como un ciudadano más, es inevitable que sus antecedentes políticos influyan en la percepción de quienes lo ven.
La política moderna exige algo más que buena iluminación y sonrisas cuidadas. Exige coherencia, resultados, autenticidad. Y si bien Treviño tiene derecho a buscar un nuevo capítulo, hacerlo desde una imagen que proyecta más intención que contenido, podría no bastar para convencer a una ciudadanía cada vez más crítica.
Detrás de la foto hay una historia no contada. Y quizás esa sea la parte que más debería preocuparnos.
Lactarios: una política que se repite
Las políticas públicas, cuando se vuelven símbolo, tienden a repetir su mensaje más allá de sus resultados. Este es el caso de los lactarios promovidos por la administración estatal.
En particular, el regreso de estas instalaciones como estandarte del gobierno de Samuel García y de su esposa Mariana Rodríguez.
Cuentan con equipo especializado y en ciertos casos con sistemas de climatización, su impacto real parece muy lejano del discurso que los enmarca como logros sociales.
Mariana Rodríguez, ha retomado la bandera de los lactarios con renovado entusiasmo, posiblemente impulsada por su embarazo. No es casualidad que, en medio de este contexto, se hayan inaugurado nuevamente dos espacios más en el Parque Fundidora, con la presencia del gobernador.
Aunque es válido que el gobierno retome causas sensibles, llama la atención que se siga utilizando una política pública como estrategia de posicionamiento. La repetición de estas acciones parece más orientada a la percepción.
Se dice, se rumora y se comenta que la preocupación radica en el uso simbólico de recursos públicos. Porque más allá de las fotos en eventos y cortes de listón, existen costos significativos en la operación de estos espacios.
Samuel García ha manifestado aspiraciones rumbo al 2027, y este tipo de actos forman parte de la narrativa con la que busca construir su imagen de cercanía y modernidad. No obstante, mientras las acciones no estén respaldadas por resultados verificables.
Es deseable que los lactarios realmente cumplan su función, sobre todo porque responden a una necesidad social legítima. Pero también es necesario que se evalúe su efectividad y que su promoción no sea solo parte del guion de campaña que parece haberse empezado a escribir demasiado pronto.
Acción desde lo local: Miguel Lechuga y la fiscalización necesaria
En tiempos donde la desconfianza ciudadana hacia los gobiernos locales es latente, el papel de los legisladores cobra especial relevancia. Miguel Ángel García Lechuga, diputado local del PAN por el distrito 19 que comprende Santa Catarina, ha demostrado que la fiscalización no es solo una palabra decorativa, sino un acto político con sentido y fondo.
Recientemente, el municipio de Santa Catarina anunció la desafectación de 19 predios, originalmente destinados para áreas verdes o deportivas. Estos predios fueron cedidos por parques industriales, y ahora serán puestos en venta para financiar obras públicas. La decisión no es menor: implica redefinir el uso del espacio público y manejar recursos de forma significativa.
Ante ello, el diputado Lechuga solicitó formalmente la información correspondiente al Ayuntamiento, encabezado por Jesús Nava. Exigió el acta de cabildo del 30 de mayo de 2025, en la que se aprobó el dictamen que autoriza dicha desafectación. El hecho no solo muestra un interés legítimo en la transparencia, sino que pone en evidencia la necesidad de cuestionar cómo y por qué se toman estas decisiones.
Su postura refuerza la imagen de un político cercano, responsable y comprometido con la rendición de cuentas. En lugar de buscar reflectores mediante declaraciones vacías, Miguel Lechuga eligió el camino institucional y documentado para cuestionar lo que otros habrían dejado pasar.
Desde el PAN, su labor marca una diferencia clara frente a un panorama político saturado de oportunismo. Su enfoque no solo le da legitimidad en el presente, sino que lo proyecta como una figura con peso para futuros escenarios electorales.
En política, las pequeñas acciones son las que definen el carácter. Y en este caso, Lechuga ha dejado claro que su prioridad no es el aplauso fácil, sino el cumplimiento de su función legislativa con integridad.
Realizan toma de protesta del director de Prepa 12
Jesús Eduardo Garza de León tomó protesta como director de la Preparatoria 12 de la Universidad Autónoma de Nuevo, ubicada en el municipio de Cadereyta, cargo que asumirá por segunda ocasión para el periodo 2025-2028.
