Marco Antonio González Valdez: entre la diplomacia fronteriza y los intereses políticos
El secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco Antonio González Valdez, ha convertido su agenda en un escaparate de encuentros internacionales y proyectos de infraestructura que, en el papel, buscan fortalecer la conectividad y competitividad de Nuevo León.
Desde su nombramiento el 4 de octubre de 2021, ha insistido en colocar al estado como un jugador clave en la dinámica económica con Texas, aunque no está claro si los beneficios serán tangibles para todos los sectores o si se concentrarán en unos cuantos.
La Primera Cumbre Binacional de Comercio y Economía “Bernardo Reyes – Tomás Sánchez” es ejemplo de su estrategia: eventos de alto perfil, asistencia de figuras políticas y empresariales, y promesas de modernización logística.
La narrativa oficial destaca la importancia del Corredor Económico Nuevo León-Texas y la expansión de la Aduana Puerto Colombia, con la promesa de convertir a la frontera en “la mejor región para hacer negocios de América”.
Sin embargo, más allá de las fotografías y declaraciones, persisten dudas sobre los compromisos reales adquiridos, el financiamiento de los proyectos y la capacidad de ejecución en plazos razonables. No es la primera vez que se anuncian planes ambiciosos que quedan atrapados en la burocracia o la falta de coordinación intergubernamental.
El énfasis en infraestructura inteligente, logística avanzada y accesibilidad fronteriza suena bien en foros y comunicados, pero los sectores productivos locales necesitan más que discursos: requieren garantías de inversión, transparencia en la asignación de recursos y claridad sobre el impacto en comunidades cercanas a los puntos estratégicos.
A dos años y medio de su gestión, González Valdez tiene el desafío de demostrar que su Secretaría no es solo un actor diplomático, sino un engranaje operativo capaz de transformar la frontera y el campo neoleonés en motores de desarrollo con beneficios compartidos.
Claudia Caballero Chávez: entre el informe legislativo y la propaganda partidista
La diputada local del PAN, Claudia Caballero Chávez, cerró su primer año legislativo con un mensaje de trabajo incansable y compromiso con la comunidad.
Un análisis más detenido de su informe revela que gran parte de las actividades destacadas corresponden a eventos partidistas y actividades de proyección personal, más que a resultados legislativos concretos.
En su documento, la legisladora aseguró haber impulsado leyes y acciones para mejorar la calidad de vida en Nuevo León.
Sin embargo, la evidencia pública apunta a que su agenda ha estado más enfocada en presencia mediática y recorridos territoriales, elementos que, si bien forman parte de la labor política, no necesariamente se traducen en cambios normativos o reformas estructurales.
El documento presentado como “informe” incluye principalmente fotografías de eventos, convivencias comunitarias y actividades con militantes del PAN. Esto alimenta la percepción de que la prioridad no ha sido el trabajo en comisiones o la presentación de iniciativas, sino la consolidación de una base electoral.
Este patrón no es nuevo en la política local: los informes legislativos suelen ser aprovechados como plataformas de posicionamiento de imagen de cara a futuros procesos electorales. Sin embargo, el electorado cada vez es más exigente y demanda resultados verificables, no solo presencia en redes y eventos sociales.
En un escenario político cada vez más competido, su credibilidad dependerá de que las promesas se traduzcan en leyes funcionales y políticas públicas efectivas, no solo en actos protocolarios.
El Mueblero: La agenda política de un legislador con sello personal
José Luis Garza Garza, mejor conocido como “El Mueblero”, presentó su primer informe de actividades legislativas, un evento que no pasó desapercibido en el Palacio Legislativo.
El Diputado Local por el Distrito 14 de Guadalupe, emanado de Movimiento Ciudadano, expuso lo que ha sido su gestión durante este primer tramo de trabajo, marcada por dos ejes que, según sus propias palabras, han guiado su labor: el legislativo y el social.
En el ámbito legislativo, el diputado ha destacado por impulsar acciones y propuestas enfocadas en mejorar la calidad de vida de la población. Su narrativa coloca el énfasis en el uso de la ley como herramienta para resolver problemas concretos de la ciudadanía, un enfoque que pretende diferenciarlo en un Congreso local donde muchas iniciativas se quedan en el discurso.
