Los Mega Proyectos con mega costos de MORENA
Parte 5 — Megafarmacia: La bodega vacía que costó miles de millones
La Megafarmacia del Bienestar fue presentada a finales de 2023 como la solución definitiva al desabasto de medicamentos en México. Ubicada en Huehuetoca y administrada por Birmex, prometía surtir cualquier medicamento en 24 a 48 horas a nivel nacional. Su costo inicial superó los 2 mil millones de pesos, aunque posteriormente la Secretaría de Hacienda registró cifras aún mayores, hasta 15 mil millones en 2025.
Tras la publicación de un reportaje que revelaba un incremento de 4,200 millones en solo un año, la SHCP eliminó de su página oficial la información sobre inversión, mantenimiento, evaluaciones y operación. Esta desaparición de datos encendió alertas: ¿por qué borrar cifras de un proyecto que se presentaba como ejemplo de eficiencia y transparencia?
Las visitas realizadas entre enero y marzo de 2024 mostraron una realidad incómoda: la bodega estaba parcialmente vacía, con escaso inventario y sin medicamentos especializados. Los usuarios comenzaron a denunciar que no recibían tratamientos, mientras especialistas señalaban fallas en el call center, logística deficiente y ausencia de herramientas reales para abastecer al país.
Para mediados de 2024, análisis independientes confirmaron que más del 60% de los medicamentos solicitados no se entregaban. La Megafarmacia operaba en realidad como un almacén logístico sin inventario suficiente, producto de una planeación basada más en propaganda que en un modelo funcional de abasto nacional.
Para 2025, el proyecto es reconocido de facto como un fracaso. La reducción de personal, la disminución de operaciones y el replanteamiento interno confirman que la promesa de resolver el desabasto terminó siendo una ilusión sumamente costosa. En un país donde la salud pública enfrenta carencias graves, destinar miles de millones a una bodega vacía deja claro que el problema no era la falta de infraestructura, sino la falta de honestidad en su diseño y ejecución.
La política en Nuevo León se juega como una lotería: nombres que se barajan, alianzas que se prueban y respaldos que a veces se esconden más de lo que se presumen. En ese azar calculado, cada detalle pesa rumbo al 2027. Corre y se va corriendo con:
El Sol: César Garza Arredondo
César Garza Arredondo, alcalde de Apodaca por el PAN, representa a “El Sol” en esta lotería política. Una carta que sugiere poder y visibilidad, pero también limitaciones: “Brilla para algunos, alumbra proyectos; pero bajo ciertos ángulos, su luz no llega a todos”.
El liderazgo de Garza Arredondo ha sido reconocido por su impulso al desarrollo industrial y urbano de Apodaca. Su gestión ha traído inversión, infraestructura y un discurso de modernidad. Para muchos sectores, especialmente empresariales, ha sido un político funcional y efectivo.
Sin embargo, la metáfora del sol también recuerda que su brillo no es parejo. Hay sectores de la población que no sienten los beneficios de esa luz. En colonias periféricas, en temas como seguridad o movilidad, su administración ha dejado sombras.
El reto de gobernar un municipio en crecimiento constante es enorme. Apodaca ha duplicado su tamaño en pocos años, y con ello sus problemas. Garza Arredondo ha intentado atender lo macro, pero a veces ha fallado en lo micro: en lo cotidiano del ciudadano común.
Su perfil técnico y su cercanía con el sector empresarial le han abierto puertas, pero también le han alejado de la sensibilidad social. El político que quiere trascender debe equilibrar eficiencia con empatía.
Su luz, aunque potente, necesita llegar a todos los rincones. Y eso implica escuchar más, delegar mejor y conectar con realidades diversas. La popularidad no es suficiente si no se traduce en bienestar tangible.
César Garza Arredondo tiene aspiraciones claras. Para avanzar, debe pasar de ser “el sol de unos cuantos” a iluminar con justicia a toda su comunidad.
Rumbo al 2027. Tatiana Clouthier
La conversación política rumbo al 2027 en Nuevo León se está moviendo con una velocidad distinta, más calculada y más estratégica.
En este contexto, Tatiana Clouthier aparece de nuevo como una figura que varios grupos internos de Morena intentan posicionar en el tablero estatal. No es casualidad: el partido sabe que la competencia será compleja y que necesita comenzar su estructura de posicionamiento desde ahora.
Aunque su papel actual como titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior la mantiene lejos del activismo local, su nombre empieza a surgir entre morenistas que ven en ella una alternativa femenina para la gubernatura.
Pero la estrategia no es sencilla. Morena sabe que ya pagó un costo político importante en 2021 cuando intentó impulsar a Clara Luz Flores, quien terminó en un desastroso cuarto lugar, algo que aún pesa dentro del partido.
Aun así, en varias reuniones discretas de militantes se ha comenzado a instalar la narrativa de que la próxima candidatura debe ser una mujer, aunque en Nuevo León MORENA tiene perfiles de alto valor como Andrés Mijes, Alcalde de Escobedo.