El evento estuvo encabezado por la Honorable Junta de Gobierno universitaria, donde el Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León Dr. Santos Guzmán López destacó las expectativas que tiene para el nuevo periodo de gestión de Garza, en espera de que continúe con la misma visión, pero redireccionada a los nuevos retos de la educación media superior.
Se compromete ante su comunidad
Al testigo del nuevo nombramiento, el auditorio de la preparatoria contó con la asistencia de directores de otras dependencias universitarias, autoridades universitarias, representantes del municipio de Cadereyta, además de la comunidad de docentes, administrativos y alumnos de la institución.
El director se comprometió ante los presentes a cumplir con sus labores como la máxima autoridad de la institución, a la que nombró como algo especial por tratarse del lugar que lo formó durante su etapa en la educación media superior.
Además, externó que buscará atender las demandas de los ámbitos académicos, administrativos y de formación, cumplir con la Visión 2040 de la UANL y fortalecer el sentido de pertenencia universitario entre su comunidad.
Mayo con M del ‘mes del desempleo’; hubo pérdidas de 45.6 mil empleos formales
Es la mayor caída de puestos de trabajo para un quinto mes desde el 2020.
El número de trabajadores registrados en el IMSS cayó en 45 mil 624 durante mayo, lo que representó la mayor pérdida de empleos para un quinto mes desde la pandemia, en 2020, y fue la segunda mayor cifra desde 2009.
Con este dato, la reducción en el número de plazas en los dos últimos meses sumó 93 mil 66, y las expectativas para todo el año son desfavorables.
El instituto explicó que el resultado está relacionado con la estacionalidad de mayo, cuando se registran las mayores caídas del sector agropecuario directamente relacionadas con el ciclo agrícola.
De acuerdo con los registros del IMSS, el número de trabajadores registrados en mayo sumó 22 millones 372 mil 44, lo que representó un crecimiento anual de apenas 0.1 por ciento, la cifra más baja en poco más de cuatro años, desde marzo del 2021. El número de empleos generados en los últimos 12 meses fue de 23 mil 45, también el menor registro en cuatro años.
La creación de empleos durante los primeros cinco meses del año se ubicó en 133 mil 665 plazas, lo que significó una caída de 58.8 por ciento, respecto del mismo lapso del año pasado, cuando se crearon 324 mil 613 trabajos.
Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, destacó que desde que comenzó el registro en 2000, solo en 4 ocasiones se han creado menos empleos en los primeros cinco meses del año: 2020 cuando cayó el empleo en 838 mil 272 plazas; en 2009 hubo una contracción de 309 mil 985 fuentes laborales; 2003 se crearon 36 mil 755 trabajos y en 2001 se generaron 67 mil 345 plazas.
En 19 estados, el empleo reportó variaciones negativas, las mayores caídas se observaron en Campeche, Tabasco y Zacatecas, con 9.1, 7.1 y 3.6 por ciento anual a mayo.
Los mayores incrementos se observaron en Hidalgo, con 3.9 por ciento; Estado de México, con 3.5 por ciento, y en Colima, con 2.8 por ciento.
Economistas de Banamex estimaron que el empleo mantendrá tasas de crecimiento moderadas en lo que resta del año. “Anticipamos un crecimiento de 0.5 por ciento en 2025, desde 2.0 por ciento en 2024”, recalcaron.
Recientemente el Banco de México también recortó sus pronósticos para la generación de empleo formal en el año, a 200 mil, desde la expectativa previa de 320 mil.
Impacta economía
Willebaldo Gómez Zuppa, investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), explicó que se viene observando una contracción muy importante en la actividad del sector industrial, en donde se han perdido 113 mil empleos, en gran medida por el impacto de la incertidumbre.
“Muchas empresas están utilizando el pretexto de la incertidumbre generada por los aranceles, sobre todo después del 2 de abril, para despedir trabajadores”, dijo.
“Lo que hemos estado documentando es que se eliminan a los trabajadores que tienen mayor antigüedad y con un escalafón salarial más alto, para abaratar los costos laborales”, resaltó el también académico de la Facultad de Economía de la UNAM.
Consideró que el crecimiento modesto del sector servicios no permite recuperar los empleos que se están perdiendo en el campo por el fenómeno estacional.