En la parte social, Garza Garza asegura que no ha dejado de tener contacto con la gente. Ha mantenido reuniones, visitas y espacios de escucha, con la intención de recoger de primera mano las inquietudes y necesidades de sus representados. Este trabajo de proximidad es uno de los elementos que él mismo ha querido destacar como señal de compromiso y cercanía.
El informe fue también un escaparate político. La presencia de figuras relevantes del gobierno y de distintos niveles de la administración evidenció no solo respaldo, sino las alianzas estratégicas que el legislador ha tejido en estos meses.
Este tipo de acompañamiento es una señal clara de que su labor no se limita al distrito, sino que busca construir un espacio de influencia más amplio.
En un contexto donde la ciudadanía observa con lupa el desempeño de sus representantes, la consistencia entre lo que se promete y lo que se logra será decisiva. El legislador ha puesto sobre la mesa un balance que, aunque positivo en su narrativa, deberá ser respaldado por indicadores claros y verificables.
El primer informe marca un punto intermedio en su gestión, pero también es una vitrina donde se mide la proyección política de cara al futuro.
José Luis Garza Garza ha dado a conocer su ruta y sus prioridades; ahora, el tiempo dirá si la estrategia del “Mueblero” logra ensamblar el respaldo social con los resultados legislativos que la gente espera.
Televisoras al mando, impuestos al extranjero
Parte 3: La cultura nacional, producida en el extranjero
Además del tema fiscal, hay una dimensión simbólica de gran importancia en este fenómeno: la producción de contenidos culturales nacionales fuera del territorio mexicano. Series, novelas y programas que supuestamente reflejan la realidad del país, están siendo grabados en escenarios españoles, con técnicos extranjeros y bajo lógicas productivas ajenas a nuestra realidad.
Esto no solo vacía de autenticidad a los contenidos, sino que también empobrece el imaginario colectivo. La televisión, aunque muchas veces subestimada, sigue siendo una herramienta poderosa de construcción cultural y representación nacional.
¿Qué mensaje se transmite cuando lo mexicano se representa desde Europa?
La ironía es brutal: mientras se promueve la defensa de lo nacional desde el gobierno, se permite que las televisoras que lo apoyan económicamente contribuyan a la deslocalización cultural. No se puede hablar de soberanía cuando ni siquiera se produce en casa lo que se vende como identidad mexicana.
Los talentos locales quedan desplazados, las historias se adaptan a contextos falsos, y el sentido de pertenencia se disuelve. La cultura convertida en mercancía pierde su potencia transformadora y se convierte en simulacro.
Producir en México no solo es una cuestión económica o de logística. Es un acto político y cultural que fortalece la identidad, genera empleos y democratiza la producción. Si eso se sigue ignorando, la televisión nacional quedará reducida a un escaparate vacío con acento foráneo.
Movimiento Ciudadano en el Congreso: el discurso de paridad que no pasa de la exigencia
El grupo legislativo de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León ha exigido que se agilice el trámite de iniciativas pendientes en materia de paridad de género.
Las diputadas Sandra Pámanes Ortiz e Iraís Reyes de la Torre han señalado que la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación ha retenido reformas esenciales durante seis años, un retraso que, afirman, afecta la gobernabilidad y el avance en igualdad.
Si bien la demanda es legítima, el contexto político la matiza. El señalamiento se centra en una sola comisión, pero no aborda que el rezago legislativo es un problema extendido en varias áreas del Congreso. En ese sentido, la estrategia podría verse más como un posicionamiento mediático que como una propuesta de solución integral.
La falta de avance en paridad no es un tema menor: implica que las reformas que garantizarían mayor representatividad y equidad siguen en espera, perpetuando prácticas políticas que limitan la participación femenina en condiciones de igualdad.
Sin embargo, el discurso de MC parece concentrarse más en responsabilizar a otros que en generar consensos efectivos para destrabar las reformas. El énfasis en la confrontación puede generar visibilidad, pero rara vez produce resultados legislativos concretos.
La agenda de paridad es, para Movimiento Ciudadano, también una oportunidad de capital político. El partido ha intentado posicionarse como promotor de la participación femenina, pero el avance real dependerá de su capacidad para negociar con las demás fuerzas políticas y priorizar las reformas en el pleno.