La apuesta no está exenta de resistencias. Morena sigue enfrentando divisiones internas, liderazgos fragmentados y una estructura territorial que no termina de consolidarse.
En este escenario, impulsar a una figura que lleva tiempo fuera de la coyuntura local representa un riesgo tanto para la operación electoral como para la cohesión partidista.
El alcalde que quiere más mientras Cadereyta sigue esperando
El alcalde de Cadereyta Jiménez, Carlos Rafael Rodríguez Gómez, insiste en presentarse como un actor político con proyección nacional.
Su asistencia a eventos fuera del municipio, como su participación en la Octava Asamblea de la CONAJOMX en el Senado de la República, donde tomó protesta como Secretario de la nueva Mesa Directiva, confirma que su mira está colocada en algo más que la administración local.
En su discurso se habla de tender puentes, diseñar políticas públicas y colaborar con políticos y empresarios del país. Todo suena bien en el papel, pero la realidad cotidiana de Cadereyta contrasta con ese relato aspiracional.
Mientras el alcalde viaja y acumula nombramientos, la ciudadanía sigue enfrentando problemas que no se resuelven con fotografías en eventos nacionales.
El municipio arrastra desafíos graves: seguridad, servicios, movilidad, mantenimiento urbano y crisis ambiental. Temas que requieren presencia, gestión local y decisiones sostenidas, no solo discursos sobre articulación nacional. La distancia entre la narrativa del alcalde y las necesidades de la gente se vuelve cada vez más evidente.
Resulta claro que Carlos busca posicionarse rumbo al escenario político de 2027. Su agenda revela un intento de construir relaciones y visibilidad más allá de su municipio, una práctica común entre alcaldes con aspiraciones. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿cómo puede aspirarse a más cuando los pendientes actuales siguen acumulándose?
Cadereyta no necesita un alcalde con proyección nacional; necesita uno con prioridades locales. Los habitantes ven cómo la figura de su alcalde se multiplica en nuevos espacios, pero no ven multiplicarse las soluciones a los problemas que viven todos los días.
Si algo queda claro es que el alcalde está construyendo su ruta, pero el municipio sigue a la espera de que el gobierno local realmente asuma las tareas que tiene frente a él. El tiempo político avanza y, mientras tanto, los problemas siguen acumulándose.
Movimiento Ciudadano y la urgencia de mantener la casa en orden
La dirigencia de Movimiento Ciudadano en Nuevo León atraviesa un momento clave. Su líder estatal, Baltazar Martínez Ríos, intenta recomponer la estructura partidista después de semanas de tensiones y desbandadas.
El hecho reciente de que algunos regidores abandonaran al partido para integrarse a Morena encendió los focos internos y obligó a una respuesta inmediata.
En este contexto, Baltazar presentó como un avance importante el esfuerzo por agrupar nuevamente a más de 150 regidores y síndicos del estado. La intención es clara: demostrar unidad, recuperar cohesión y enviar el mensaje de que MC mantiene estructura suficiente para competir rumbo a 2027. Pero la realidad es más compleja de lo que el discurso pretende mostrar.
El dirigente enfrenta críticas por su desempeño como diputado, donde arrastra pendientes relevantes, y por la percepción de que el partido ha perdido rumbo. La dirigencia estatal parece concentrarse más en la contención interna que en el fortalecimiento externo, lo cual revela la fragilidad de su estructura.
Aunque el llamado a la coordinación suena institucional, también evidencia la necesidad de reconstruir la confianza entre cuadros que se han sentido desplazados o ignorados. Las recientes salidas hacia Morena no fueron casuales: responden a tensiones acumuladas y a la percepción de que el partido no ha logrado ofrecer claridad rumbo al futuro inmediato.
El esfuerzo de Baltazar por reagrupar actores territoriales forma parte de un intento por mantener el orden antes de que el proceso electoral avance más. En un partido que históricamente ha destacado por su dinamismo, la actual etapa se percibe más defensiva que propositiva.
Lo que está en juego no es solo la unidad partidista, sino la capacidad de MC para sostener su presencia competitiva en el estado. Si no logra afianzar una estructura sólida en estos meses, cualquier aspiración fuerte para 2027 podría debilitase antes de iniciar.
La diputada que levanta la voz ante la deuda estatal
La diputada local del PRI, Lorena de la Garza Venecia, se ha convertido en una de las voces más críticas frente a la propuesta de endeudamiento del Gobierno de Nuevo León. Su postura señala: el Ejecutivo pide 13 mil millones de pesos adicionales, pero aún no explica con transparencia en qué se gastaron los recursos correspondientes a 2025.
Este señalamiento no es menor. En un estado donde la discusión financiera suele dividir posiciones partidistas, la diputada coloca el foco en las obras con sobrecosto, como las líneas 4 y 6 del metro, que ya acumulan un 60 por ciento extra del presupuesto estimado y han generado daños colaterales en el drenaje. El tema conecta directamente con la percepción ciudadana sobre opacidad y mala planeación.