Añadió que en algunos lugares se ha registrado que han empezado con paros técnicos, a la espera de que la situación mejore para los próximos meses, pero se estima que esta pérdida de empleos puede acrecentarse si es que no se disminuye la incertidumbre.
El economista precisó que el empleo ha sido muy sensible a la inestabilidad y al bajo crecimiento. “El propio Banco de México ya recortó su proyección del PIB a 0.6 por ciento e incluso en las proyecciones se advierte que si no se resuelve el tema comercial hay un riesgo de que se pierda un porcentaje del PIB con respecto a 2024”, indicó.
Menor masa salarial
Al cierre de mayo, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó 629.9 pesos, el más alto desde que se tiene registro.
Siller explicó que con un crecimiento anual de 0.10 por ciento en los puestos de trabajo, y de 3.26 por ciento en el salario real, la masa salarial real avanzó 3.36 por ciento. Esta tasa es la más baja desde mayo del 2021, cuando la economía aún sufría los efectos de la pandemia.
Esta desaceleración es causada por ambos componentes del cálculo: menor creación de empleo y menor crecimiento en el salario.
“Es probable que esto comience a reflejarse en las cifras de consumo, ya que los hogares disponen de menos recursos para gastar y se puede traducir en una moderación en el consumo privado”, estimó.
Nuevos ministros, entre rezago, inexperiencia y destitución
El pleno tiene un rezago de 628 casos entre acciones de inconstitucionalidad, amparos, controversias constitucionales, impedimentos y recursos de reclamación, entre otros
La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrentará retos monumentales, entre los que destacan el rezago de mil 300 casos, la inexperiencia como ministros de seis de los nueve que resultaron electos, y el riesgo de sanciones luego de que la reforma judicial estableció un plazo de seis meses a partir del conocimiento del asunto para resolver los casos del Máximo Tribunal del país.
De acuerdo con la ley, los nuevos ministros de la Corte tomarán protesta el 1 de septiembre de 2025 y ya no operarán la Primera y la Segunda Sala del Máximo Tribunal, las cuales enfrentan un rezago actual de 509 y 111 asuntos, respectivamente.
Además, de acuerdo con información pública de la SCJN, el pleno tiene un rezago de 628 casos entre acciones de inconstitucionalidad, amparos, controversias constitucionales, impedimentos y recursos de reclamación, entre otros.
Lo anterior implica que los nuevos ministros recibirán más de mil casos pendientes que deberán resolver a marchas forzadas, pues la reforma judicial establece, en su artículo 17: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente”.
De acuerdo con estadísticas de la Suprema Corte e informes anuales, en 2023, la primera sala, la segunda sala, y el pleno de la Suprema Corte resolvieron en su conjunto un total de 4 mil 299 asuntos, mientras que, en 2024, las salas y el pleno resolvieron 3 mil 853 asuntos.
Con la nueva realidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no tendrá el apoyo de las salas y 100% de los asuntos los deberá resolver el pleno, que además pasa de tener 11 a nueve ministros.
Por si fuera poco, de los aspirantes electos para ministros de la SCJN en los comicios del pasado 1 de junio, sólo Lenia Batres, Loretta Ortiz y Jazmín Esquivel tienen experiencia en el cargo, mientras que los seis restantes deberán atravesar por una curva de aprendizaje.
Esa curva no podrá ser prolongada, pues quienes no resuelvan en el plazo establecido deberán justificar los motivos ante el Tribunal de Disciplina Judicial y en caso de no hacerlo podrán ser sujetos de sanciones como amonestación, suspensión, sanción económica, e incluso la destitución.
Especialistas advierten un cúmulo de documentos justificatorios y permisividad por parte de Tribunal de Disciplina Judicial.
Para los expertos, las condiciones en que funcionará la nueva Corte y los resultados de la elección judicial son producto de una reforma hecha “desde la ideología”, que dejará rezago en la resolución de casos por falta de experiencia y de carrera judicial de los nuevos integrantes.
El politólogo de la UNAM, Sebastián Godínez, detalló que el objetivo de los comicios “era capturar al Poder Judicial y alinearlo con el oficialismo”, por lo que calificó el proceso como “la cooptación del Poder Judicial consumada”.
Recordó que pese a que la ley establece un plazo de seis meses para resolver los asuntos a partir de que se conozcan, en el artículo 20 se establece que “en caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de la demora”.