Mientras tanto, las iniciativas seguirán acumulando polvo en comisiones si no se construyen acuerdos que superen las diferencias partidistas. El costo de esta inacción lo pagan las mujeres que esperan condiciones más justas para su participación política.
Jesús Nava Rivera: gestos mediáticos en Santa Catarina
El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, ha ganado visibilidad reciente al reconocer la labor de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad que protagonizaron actos de servicio destacados. En menos de una semana, las policías Brenda Rodríguez y Marisol Salazar intervinieron para evitar un intento de suicidio y asistieron en un parto de emergencia.
En un evento público, el edil agradeció la labor de las oficiales, destacando su compromiso y empatía. Estos reconocimientos generan cercanía con la ciudadanía y proyectan una imagen de alcalde atento y sensible ante las acciones de su personal.
Sin embargo, estos actos, aunque loables, no pueden sustituir una política integral de seguridad y atención ciudadana. El reto de Santa Catarina sigue siendo reducir la incidencia delictiva, mejorar la capacitación policial y fortalecer la confianza de la población en sus autoridades.
La estrategia de Nava Rivera combina gestión municipal con una evidente construcción de imagen. Su reciente cambio de partido, de Movimiento Ciudadano a Morena, añade una dimensión política a cada aparición pública, especialmente con miras a las elecciones de 2027.
Los reconocimientos a elementos destacados son positivos, pero también son momentos de alto valor mediático que pueden usarse para reforzar un liderazgo personal más que para detallar estrategias concretas en materia de seguridad.
Nava Rivera se encuentra en una etapa de posicionamiento político clave. Sus acciones, discursos y cambios partidistas deberán ser evaluados no solo por su carga simbólica, sino por su capacidad de generar mejoras reales en la vida de los santacatarinenses.
Entre la soberanía y la realidad
Invitamos a nuestros lectores para que lean la columna del prestigiado periodista y conductor Gregorio Martínez que se localiza en la sección: Gregorio Martínez con Pan y Circo, y como siempre querido lector Usted tiene la mejor opinión de su contenido.
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PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
La revelación del diario The New York Times el pasado viernes 8 de agosto puso sobre la mesa un escenario inédito: Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, firmó una orden secreta que autoriza al Pentágono a lanzar ataques militares contra cárteles del narcotráfico en México y América Latina, todos catalogados como “organizaciones terroristas extranjeras”.
Aunque se desconoce el texto y la fecha exacta de la orden, las filtraciones apuntan a un plan que incluye fuerzas especiales, operaciones de inteligencia, drones y ataques de precisión, supuestamente coordinados con el gobierno mexicano.
Hacia marzo de este mismo año ya se habían desplegado buques destructores con misiles Tomahawk en el Golfo de México y frente a las costas de Baja California… y antes se había reportado el sobrevuelo de drones.
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirma que no hay riesgo de invasión. Sin embargo, la realidad es más compleja: se trata de la señal más clara de que Estados Unidos está dispuesto a actuar directamente contra un problema que México no ha logrado resolver por sí solo.
Durante décadas, el combate al narcotráfico en México ha sido una mezcla de estrategias fallidas, corrupción y simulación política. Desde la “guerra contra el narco” de 2006 hasta los planes de pacificación más recientes, los resultados son incuestionables: los cárteles siguen operando, controlando territorios, con capacidad de violencia y corrupción.
La designación de estos grupos como “terroristas” por parte de Estados Unidos no es gratuita. Es un diagnóstico crudo.
Aceptar cooperación militar estadounidense implica un riesgo evidente: que la soberanía mexicana se vea debilitada y se abra la puerta a operaciones unilaterales. Pero rechazarla sin proponer una alternativa viable sería prolongar una guerra que México no está ganando.
Esta coyuntura, por incómoda que sea, puede convertirse en el punto de inflexión que el país necesita si se cumplen tres condiciones fundamentales:
1. Control operativo compartido, con mando final mexicano y protocolos claros.
2. Enfoque integral que incluya no solo golpes militares, sino desmantelamiento financiero, político y logístico de los cárteles.
3. Reciprocidad bilateral, con compromisos firmes de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas hacia México y reducir su propia demanda de drogas.
La experiencia demuestra que los operativos improvisados o puramente militares no bastan. Lo que se requiere es una alianza estratégica binacional que combine inteligencia de élite, tecnología avanzada y acciones coordinadas de alto impacto, siempre bajo un marco de transparencia y rendición de cuentas.