Lorena plantea que el aumento de 16 por ciento al gasto del propio Gobierno contrasta con los recortes de hasta 32 por ciento a instituciones encargadas de justicia y transparencia. Ese contraste alimenta dudas legítimas sobre prioridades y sobre la lógica detrás de la propuesta presupuestal. Su posicionamiento se alinea con la narrativa priista de control y vigilancia del gasto público.
El análisis de la diputada no se queda en la crítica; también advierte sobre los riesgos sociales de un presupuesto orientado a obras emblemáticas mientras áreas esenciales como seguridad, movilidad, agua y salud reciben menos recursos de los necesarios. Para el PRI, esta discusión no es solo técnica: también tiene relevancia electoral rumbo a 2027.
La figura de Lorena se fortalece dentro de un partido que necesita renovar voces y demostrar que aún puede ejercer contrapeso. Su discurso apunta a una estrategia donde el PRI busca reposicionarse como una fuerza que vigila, cuestiona y propone, algo crucial en tiempos donde su presencia estatal se ha debilitado.
Cada pronunciamiento de la diputada contribuye a construir un perfil político que combina firmeza y análisis técnico. Esto la coloca en un espacio relevante dentro de la conversación pública, más aún cuando la ciudadanía percibe incertidumbre en la administración estatal.
Mítico y místico
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Félix Cortés Camarillo para Pan y Circo
Hay pueblos, sociedades, que casan su perfil trascendental con lo mítico. El término viene de la palabra griega que sirve para nombrar lo que los mexicanos llamamos un cuento: es algo más que un género literario difícil y plausible. Es un engaño fascinante. Por ello, los europeos explican mucho de su historia basados en mitos. Los Vikingos, como primeros pobladores de lo que se iba a llamar América, el Vellocino d’Oro, o toda la épica griega de Homero y su hija romana, con Virgilio.
Otros prefieren afiliarse al partido de la mística. Ellos relacionan la realidad principalmente al Arcano, el ser supremo, lo oculto. Las culturas orientales, especialmente el hinduismo y su ahijada el budismo, son el mejor ejemplo: lo que es, es porque es, y ya. En eso coinciden con los míticos en su vocación fatalista.
México tiene la peculiaridad de hacer un coctel muy atractivo de las dos escuelas. Conjugar el hecho de la llegada de los españoles con el retorno mítico de Quetzalcóatl requiere de un poder imaginativo enorme por parte de los sacerdotes. La narrativa verbal de Cantinflas, que tanto nos divierte, nace de la confusión, del retruécano, del decir todo diciendo nada, con un quiasmo adicionado. Lo confuso deviene verdad dialéctica. Ansina semos, de manera especial en el oficio político.
La historia de Alejandro Gerz Manero (yo le digo Herz, que en alemán quiere decir corazón) y su salida del cargo de Fiscal General de la República ilustra bien el caso. El manejo de la noticia siguió el curso de lo mítico y lo místico.
Primero el mensaje y luego la realidad, diría Lewis Carroll en los dos libros de Alicia. “Alguien”, siempre hay uno, filtró la información desde el Senado que el fiscal dejaba el cargo. Esa técnica tiene la virtud de desatar las especulaciones. Ya se le veía enfermo, escucho por ahí. Nunca tuvo buena relación con la presidentA, dicen otros. El asesinato en Uruapan molestó mucho a su jefa, que le pidió la renuncia. Le repercutió mucho en su prestigio la muerte de Silvia Pinal, a quien persiguió hasta el exilio forzado por querellas de la producción teatral, hay quienes recuerdan.
Entonces aparece lo místico, lo oculto. En la catedral de la verdad, que es la mañanera del pueblo, alguien apropiadamente le preguntó a la señora presidente con A, sobre el tema. Desde luego, todos sabemos que la Fiscalía (antes Procuraduría) es un ente autónomo, sobre el que el Ejecutivo no debe tener injerencia. Por eso hay que preguntarle en la mañanera a doña Claudia.
Lo único que doña Claudia pudo decir es que había recibido un documento del Senado y que lo estaba estudiando con sus abogados y asesores y que mañana (hoy) informaría. A nueva insistencia, sólo dice “mañana, mañana”.
Según la letra, a la fiscalía se le puede dejar solamente por “causa grave”. En el caso,esgrimir un mal físico serio, se considera una causa grave. Pero en la mítica y la mística de la política mexicana, NADIE renuncia a nada.
Faltaba más.
Ahora sigue el mito: el Senado armará una lista de diez posibles sucesores del renunciante; la presidente con A regresará con una terna, y el Senado, por mayoría calificada, designará a la nueva titular de la Fiscalía. Adivina, adivina, adivinador. Ernestina Godoy Ramos ya llegó.
PARA LA MAÑANERA DEL PUEBLO (porque no dejan entrar sin tapabocas): El gran distractor de este sexenio le cayó a doña Claudia desde Washington. Se llama la Copa del Mundo 2026, en la que México y Canadá van a ser los aguadores de las patadas. El tema aparta la atención de todos los problemas. Pero los cuatreros del segundo piso ya anunciaron la supuesta permanencia de las obras que hay que hacer para poder participar en la fiesta, que es de los Estados Unidos.