Por lo anterior, advirtió un cúmulo de documentos justificantes y permisividad por parte de los magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial.
“Vendrá una ola de escritos con justificaciones como “es que acabamos de llegar”, “son muchos casos”, “había mucho rezago”, “fue producto del régimen anterior”, y hay una alta probabilidad de que el tribunal los excuse, y esto lo digo con cierta certeza porque el tribunal, de acuerdo a los cómputos, quedará integrado con personajes afines a Morena, son viejos conocidos de las filas del partido en el gobierno, sentenció.
El constitucionalista también de la UNAM, Francisco Burgoa, consideró que la elección no fue otra cosa que una simulación: “La legitimidad no se obtiene sólo con votos, sino con procesos confiables, con estándares democráticos y esta elección claramente no lo fue y sí fue una simulación”, subrayó.
Sobre los nuevos plazos establecidos en la ley, Burgoa apuntó: “Muy difícilmente se cumplirán los plazos de seis meses para resolver asuntos.
El estándar de seis meses ignora la complejidad de muchos litigios constitucionales.
Cada asunto tiene sus propias características. Una cosa es fijar plazos en papel y otra resolver controversias de fondo con razonamientos sólidos y respetando el debido proceso.
La presión por cumplir tiempos podría traducirse en resoluciones de baja calidad o, peor, en criterios alineados al poder político, es decir, podríamos ver con frecuencia que la política se antepone al derecho”, precisó.
“El equilibrio entre celeridad, calidad y legitimidad será difícil, si no es que imposible. La forma en que tendrá que ganarse su legitimidad será a partir de sus sentencias defendiendo el orden constitucional y convencional y los derechos fundamentales. No ser condescendiente al poder ni a ningún grupo de interés, menos a las mayorías”, agregó.
El también catedrático de la UNAM coincidió en que es previsible que exista un cúmulo de documentos justificatorios ante el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
“La realidad hará que, ante la imposibilidad auténtica de cumplir plazos en todos los casos, las justificaciones se volverán una constante o una práctica común y normal en el TDJ. También se prevé que el TDJ no será independiente ni autónomo, veamos los perfiles de quienes serán sus integrantes y por eso afirmo que fue capturado desde su diseño por el oficialismo. Ojalá y me equivoque, pero si los magistrados disciplinarios actúan como operadores políticos, no como contrapesos en ejercicio legítimo y de sus facultades, la supervisión será simulada y la persecución no será real. Se castigará la disidencia y se tolerará la ineficiencia cuando convenga al régimen. La vigilancia será selectiva”, indicó.
Casos destacados en fila de pendientes
Es probable que el total de los asuntos pendientes se reduzcan llegado el 1 de septiembre, pues varios ya están enlistados y probablemente el pleno actual los resuelva en las próximas semanas.
Destaca la acción de inconstitucionalidad 129/2023 por la que se impugnó una reforma en materia de concesiones para minería y agua, aprobada el 8 de mayo de 2023; también la acción de inconstitucionalidad 78/2022 de la reforma a la Ley Minera por la que se determinó que el litio es propiedad de nación y prohibió el otorgamiento de concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones a particulares.
Ambos asuntos ya están enlistados. Entre los casos que aún no están en listas y podría resolver el nuevo pleno, destaca la acción de inconstitucionalidad 136/2019, para impugnar la reforma por la que se amplió el catálogo de prisión preventiva oficiosa, en específico, en delitos fiscales; la acción de inconstitucionalidad 49/2022 por la que se impugnó la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato, y el amparo en revisión 39/2022, promovido por la organización R3D para impugnar la creación del Banco de ADN para uso forense, por presuntamente vulnerar los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos.
Ariadna Estévez, del CISAN
“Hay explotación sistémica de la migración forzada”
Las personas migrantes sufren explotación en los cruces fronterizos, en particular de Guatemala y México, a través de Chiapas, alertó Ariadna Estévez López, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM.
Luego de realizar trabajo de campo en las regiones de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, la universitaria concluyó que, aunque se dice mucho que se ve a los migrantes como desechables, la migración como evento colectivo es parte de una gran industria.
La doctora en Relaciones Internacionales participó en el conversatorio “Palabras en tránsito: una hemerografía sobre el fenómeno migratorio en México”, organizado por la Hemeroteca Nacional de México y moderado por la investigadora de esa entidad, Ana Laura Peniche Montfort.