México debe negociar desde una posición firme, reconociendo que necesita apoyo externo, pero asegurando que esto no se convierta en una presencia militar indefinida ni en decisiones unilaterales. El reto está en transformar lo que podría verse como una intromisión en una operación conjunta contra un enemigo que desangra a ambos países.
La pregunta no es si México puede enfrentar solo al crimen organizado —la historia reciente demuestra que no—, sino si está dispuesto a hacerlo con ayuda externa en condiciones que resguarden su soberanía y beneficien a su población.
Esta es una oportunidad que no se presentará dos veces. Administrada con inteligencia y visión, podría significar el golpe más contundente contra los cárteles en décadas. Desaprovechada o mal negociada, se traduciría en otro capítulo de violencia, desconfianza y pérdida de control.
En esta guerra, el verdadero acto de soberanía no es decir “no” a toda cooperación, sino decidir cómo y bajo qué términos se acepta, para que el resultado sea la paz que México lleva demasiado tiempo esperando.
¿No vale nada la vida?
Invitamos a nuestros lectores para que lean la columna del gran y prestigiado periodista Félix Cortés Camarillo que se localiza en la sección: Félix Cortés Camarillo con Pan y Circo, y como siempre querido lector Usted tiene la mejor opinión de su contenido.
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Félix Cortés Camarillo para Pan y Circo
No, mi admirado José Alfredo: la vida sí tiene un precio.
Desde luego, depende de la oferta y la demanda. Si eres pobre en el estado de México, te llamas Fernando, tienes cinco años, y tu madre soltera tiene una deficiencia mental, manifestada además en su discapacidad para expresarse verbalmente, tu vida vale mil pesos.
Marcelina Noemí Gómez es la madre de quien ahora todos llamamos Fernandito; fue ella quien acudió a abrir, el 28 de julio pasado, la puerta de su vivienda en la colonia Ejidal del Pino, en el municipio de La Paz, en el estado de México. Se encontró con sus vecinas Lilia “N” y Ana Lilia “N”, que así se llaman por el estúpido código de procedimientos penales actual, que venían a cobrar una deuda de mil pesos, que le habían dado en préstamo.
Como Noemí no tenía para saldar la deuda, las dos mujeres -mientras la pareja de una de ellas, un tal Carlos, esperaba en la esquina- literalmente agarraron a Fernando y se lo llevaron en calidad de rehén a su casa. Lo mantuvieron ahí siete días, hasta el 4 de agosto, y ahí mismo repetidamente le negaron a la madre verlo, mientras no pagara los mil pesos. El primero de agosto le dijeron que se lo habían entregado al padre del chamaco. El día 2, que se lo habían dado a la abuela paterna. Mentira vil.
En su condición desventurada, Noemí acudió a las oficinas del DIF municipal, a las instancias que pudo colegir (se atravesó el fin de semana en que la burocracia tiende a trabajar menos) sin obtener respuesta o apoyo. El día 4 de agosto levantó una denuncia y la policía fue al domicilio de las vecinas agiotistas. La respuesta de ellas fue que el menor se había salido, sin ellas saber hacia dónde. Un olor fétido alertó a los agentes. El cadáver del niño estaba en bolsas de plástico en estado de putrefacción, muerto por lo menos dos días antes. Los tres fueron detenidos.
El dictamen forense establece que Fernandito murió a consecuencia de trauma craneoencefálico, por impacto de objeto metálico contundente. Es una forma burocratizada de decir que lo mataron a martillazos en la cabeza.
Toda esta historia es lo suficientemente nauseabunda como para provocar el enorme y comprensible enojo social que trajo.
Pero eso no es todo, José Alfredo.
El lunes pasado, los tres pelafustanes comparecieron ante el juez de instrucción para la formal consignación. Y, ahora resulta que la acusación de la fiscalía del estado de México no es por homicidio intencional, sino por “desaparición de persona”; aunque esta semana el fiscal general de la República, Alejandro Gerz Manero haya dicho que sólo el homicidio es peor que el secuestro, la disminuida acusación hiede, aunque se le agregue la de ocultación del cadáver.