Le contaron a la presidente Sheinbaum que de aquí al verano que viene se va a rescatar cuatro mil y pico de canchas de futbol, para que nuestros nietos hagan deporte y no vayan por el camino del mal. Nadie sabe en dónde chingados están esas canchas abandonadas y qué se les va a hacer.
Es muy fácil. Mi primer cancha de futbol fue la calle en donde vivíamos, con cuatro piedras que marcaban las dos porterías. Así, se pueden hacer diez mil canchas en media hora. Ahora, ya en serio, solo se necesita un terreno plano, dos porterías y una línea de cal que pinte un rectángulo partido por la mitad, dos rectángulos menores para las áreas chicas, un círculo al centro y dos puntos para el castigo. Otra cosa es si queremos pasto, gradas, techos, baños y no se diga vestidores.
Para eso, necesitamos otro mundial.
El que tiró de penal y lo falló fue el mentiroso gobernador de Nuevo León -gracias señora presidenta- informando ayer en Palacio que en Nuevo León se harán quinientas canchas, de las cuales ya hay 350 terminadas.
Yo, al menos, no he visto ninguna.
Austeridad a la justicia: recorte que condena
Invitamos a nuestros lectores para que lean la columna nuestro colaborador Pedro Ocañas Ibarra que se localiza en la sección: y como siempre querido lector Usted tiene la mejor opinión de su contenido.
Pedro Ocañas para Pan y Circo
El recorte de 15 mil 805 millones de pesos al Poder Judicial de la Federación no solo es una cifra en un documento presupuestal: es un mal mensaje para un país que ya arrastra una justicia lenta, saturada y distante del ciudadano.
Porque una justicia con menos presupuesto se traduce en lo que ya sabemos: menos personal en los juzgados, más retrasos y más expedientes atorados. Y como siempre este recorte no lo sufrirán los políticos que la aprobaron –ellos tienen fuero- lo pagarán los ciudadanos que esperan justicia.
La Cámara de Diputados aprobó el 6 de noviembre este recorte al presupuesto del 2026. Y que llegó cuando acababa de pasar la reforma judicial que prometió modernidad y eficiencia en la resolución de algunos casos.
De los 85 mil 960 millones de pesos solicitados, los legisladores solo aprobaron 70 mil 155 millones.
Esta medida afectará en la operatividad de los Juzgados Federales, incluidos los de Nuevo León, en donde la carga de trabajo ya es desproporcionada y la infraestructura insuficiente. Ahora deberán trabajar con menos recursos y con las mismas –o incluso mayores- exigencias.
Los recortes también golpean el área administrativa encargada de la nómina, prestaciones, liquidaciones y servicios técnicos. Todo lo que permite que los tribunales funcionen día con día.
En la entidad se vive una presión judicial constante con procesos de delincuencia organizada, violencia familiar, miles de amparos, litigios empresariales complejos y una larga fila de ciudadanos que esperan lo básico: justicia.
En los juzgados los expedientes crecen más rápido de lo que pueden resolverse, y con menos secretarios, menos actuarios, menos personal técnico, menos mantenimiento, menos digitalización, y el resultado final es inevitable: más tiempo para resolver.
La calidad de las resoluciones, la rapidez y la capacidad de respuesta del Poder Judicial se verán comprometidas.
Al final, el último en la fila, que es el ciudadano común, será quien pague esta “austeridad” con algo que nadie le devolverá y se llama tiempo.
A veces ese tiempo se convertirá en años.
Este recorte no es “austeridad” es una renuncia del Estado a su obligación más básica que es garantizar la justicia.
Presumir una reforma judicial más moderna, pero sin dinero es solo propaganda.
Por eso este recorte, no es un ajuste ni un ahorro al país, es un mensaje claro: la justicia se seguirá tardando.
Gobierno y universidades consolidan compromiso con la juventud de NL
La Universidad Autónoma de Nuevo León que dirige el Rector Dr. Santos Guzmán López, junto con otras seis instituciones de educación superior del estado, refrendó su compromiso con las juventudes del estado con la firma de una carta de intención con la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León.
En el marco de la toma de protesta de la Segunda Generación del Consejo de Adolescentes del Centro de Atención Integral para Adolescentes (CAIPA), el documento signado garantizará, a través de las universidades, los instrumentos jurídicos para fundamentar y darle seguimiento al pliego petitorio presentado en favor de los jóvenes de la entidad.
Firmaron el convenio la titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del estado, Martha Patricia Herrera González; el director de la Facultad de Psicología de la UANL, Mario Alberto Loredo Villa, y representantes de la Universidad Iberoamericana Monterrey, Universidad de Monterrey, Tecnológico de Monterrey, Universidad del Norte, Universidad de Montemorelos y Universidad Metropolitana de Monterrey.
