PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
El combate al huachicol ha sido, durante años, una bandera política y mediática.
Primero se habló del robo de combustibles en ductos, luego del control criminal en refinerías y gasolineras.
Ahora lo que salta a la luz es el llamado huachicol fiscal… ese sofisticado entramado de corrupción aduanera y complicidades militares que permite la importación de combustibles sin pagar impuestos.
Lo novedoso no es la existencia del delito —documentado desde hace más de una década—, sino la dimensión de la red desmantelada y la contundencia política del mensaje: parece que esta vez sí va en serio.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo reiteró la mañana de este lunes 8 de septiembre: “cero impunidad”.
La frase podría sonar a lugar común, pero esta vez está respaldada por hechos. La detención de 14 personas, entre ellas marinos de alto rango, empresarios y exfuncionarios de aduanas, no es un golpe menor. Y menos aún cuando la pieza mayor es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Luján.
¿Estamos frente al inicio de una limpia real en una de las instituciones hasta hoy considerada “intocable” en el país?
Por donde le busque… El caso es sumamente grave.
El modus operandi era simple en apariencia pero devastador para las finanzas públicas: barcos que llegaban reportando aceites lubricantes o aditivos industriales —productos libres de impuestos— y que en realidad traían diesel para el mercado interno.
El ejemplo más claro: el buque Challenge Procyan, que atracó en Tampico cargado de millones de litros de combustible ilícito. El decomiso de Altamira (10 millones de litros) y el de Ensenada (8 millones de litros) no solo son espectaculares en cifras, sino reveladores de una maquinaria que operaba con complicidad oficial. Lo que hoy conocemos son apenas dos escenas de un guion mucho más largo.
La magnitud del fraude es insultante. Los 18 millones de litros incautados este año equivalen a un daño fiscal de unos 97 millones de pesos. Sin embargo, los cálculos de consultoras privadas estiman el golpe real al erario en 177 mil millones de pesos anuales. Una cifra monstruosa que explica por qué en México resulta más rentable corromper aduanas que perforar ductos de Pemex.
El huachicol dejó de ser un problema de “ordeña” en los pueblos para convertirse en un sistema financiero paralelo sostenido por uniformes, empresarios y políticos.
Aquí es donde la política se cruza con la justicia. Durante el sexenio de López Obrador se militarizaron aduanas y puertos con la premisa de que las Fuerzas Armadas eran incorruptibles. Hoy esa idea se tambalea. Las investigaciones revelan que los propios marinos —en puestos estratégicos— eran parte de la red criminal.
El asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, en noviembre de 2024, adquiere ahora un sentido trágicamente lógico: denunció a los sobrinos políticos del almirante Ojeda, quienes a su vez manejaban designaciones clave para controlar las aduanas. Guerrero pagó con su vida lo que la institución intentaba encubrir.
El discurso oficial intenta salvar a la Marina como institución y blindar la figura de Ojeda Luján, pero el daño está hecho. Ya no se trata de “unas manzanas podridas”. Es el cuestionamiento frontal a una estrategia de seguridad que entregó a los militares parcelas de poder económico sin los controles adecuados. Y es, sobre todo, la demostración de que cuando se investiga a fondo, la corrupción alcanza hasta los más altos mandos.
La pregunta es si esto será un operativo aislado o el inicio de una verdadera política de Estado contra el huachicol fiscal.
Porque si algo ha sobrado en México son golpes espectaculares seguidos de impunidad.
El reto para Sheinbaum no es solo presentar detenciones, sino romper la lógica de complicidades que hace posible que 177 mil millones de pesos al año se esfumen entre contenedores, documentos falsos y puertos militarizados.
El combate al huachicol fiscal puede ser la prueba de fuego de este gobierno.
Si se queda en una operación mediática, será un fracaso más en la larga lista de intentos fallidos. Pero si realmente se llega hasta el fondo —aunque eso implique exhibir a militares de alto rango y políticos en funciones—, entonces sí podremos decir que algo cambió.
Por ahora, hay señales alentadoras.