Pequeño entremés: Mario Cristalinas, presidente del DIF en La Paz, presentó su renuncia, orgulloso de haber tenido la oportunidad de servir a la patria.
Otrosí.
En la audiencia del lunes, la señora Marcelina Noemí, mamá de Fernandito, le dijo con mucha dificultad al juez, que ya no deseaba que la representara la abogada Fabiola Villa, me dicen que defensora de derechos humanos, y quien había llevado su caso hasta ese momento. Cuando el juez le pidió a Marcelina Noemí que nombrara a un representante legal, ella se quedó callada. Una mujer policía que le acompañaba, pronunció el nombre de Rodrigo, así nomás.
Por casualidad, Rodrigo andaba por ahí. Por casualidad, Rodrigo no pudo presentar una cédula profesional que acredite su calidad de licenciado en leyes. Por casualidad, el tal Rodrigo es empleado, asesor jurídico, dijo la alcaldesa, del municipio de La Paz, estado de México.
Y aquí se cierra la pinza.
Según Alfredo Raúl Gómez, hermano de la madre de Fernandito, ella recibió durante el fin de semana llamadas de intimidación ordenándole que sacara a la abogada Villa del juego.
Pero hay más. Se ha filtrado a los medios que, aparentemente, el domingo acudieron a la casa de Marcelina Noemí la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del estado de México, y Martha Guerrero, presidente municipal de La Paz, y que exigieron hablar con Noemí en privacía total, sin celulares. Antes se decía sin cámaras ni micrófonos. Y dicen que hubo entrega de despensas y promesa de apoyo monetario. Dicen que los familiares están molestos porque quedaron fuera del trato.
No me consta.
Pero, querido José Alfredo, ¿te cae que no vale nada la vida?
PILÓN: PARA LA MAÑANERA DEL PUEBLO (porque no dejan entrar sin tapabocas): Hace nueve años, la secretaría de Gobernación -no me pregunten quién andaba ahí- le dio registro y cédula al Centro de Dignificación Humana, A.C. como defensor de los migrantes que vienen de Centroamérica rumbo al cada vez más imposible Norte.
El presidente de esa entidad se llama Luis García Villagrán. El otro día le dieron frescobote acusado de pollero.
Cuando le preguntaron a la mal informada presidente de México sobre el caso, doña Claudia mintió, y dijo que García Villagrán no era un activista y que tenía una orden de aprehensión por tráfico de personas.
Pues resulta que en Tapachula un juez desestimó el caso, consideró que la acusación no tenía sustento, y liberó a don Luis. A pesar del decir de doña Presidente.
Debo reconocer que esto no es como antes. ¿Un juez contrariando al Tlatoani? Me cae, que es un avance.
Pero no aceleren los festejos. Los jueces de hoy serán los acusados de mañana, dentro de dos meses, porque el diez por ciento del pueblo noble y sabio ya decidió cambiar a todos los togados. Desde el más chiquito hasta el más picudo. Y luego les cuento lo de la reforma electoral, que ya se cocinó.
felixcortescama@gmail.com
Permitirá convenio compartir tecnología con sector ganadero del país
En el marco del Día del Ganadero “Arturo de la Garza González”, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que dirige el Rector Dr. Santos Guzmán López y la Confederación Nacional de las Organizaciones Ganaderas (CNOG) establecieron un convenio de colaboración que asegura la transferencia de tecnología, capacitación y extensionismo hacia asociaciones ganaderas de todo el país.
El documento fue signado por el Rector de la UANL, Dr. Santos Guzmán López; el director del Centro de Investigación en Producción Agropecuaria de la Universidad, Nelson Manzanares Miranda; el presidente de la CNOG, Homero Jesús García de la Llata, y su tesorero, Noel Ramírez Mejía, en la sede de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León.
Desde 1936, la Confederación Nacional de las Organizaciones Ganaderas ha definido una serie de líneas estratégicas para el desarrollo del sector agropecuario, unificando y sistematizando acciones, intereses y esfuerzos locales, nacionales e internacionales.
Tras la firma del acuerdo colaborativo, el ejecutivo universitario mencionó que, con la ayuda de la tecnología y avances científicos que posee la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León en materia de ganado, este sector se fortalecerá en todo el país a través de diversos cursos y capacitaciones a ganaderos en los niveles técnico y profesional.