Herrera González determinó que esta carta de intención beneficia no solo a las juventudes, sino también a las universidades al fortalecer sus conocimientos. Agregó que, a partir de 2026, harán esfuerzos para consolidar los alcances de este documento mediante un convenio de colaboración entre el Gobierno y las universidades involucradas.
“Hoy firmamos este documento para seguir trabajando en 2026 y poder firmar nuestro convenio de colaboración para que las y los jóvenes de Nuevo León se sientan acompañados con una red de apoyo respaldada por universidades”, agregó la Secretaria de Igualdad e Inclusión.
La firma del documento se llevó a cabo en la Sala de Usos Múltiples de la Facultad de Psicología de la UANL. Integrantes de la primera generación del Consejo CAIPA, invitados especiales, padres de familia y miembros de organizaciones civiles estuvieron presentes en el evento.
Trabajan para la juventud
El Consejo de Adolescentes del CAIPA es un espacio creado por y para jóvenes donde sus voces son escuchadas y consideradas para construir políticas públicas que impacten en el presente y futuro de las generaciones.
Este órgano integrado por jóvenes entre los 12 y 18 años busca trazar una ruta para que sean escuchados, participen y construyan un mejor estado. A través de sesiones de trabajo, el consejo ha abordado temáticas como el abuso de autoridad, autoestima y salud mental, estableciendo una red de apoyo para la juventud.
En representación de las universidades involucradas, el director de la Facultad de Psicología de la UANL, Mario Alberto Loredo Villa, refrendó su apoyo a los 22 jóvenes integrantes de la segunda generación del Consejo de Adolescentes del CAIPA. Añadió que la salud mental es la piedra angular para establecer generaciones con un bienestar integral.
“Las universidades aquí presentes tenemos que apoyarnos para sacar este proyecto adelante. Es muy importante el trabajo que tienen entre sus manos porque la juventud es el tesoro más importante que tiene la sociedad”, mencionó.
El CAIPA es un espacio que ofrece apoyo y orientación a jóvenes entre los 12 y 18 años en situaciones de riesgo. Además brinda atención psicológica y orientación educativa mediante talleres de desarrollo personal. Este centro también ayuda a prevenir conductas delictivas y a fortalecer el bienestar emocional, físico y social de los adolescentes y sus familias.
Reconocimiento facial: equilibrar la innovación con la responsabilidad
Por Thomas Jensen, CEO de Milestone Systems
El reconocimiento facial se ha convertido en uno de los temas más divisivos en el campo de la tecnología de video avanzada. Su sola mención despierta una mezcla de esperanza y preocupación que refleja el debate mucho más amplio en torno a la inteligencia artificial (IA).
Por un lado, esta herramienta genera inquietudes legítimas sobre la privacidad, el abuso en la vigilancia y la posibilidad de sesgos. Por otro, su uso —ya extendido en aeropuertos y dispositivos móviles— tiene el potencial de salvar vidas y optimizar investigaciones en delitos graves, donde cada minuto es crucial.
Ante esta dualidad de alto riesgo y alto beneficio, resulta indispensable construir un marco que permita aprovechar sus ventajas sin comprometer derechos fundamentales. Renunciar por completo al reconocimiento facial también implica perder herramientas valiosas para la seguridad pública. La clave está en desarrollar reglas claras, estándares rigurosos y una transparencia absoluta en su implementación.
A continuación, se plantean los elementos necesarios para equilibrar la innovación tecnológica con la responsabilidad social.
La protección de datos, prioridad absoluta
La principal inquietud del público es imaginar que el reconocimiento facial pueda convertirse en un sistema de vigilancia masiva, al estilo “Gran Hermano”, capaz de monitorear cada movimiento. Ese escenario, sin duda alarmante, constituiría una violación directa a la privacidad y a los valores democráticos.
Para evitar ese riesgo, esta tecnología debe utilizarse únicamente bajo condiciones justificadas, con bases de datos legales, limitadas y predefinidas. Comparar imágenes con listas de personas buscadas por Europol o Interpol, o aplicarla en la búsqueda de personas desaparecidas con el consentimiento de sus familias, son ejemplos de uso apropiado.
En contraste, alimentar modelos con fotografías tomadas de redes sociales u otras plataformas sin autorización expresa sería inaceptable. Las imágenes personales compartidas en línea no están destinadas a la vigilancia ni al entrenamiento de algoritmos. Una base de datos sin límites podría convertir a cualquier ciudadano en un potencial identificado sin motivo.
Un caso ejemplar de una aplicación segura es el de los aeropuertos: en los controles fronterizos automatizados, la comparación se hace entre la imagen en vivo del viajero y la foto biométrica de su pasaporte. El proceso es local, temporal y sin almacenamiento prolongado.
Otra preocupación frecuente es el robo de datos biométricos. Hoy, los sistemas responsables no almacenan imágenes completas, sino firmas digitales irreversibles. Aunque parezcan abstractas, estas firmas no pueden reconstruirse en fotografías reales, lo que minimiza el riesgo. Aun así, deben mantenerse protocolos estrictos de cifrado, control de accesos y minimización de datos.
