PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
En las últimas dos semanas, en la zona metropolitana de Monterrey y en varios estados del país, los automovilistas hemos padecido largas filas e incluso cierres en los expendios de combustible y una creciente incertidumbre frente al desabasto de gasolina.
Aunque las autoridades aseguran que no se trata de un problema estructural sino logístico, la experiencia de los consumidores refleja una realidad más compleja.
La primera pieza del rompecabezas se encuentra en el llamado “huachicol fiscal”. Esta práctica, que involucra la importación ilegal de combustibles mediante triangulación con empresas extranjeras, falsificación de documentos y alteración de cadenas de suministro, ha operado durante años a la sombra de las instituciones.
Se estima que hasta el 40% del combustible en México es producto del huachicoleo en sus distintas modalidades. Si ahora, con mayor rigor, se empieza a cerrar el paso a este contrabando, el mercado formal simplemente no alcanza a cubrir la demanda que antes se abastecía por vías ilegales.
Aquí emerge una paradoja. Al mismo tiempo que celebramos que el Estado combata la ilegalidad, padecemos su consecuencia inmediata en forma de escasez. No hay un plan claro de sustitución ni capacidad de respuesta ágil por parte de Pemex, y esa carencia exhibe las debilidades de una política energética demasiado dependiente de la improvisación.
En Nuevo León, la contradicción se hace todavía más evidente. Contamos con la refinería de Pemex en Cadereyta, que ha sido señalada por su elevada emisión de contaminantes de azufre, pero que no ha sido capaz de garantizar un suministro constante de gasolina a la ciudad.
Pemex, por su parte, sostiene que todo se debe a “retrasos en la logística de reparto derivados de una demanda estacional elevada”. El argumento suena más a pretexto que a diagnóstico real. La explicación oficial ignora los paros de transportistas de pipas, quienes llevan meses sin recibir pago por sus servicios. Si los responsables de transportar el combustible no trabajan, simplemente el producto no llega a las estaciones. El problema no está en el inventario, sino en la cadena de distribución. Y aquí se refleja la incapacidad de Pemex para honrar sus compromisos con proveedores, lo que mina su operación y credibilidad.
En este escenario, los principales afectados somos los ciudadanos. No es un desabasto generalizado, pero sí lo suficiente para generar zozobra, especulación y desconfianza hacia las instituciones.
El mensaje es claro. Los costos de una empresa estatal mal administrada, de un mercado contaminado por la ilegalidad y de una logística frágil siempre recaen en los consumidores.
La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró este 18 de agosto que el problema estaba ya resuelto, atribuyéndolo únicamente a un conflicto temporal con la contratación de pipas. Según su postura, fue un incidente breve que no debe interpretarse como falta de combustible.
No basta con resolver un paro momentáneo. La raíz de la crisis está en la precariedad estructural de Pemex, en el peso que aún tienen los canales ilegales de distribución y en la ausencia de un plan integral para garantizar seguridad energética.
El reciente desabasto de gasolina no es un accidente aislado ni una simple falla logística. Es la expresión visible de un sistema energético plagado de contradicciones. Combatimos el huachicol, pero no tenemos alternativas de abasto; presumimos soberanía energética, pero seguimos dependiendo de importaciones; defendemos a Pemex, pero la empresa no cumple con proveedores ni con ciudadanos.
El país necesita una estrategia energética seria, transparente y sustentada en eficiencia operativa. De lo contrario, seguiremos viviendo, una y otra vez, la resaca del huachicol fiscal.
