PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
Como nunca, en semanas recientes los reflectores mediáticos se han dirigido a una terrible realidad que sufrimos los mexicanos: los abusos y altos cobros de la medicina privada. Derivado de esta discusión se están proponiendo ya enmiendas a la ley para vigilar y tabular los precios en hospitales, pero también a los cobros de las aseguradoras. Sin embargo una pregunta salta: ¿Y dónde está la Profeco? ¿Qué papel juega y por qué no ha sido más protagónica en defender a los pacientes que también son “consumidores”?
La Profeco fue creada, de acuerdo a sus propios estatutos, para proteger y defender a los consumidores mexicanos, sancionar a comercios que “engañen, defrauden o incumplan contratos” y para “promover relaciones comerciales justas y equitativas entre proveedores y consumidores”. Además, debe verificar en los comercios que los precios estén a la vista y que no existan prácticas abusivas o publicidad falsa. Y por supuesto, atender quejas por incumplimientos o cobros indebidos, con la facultar de sancionar a un comercio mediante multas, inmovilización de productos o suspensión de actividades comerciales.
¿Qué hemos visto que ha ocurrido incorrecto en hospitales privados? Mucho, sobre todo cuando hay de por medio un seguro privado. De entrada, los pacientes reciben servicios sin saber de antemano su costo. Muchas veces comienzan a recibir atención sin conocer los precios específicos de los honorarios médicos, los tratamientos, el uso de quirófanos y no se diga de los insumos y materiales médicos y de los propios medicamentos que ahí se administran.
Fue el caso de Alena Kharissova, la regia que denunció que en el Doctors Hospital Auna de Monterrey le estaban cobrando -ya al final de su estancia- insumos como una caja de 24 pastillas de Pepto Bismol en casi $7,000 pesos. Como manifiesta ella, de haber sabido ese costo, lo hubiera mandado comprar en la tienda de conveniencia más cercana.
Personal de los hospitales a veces da este argumento al paciente: “no te apures, al cabo tu seguro lo paga”. ¡Increíble! Como si eso no significara que esos sobreprecios son un abuso, que además afectan los precios de las pólizas y que además sí los terminamos pagando todos los que estamos pagando primas de los seguros.
Pero además, en su caso Alena también asegura que quisieron cobrar servicios que no se le proporcionaron, como el uso de un quirófano (ella se hospitalizó por una intoxicación; jamás tuvo una cirugía). Esto lo supo mediante su propio seguro, que le llamó para consultarle del cobro de ese quirófano, aunque el hospital luego lo negó. También Alena descubrió que falsificaron su firma. Todos esos son abusos que debería regular y sancionar la Profeco.
Pero lo cierto es que últimamente hemos visto en México -y NL no es la excepción- una Profeco tímida, poco activa y mucho menos proactiva. En los estados tienen poco personal, y rara vez escuchamos de casos donde actúan como verdaderos justicieros de los consumidores.
¿No sería ya hora de que Profeco, aprovechando la atención a este tema, tome un papel protagónico en cuanto a los hospitales, la medicina privada e incluso las primas de seguros, que registran aumentos estratosféricos cada año, muy por encima de la inflación y no se diga de los incrementos al salario mínimo?
Porque además hay otros temas: medios como El Horizonte han reportado que las aplicaciones de servicio de reparto de comida como Uber Eats, Didi o Rappi, están “revendiendo” los alimentos de los restaurantes hasta al doble del costo en tienda, sumándole además el costo del reparto, el del servicio de la app y hasta unas propinas por “nada”, ya que no hay un servicio como el que dan los restaurantes en interiores. ¿Y ahí la Profeco no quiere actuar? ¿Por qué no publica esos precios en el “quién es quien en los precios”?
Profeco… ¡despierta!