Sesgo algorítmico: un reto que requiere vigilancia constante
Es cierto que los sistemas de reconocimiento facial pueden cometer errores, especialmente con grupos demográficos subrepresentados. Las investigaciones del MIT Media Lab y del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU. (NIST) han demostrado que algunos sistemas presentan mayores fallas en mujeres, adultos mayores y personas con tonos de piel más oscuros.
Estos sesgos no son exclusivos de la tecnología; reflejan desigualdades en los datos de entrenamiento o incluso en decisiones humanas de diseño. Por ello, deben tratarse con la misma seriedad que los sesgos humanos: mediante evaluaciones continuas, auditorías de equidad y el uso de bases de datos diversas.
La transparencia sobre las tasas de exactitud según cada grupo demográfico debería ser obligatoria, y la actualización constante de los modelos, una práctica estándar.
Límites legales y operativos claros
El reconocimiento facial debe restringirse a delitos graves y escenarios de alto riesgo. Su normalización indiscriminada en espacios públicos sería un riesgo grave para las libertades civiles.
La supervisión adecuada comienza por la regulación. La Ley de IA de la Unión Europea (AI Act) es un referente al prohibir su uso en tiempo real por fuerzas del orden en espacios públicos, excepto en circunstancias estrictamente delimitadas, como la búsqueda de personas desaparecidas o la prevención de atentados. El análisis retrospectivo —es decir, con grabaciones— sí se permite bajo control judicial.
Contrario a la creencia popular, un sistema en vivo puede ser menos invasivo que el análisis retrospectivo: procesa imágenes en tiempo real y descarta todas las que no coinciden con una lista predefinida. Las grabaciones, en cambio, deben almacenarse, lo que implica mayores riesgos de privacidad.
Más allá de las leyes, las instituciones deben establecer protocolos operativos sólidos. El “principio de los cuatro ojos”, que obliga a dos oficiales a validar cualquier coincidencia antes de actuar, es una práctica clave para reducir errores. También lo son las auditorías internas, la documentación de cada uso y reglas claras de retención de datos, con plazos razonables —por ejemplo, 30 días— para su eliminación.
Estandarizar estos requisitos entre jurisdicciones beneficiaría tanto a gobiernos como a empresas, al ofrecer certidumbre y armonización regulatoria.
Una responsabilidad compartida
El marco normativo corresponde a los gobiernos, pero la responsabilidad de un uso ético también recae en el sector privado. Las empresas tecnológicas deben adoptar códigos de conducta, ser transparentes sobre las capacidades y limitaciones de sus sistemas, capacitar a sus clientes y, cuando sea necesario, rechazar proyectos que no cumplan con estándares éticos, incluso si son legales.
Asimismo, la colaboración con los legisladores debe ser proactiva. Los desarrolladores conocen mejor que nadie los alcances y riesgos de estas tecnologías; su participación es indispensable para construir políticas públicas realistas.
Conclusión: una herramienta útil, siempre que esté regulada
El reconocimiento facial no es inherentemente bueno o malo. Su impacto depende de cómo, dónde y con qué salvaguardas se utilice.
Con reglas claras, responsabilidad compartida y un compromiso auténtico con la privacidad, es posible aprovechar sus beneficios sin comprometer derechos fundamentales. La innovación y la protección de datos no tienen por qué estar enfrentadas; con un uso responsable, pueden coexistir en equilibrio.
Refinería de Dos Bocas, lejos de refinar 280 mil barriles diarios: Producción cae 1.7% en octubre
La refinería Olmeca aportó el 17.9 por ciento de la producción de petrolíferos de México, según el reporte de Pemex.
La refinería Olmeca, ubicada en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco, procesó 191.6 mil barriles diarios de petróleo crudo durante octubre del presente año, lo que representó una disminución de 1.7 por ciento respecto a lo observado en septiembre, reveló el reporte operativo mensual de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De esta manera, la refinería aún está lejos de refinar los 280 mil barriles diarios que ‘presumió’ la presidenta Claudia Sheinbaum en días pasados, al menos eso es lo que indican los datos oficiales certificados de la petrolera.
Apenas el pasado 21 de noviembre, Sheinbaum indicó que la refinería de Dos Bocas más nueva del país funcionaba ‘superbien’, ya que su capacidad de refinación de crudo había pasado de 150 a casi 300 mil barriles diarios.
“A ver si vamos pronto, los invito a Dos Bocas, a la refinería Olmeca, que está funcionando superbien. Produce 280 mil barriles diarios”, detalló la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.
¿Qué tan productiva es la refinería de Dos Bocas?
El reporte operativo de Pemex reveló que Dos Bocas fue la tercera refinería más productiva del país durante octubre, solo por debajo de la planta de Salina Cruz, Oaxaca (223.7 mil barriles diarios) y Tula, Hidalgo (207.9 mil barriles diarios).
La capacidad de refinación del Sistema Nacional de Refinación (SNR) integrado por siete refinerías reflejó un repunte durante el décimo mes del año, al alcanzar 1 millón 43 mil barriles diarios, lo que significó un aumento de 9.8 por ciento respecto a septiembre.