En la Sala Interactiva del recinto, Estévez López explicó el concepto de explotación circular humana, que se refiere a la explotación sistémica de la migración forzada, en la que tanto actores estatales como no estatales obtienen el máximo beneficio mediante una dinámica económica circular que la mercantiliza.
“Se organiza de forma similar a la industria del turismo, se le vende a las personas migrantes todo tipo de bienes y servicios legales e ilegales en una suerte de turismo de la espera. Se basa en la noción de que los agentes del Estado, los criminales y los actores de la economía legal e informal explotan a los migrantes desde que salen de sus países hasta el tránsito y la llegada”, destacó.
Dijo que la migración como fenómeno masivo es explotada al máximo aprovechando la clandestinidad que crean las leyes prohibicionistas de migración.
“La prohibición hace que se haga un mercado en el que las personas migrantes serán forzadas, no tienen opción a comprar diversos artículos legales e ilegales que van desde papeles hasta hospedaje. Y aquí es donde continuamente están generando ingresos para distintos actores”, aclaró.
La investigadora la llama explotación circular porque no es lineal. “Se les vende una serie de servicios legales e ilegales y esto no acaba nunca, es un círculo. Las personas compran papeles para moverse dentro de México, llegan a Estados Unidos, ahí los deportan, regresan a Tapachula o Guatemala y vuelven a entrar”, mencionó.
En este círculo siempre están metidos diversos actores: el Estado, los criminales y distintos nichos de las economías criminal y legal.
Por su parte, Maritza Caicedo Riascos, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, comentó un estudio de la década de 1980 realizado en Estados Unidos donde se encontró que, pese a que la población hispana tenía peores condiciones socioeconómicas de vida, había algunos indicadores en salud mejores que los de la población blanca y similares a los afroamericanos.
“Y uno de éstos es la salud mental. Se sigue constatando que los inmigrantes mexicanos y otros latinoamericanos están mejor en esa área comparados con la población blanca estadunidense”, detalló.
Caicedo Riascos afirmó que hay 26 millones y medio de méxico-americanos, es decir, de personas que nacieron en los Estados Unidos y se definen como de origen mexicano. Esta población tiene un gran impacto desde el punto de vista económico, demográfico y social en Estados Unidos, precisó.
“Ahí está la raíz de la preocupación de la nueva administración en los Estados Unidos. Las proyecciones de población dicen que en 2065 los blancos serán minoría en Estados Unidos”, refirió.
Dijo que la población de inmigrantes mexicanos es básicamente joven con fuerza laboral, y las mujeres de ese grupo muestran altos índices de fecundidad.
“Sin embargo, su situación laboral es precaria, pues los afecta la escasa escolaridad y sus condiciones raciales, así que desarrollan empleos de servicio como cuidados, servicio doméstico, limpieza de edificios y ayudantes en restaurantes. Muchos padecen desigualdad y viven por debajo del nivel de pobreza, pues un inmigrante mexicano gana 59 % del salario anual de un blanco”, advirtió.
Material hemerográfico
La Hemeroteca Nacional de México tiene una gran base de datos, la cual ofrece dos tipos de servicios: índices de revistas (principalmente del siglo XX) y hemerografías sobre temas de actualidad, entre ellos el de las migraciones, explicó Lorena Gutiérrez Schott, investigadora de esa entidad dependiente del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIBI) de la UNAM.
“Queremos aportar fuentes periodísticas para comprender los procesos migratorios desde distintos enfoques, para que la hemerografía sobre el tema sea un abrevadero para investigaciones académicas y para el trabajo documental de nuestros usuarios. Nuestro interés fue hacer el recuento desde octubre de 2018, cuando tuvo lugar la primera caravana de migrantes que salió de Honduras”, señaló.
Entre los temas que se pueden buscar en el material hemerográfico destacan migración irregular, desplazamientos forzados, migración climática, migración laboral, niñez migrante, políticas migratorias, seguridad militar, tráfico de personas, xenofobia y racismo.
Y como siempre al pueblo pan y circo, o usted ¿Qué opina?
Este medio es un foro abierto para toda persona que desee expresar algo que le interesa o que le afecte, por lo que los espacios están abiertos para todos. Lo invito a opinar y a dar su punto de vista.
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