La Confederación Nacional de las Organizaciones Ganaderas agrupa a 2 mil 36 asociaciones ganaderas locales, 48 uniones ganaderas regionales, 48 asociaciones de ganado de registro y 6 uniones ganaderas regionales de porcicultores. Y este acuerdo beneficiará a más de 800 mil ganaderos de todo el país.
De acuerdo con la información proporcionada, los cursos y capacitaciones serán dictados por dependencias universitarias especializadas en este sector como el Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo, el Centro de Desarrollo de Agronegocios y la Dirección de Desarrollo Forestal, además de instituciones educativas como la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias Forestales y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
El Secretario General de la UANL, Mario Garza Castillo; el director de la Facultad de Agronomía, Carlos Alberto Hernández Martínez; el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Gustavo Hernández Vidal, y el director de la Facultad de Ciencias Forestales, Luis Gerardo Cuéllar Rodríguez, atestiguaron la firma del convenio.
Al finalizar la firma respectiva, Guzmán López realizó un recorrido por los distintos stands de productos de limpieza, alimentos y productos para el ganado organizados por las dependencias universitarias.
Celebran el Día del Ganadero en NL
Con el objetivo de honrar el trabajo de quienes impulsan la ganadería en el estado y rendir homenaje al líder ganadero Arturo de la Garza González, el Día del Ganadero, instaurado en 2012, congregó a diversas autoridades municipales, estatales y federales, así como a representantes del sector ganadero.
El evento fue encabezado por el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, quien durante su mensaje distinguió al sector ganadero como un pieza medular en el desarrollo económico de la región.
Durante la ceremonia, se hizo entrega de reconocimientos a expresidentes de la Unión Ganadera de Nuevo León por su gestión y compromiso con el sector.
Alerta del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) que el nuevo plan de Pemex inhiba las inversiones
El nuevo esquema fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), dentro de su Plan Estratégico 2025-2035, podría afectar las nuevas inversiones en exploración y extracción, pues se enfocaría en campos maduros, señala un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El nuevo esquema no permite deducciones de costos por parte de Pemex, lo que puede reducir el atractivo de llevar a cabo nuevas inversiones en exploración y extracción.
“(Esto puede) favorecer la explotación de campos de menor riesgo financiero, desarrollados o maduros”, expone el documento titulado “Plan Estratégico de Pemex 2025-2035: Implicaciones para la competitividad”, publicado ayer.
Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Imco, aseguró en entrevista que el cambio más importante en materia fiscal de Pemex no es la sustitución del Derecho de Utilidad Compartida (DCU) por el Derecho Petrolero para el Bienestar, sino que éste es una regalía.
El anterior derecho que pagaba Pemex era una contraprestación, que permitía reducir costos, y en ese sentido hay un incentivo para invertir, porque tu costo lo puedes ir deduciendo.
“La regalía no y el nuevo orden fiscal establece que se disminuir· el DCU, el derecho por extracción y otras simplificaciones, pero con la condición de que no habrá deducciones”, explicó.
En un análisis aparte, Moody’s advirtió que el Plan Estratégico de Pemex aumentará la exposición crediticia y los riesgos relacionados con el petróleo de Nafin y Bancomext, pues la reciente emisión de 250 mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda, será gestionado por ambas instituciones.
A junio de 2025, Pemex enfrentaba vencimientos de deuda a corto plazo por un total aproximado de 15 mil 300 millones de dólares con bancos comerciales y de desarrollo.
Descartan PRI y PAN asistencia a mesas de diálogo sobre la reforma electoral; acusan ‘farsa’
La reforma electoral de Claudia Sheinbaum busca eliminar a la oposición y debilitar al INE, advirtió el diputado priista Rubén Moreira.
Líderes parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados afirmaron que no participarán en los foros y mesas de diálogo que propone la presidenta Claudia Sheinbaum para avalar su iniciativa de reforma electoral.
“Está muy claro, es una trampa, no hay apertura, no hay pluralidad, la Comisión la preside la presidenta Claudia Sheinbaum, no Pablo Gómez”, dijo el priista Rubén Moreira.
Advirtió que “lo que buscan es deshacerse de la oposición y crear un partido único. Están ante la posibilidad de que pronto, cuando todo esto fracase, Morena tenga que dejar el poder y no lo van a querer dejar”.