Una vez refinado el ‘oro negro’, Dos Bocas logró elaborar 185.9 mil barriles diarios de petrolíferos durante octubre, lo que significó una reducción mensual de 3.4 por ciento.
Esta es la quinta vez del año que la producción de petrolíferos, como gasolinas y diésel, muestran un retroceso mensual, lo que indica que la refinería presenta un comportamiento irregular en sus operaciones.
La refinería Olmeca aportó el 17.9 por ciento de la producción de petrolíferos del país.
De manera puntual, la nueva refinería elaboró 70.1 mil barriles diarios de gasolinas, de los cuales 68.5 por ciento fueron gasolina magna y 31.5 por ciento premium.
Adicionalmente, la planta logró producir 80.7 mil barriles diarios de diésel ecológico y 24.7 mil barriles diarios de coque. La refinería también logró elaborar 10.3 mil barriles diarios de gas seco.
Una de las agresiones más extremas
¿Cómo avanza México en atender la violencia ácida contra mujeres?
Varios estados modificaron sus códigos penales para integrar los ataques con sustancias corrosivas, pero debe problematizarse la mejor forma de tipificarlos, señala Rosalba Cruz, consejera jurídica de la CIGU
“La violencia ácida contra la mujer es una de las más extremas. Te borran tus proyectos, cara e identidad, si es que no la vida”, expresó María Elena Ríos Ortiz, estudiante de la Facultad de Música de la UNAM, activista y sobreviviente de un ataque con ácido perpetrado el 9 de septiembre de 2019. Este acontecimiento llevó a Malena, como prefiere ser nombrada, a promover una iniciativa de ley que atienda este tipo de agresión.
A partir de ello, 17 entidades federativas del país (hasta noviembre de 2025) efectuaron cambios en sus códigos penales para incluirla (aunque otras también la contemplan).
“Cada quien ha legislado de diferente manera. No es clara la inclusión bajo la razón de género, por lo que, al no haber armonización, se dificulta el análisis y atención de los casos, así como la aplicación de política pública integral. En algunos estados aparece en sus códigos penales, en otros se colocó como lesiones agravadas y en unos más se considera feminicidio en grado de tentativa. Es importante problematizar sobre la mejor forma de tipificarla”, apuntó Rosalba Cruz, consejera jurídica de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM (CIGU).
Pese a que en términos generales y mediáticos se habla de violencia ácida, con base en la investigación y aportes de diferentes disciplinas debe nombrarse “violencia cometida con cualquier sustancia corrosiva”, para incluir ácidos, álcalis, químicos o gasolinas, entre muchas otras que, en numerosos casos, no sólo causan lesiones, sino que por su composición ponen en riesgo la vida, señaló.
Por su parte, Lucía Núñez, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), subrayó: “La raíz de estos ataques es la violencia contra las mujeres. Deberíamos intervenir, a nivel prevención, para abordar las relaciones de pareja, familiares y sociales que promueven la ejecución constante de estas conductas. Eso no es sencillo y es donde menos hemos actuado”.
Tipificar
Malena es originaria de Oaxaca, comunicóloga y apasionada del saxofón, instrumento el cual toca desde que tenía nueve años y al que describe como una extensión de ella, como un compañero y algo que le genera tranquilidad.
“Siempre quise tener un título de la UNAM y estudiar música en Ciudad de México. Por ello, decidí terminar una relación que no era sentimental, sino de sometimiento. Eso derivó en que mi agresor, un exdiputado, me mandara a atacar con ácido porque me consideraba de su propiedad”.
Lucía Núñez explica que estas agresiones son frecuentes y pretenden alterar el físico y fisionomía femeninas. “Tratan de minusvalorar a las mujeres al desfigurarlas; eso envía el mensaje de que nadie más puede verlas. Se les considera objeto de belleza y pareciera que, al dañar su apariencia, acaban con su vida social y civil”. También se han arrojado sustancias a órganos sexuales con la intención de inhabilitarlas, añadió.
“Se quema o perjudica el cuerpo como un acto de venganza que ocurre en contextos en los que ellas deciden salir de un ambiente de violencia. Es el momento de mayor riesgo”, planteó Rosalba Cruz.
En el ámbito mundial, se estima que, anualmente, ocurren al menos 10 mil ataques con ácido, según Acid Survivors Trust International, pero podrían ser más, pues muchos países no llevan un registro oficial y en otros no se denuncia por temor a represalias. En México, entre enero y octubre de 2025, se identificaron 393 víctimas de amenazas o agresiones consumadas con ácido o sustancias corrosivas, de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Con base en sus registros, más de la mitad de las personas agresoras fueron cónyuges o parejas (115) y exparejas (108).
Para quienes son atacadas de esta forma, acceder a justicia y servicios médicos integrales ha sido complicado, ya que, en muchas ocasiones, al recibir atención se dictamina que lo suyo son tan sólo lesiones simples.
“Cuando en las instituciones de procuración de justicia (como las fiscalías), la primera respuesta es ésa, implica un sistema patriarcal que impide comprender lo que conlleva dicha violencia. Se consideran lesiones simples aquellas que sanan en menos de 15 días o que no dejan cicatrices perpetuas en cara o cuerpo, y que ocurren en circunstancias particulares donde puede, por ejemplo, no haber dolo”, expuso Cruz.
La investigadora del CIEG agregó que, para los movimientos de víctimas ha sido importante que el Estado reconozca que no es lo mismo una lesión simple que algo que borra y altera la identidad y el físico.
En este escenario, hasta noviembre de 2025, Baja California, Baja California Sur, Campeche, CdMx, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz modificaron sus códigos penales bajo la iniciativa Ley Malena, a fin de integrar los ataques con ácido o cualquier sustancia corrosiva contra las mujeres. Aunque hay consideraciones que deben discutirse, pues cada uno ha legislado de forma distinta.
“La mayoría de las entidades agregaron estas agresiones al catálogo de lesiones, pero se debe considerar que ameritan un tipo penal autónomo para señalarlas (lo que no se nombra no existe) y para posibilitar políticas públicas. También es crucial visibilizar y entender las particularidades de una violencia de esta naturaleza bajo la óptica de lo que significaría el proceso de investigación y acreditación. Todo esto debe problematizarse con perspectiva de género”, expuso la integrante de la CIGU.
Ello permite una armonización en términos legislativos para tener datos, sanciones, estrategias de intervención integral y una política institucional que atienda las características específicas en materia de reparación de daño. De esta forma, no queda sólo en la descripción de un tipo penal.
La saxofonista advirtió que, en muchas ocasiones, en el sector público de salud desconocen cómo tratar las quemaduras con sustancias corrosivas. “No se trata sólo de la atención primaria (salvarte la vida en ese momento), sino de lo que sucede después. Es injusto y lamentable que haya médicos o servidores públicos que digan que éstas son heridas que sanan en 15 o 20 días. Llevo más de seis años, 10 cirugías reconstructivas y las cicatrices mejoran, mas no se borran. Es algo a lo que nos enfrentamos las víctimas; llevamos la prueba del delito con nosotras y la vemos a diario, cuando nos confrontamos con el espejo”.
Mediante el proyecto Ley Malena, se exige garantizar el acceso adecuado a la salud, la reparación del daño y un seguimiento médico tanto físico como psicológico, pues la salud mental también se ve afectada gravemente. De hecho, la activista confiesa sufrir de estrés postraumático: muchas mañanas despierta con miedo y desconoce por qué, y en ocasiones sueña que le avientan ácido en distintos escenarios.
“El agresor y las instituciones, al fallar en su labor, te someten a más violencias. Tras el borrado que me sucedió, aprendí a seguir adelante, con el apoyo de mi familia y de la sociedad”.
Más allá de la sanción
Lucía Núñez planteó que tanto víctimas directas como indirectas tienen la legitimidad y el derecho de acudir a medios punitivos, pero enfatizó: “La diversificación de tipos penales provocaría problemas en el sentido de que, para todas, se busca la privación de la libertad de la persona agresora. Sin embargo, las medidas de prevención son escasas”.
Al respecto, refiere que se han establecido una serie de estrategias coordinadas entre las instancias del gobierno para atender estas situaciones, “aunque están más centradas en la cuestión disuasoria, es decir, parece que una pena privativa de libertad disuade a otros varones de incurrir en este tipo de conductas. Son acciones que castigan una actitud indebida, pues debe asumirse una responsabilidad por quien la comete, pero se ha abandonado mucho el evitar su ocurrencia”.
Algunas medidas planteadas se relacionan con prevenir en el contexto, pero como se trata de acciones que no tienen respuesta inmediata, no se les considera redituables a nivel político. Una, por ejemplo, sería intervenir, a nivel escolar, libros o medios de comunicación, ya que estos últimos son espacios donde a las mujeres se les ve como objeto sexual o poseedoras de estereotipos de belleza, apuntó Núñez.
Para la académica es importante establecer estrategias conjuntas que sean transformadoras y vayan más allá de la sanción penal. “Eso nos ha faltado a nivel global. Hoy se discute, dentro de los feminismos, cómo acompañar a las víctimas, reconociendo sus necesidades y ofreciendo políticas alternas que no se reduzcan a la instrumentalización, por parte del Estado, del dolor y la violencia, es decir, aumentar penas y no efectuar investigaciones para conseguir otro tipo de respuestas, por ejemplo”.
Alzar la voz
Con su activismo, Malena busca dejar un precedente que evite que otras personas sean atacadas de la misma forma y, si esto ocurre, que tengan oportunidad de recibir atención jurídica y médica óptima e integral.
“Es importante entender que los ataques con ácido no son hechos aislados, son la culminación de una serie de violencias previas contra nosotras. Es necesario enunciar todas estas realidades, porque lo único que queremos es que se reconozcan nuestros derechos humanos”.
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