Moreira alertó que “están fortaleciendo, no el presidencialismo, (sino) el partido único y quien tenga facultades metaconstitucionales y metaestatutarias para dirigirlos, es el que va a dirigir este país”.
Expresó que no acudiría a los foros y mesas de diálogo para la discusión de la reforma electoral, “porque es un fraude, es una farsa, vamos a hablar de los plurinominales. ¿Por qué vamos a hablar de los plurinominales?, ¿va a hacer una representación pura?, no, los quieren quitar”.
Además, consideró que “van a destrozar al INE (Instituto Nacional Electoral), ¿y eso a quién le conviene?, yo no dudaría que detrás de esto está el cerebro de Manuel Bartlett”.
En tanto, la vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Noemí Luna, comentó que “no tiene sentido acudir al supuesto diálogo, porque sólo quieren instaurar formalmente la dictadura morenista”.
Enfatizó que se trata de una iniciativa “que busca tirar la escalera de la democracia por la que llegaron los de Morena”.
La legisladora añadió que “en el PAN defendemos la libertad y la democracia, frente a los autoritarios de Morena que se quieren quedar para siempre en el gobierno”.
“La reforma electoral de Claudia Sheinbaum es el Plan C del expresidente Andrés Manuel López Obrador para quedarse en el poder sin los votos. Quieren concentrar más poder y con 54% de la votación, ignorar al 46% de los que no votaron por Morena”, criticó.
Aunque fuera de las mesas de debate del Ejecutivo federal, anticipó que “darán la batalla” desde el Poder Legislativo.
Alianza interinstitucional con la CUAED
Universidad a distancia en centros penitenciarios, vía para la reinserción social
Desde 2019, el gobierno del estado de Oaxaca y la UNAM han establecido una alianza institucional para promover el ingreso de personas privadas de la libertad al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).
De esta manera, quienes acceden a esta modalidad se integran al eje educativo, el cual es uno de los cinco pilares del modelo de reinserción social establecidos por el sistema penitenciario mexicano, que también incluye trabajo, capacitación, salud y deporte.
Con el respaldo de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social de Oaxaca, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital (CUAED) de la UNAM, se han llevado a cabo los exámenes de admisión y los trámites administrativos dentro de los propios centros penitenciarios.
Hasta la fecha, 19 personas privadas de la libertad se encuentran estudiando una licenciatura en diferentes campos del conocimiento, gracias a esta colaboración interinstitucional.
El SUAyED, al ser un modelo educativo flexible y de calidad, hace posible cursar estudios universitarios a distancia, sin la necesidad de acudir físicamente a un campus. Este sistema ha demostrado ser viable incluso en contextos de reclusión, al sortear las limitaciones logísticas inherentes al sistema penitenciario.
Para los estudiantes privados de libertad, acceder a la universidad ha significado más que un logro académico: ha constituido también una oportunidad para transformar su proyecto de vida. Algunas de estas personas han iniciado una segunda licenciatura tras titularse, mientras que otras han compartido lo aprendido mediante talleres y proyectos colectivos dentro de sus espacios de reclusión.
Adolfo Fuentes Kim, director general de Reinserción Social en Oaxaca, ha subrayado que: “El eje educativo es fundamental, ya que permite que las personas privadas de la libertad adquieran herramientas para desempeñar un oficio, una actividad, y estén más preparadas ante cualquier eventualidad”.
Uno de los estudiantes actualmente inscritos en el SUAyED resume su experiencia en una frase: “Aquí, si no tenemos, lo fabricamos. Para nosotros no existe ‘no se puede’”. Esta declaración sintetiza el espíritu de determinación con que muchos enfrentan el reto de estudiar desde la reclusión.
El acceso a la educación superior desde la reclusión tiene efectos trascendentes en favor de cada persona y de la sociedad. No sólo reduce la reincidencia, sino que contribuye a reconstruir proyectos de vida basados en el aprendizaje, el sentido de pertenencia a una comunidad académica y el despliegue de nuevas perspectivas.
De este modo, el modelo del SUAyED refuerza la vocación social de la UNAM, al extender el derecho a la educación a entornos de vulnerabilidad y consolidar la educación como instrumento de transformación social.
Y como siempre al pueblo pan y circo, o usted ¿Qué opina?
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