PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
La muerte de Dafne Zapata, una adolescente de apenas 13 años, no puede quedar reducida a una noticia trágica que durante algunos días provoque indignación y después desaparezca de la conversación pública.
Su caso debe obligarnos a revisar lo que ocurre dentro de escuelas, academias, campamentos y clubes deportivos en los que la violencia continúa disfrazándose de disciplina, tradición o formación del carácter.
Dafne ingresó el pasado 13 de julio a un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Cuatro días después murió. Inicialmente, el personal del plantel aseguró a su familia que la menor se había desvanecido mientras se bañaba. Sin embargo, la necropsia estableció como causa de muerte asfixia por sumersión y la madre denunció que su hija presentaba lesiones y había sido sometida a maltratos durante su estancia.
La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio y varias personas relacionadas con la academia han sido detenidas. Corresponderá a las autoridades determinar responsabilidades individuales, pero desde ahora resulta evidente que hubo una falla colectiva: una menor fue colocada bajo el cuidado de adultos y ya no regresó con vida.
Lo ocurrido es particularmente grave porque tuvo lugar en una institución que ofrecía orden, disciplina y formación. ¿De qué disciplina podemos hablar cuando se toleran golpes, humillaciones, castigos físicos o novatadas? ¿Qué clase de carácter se pretende construir mediante el miedo y el sometimiento?
Durante demasiado tiempo, en México hemos normalizado estas prácticas. Ocurren en academias militarizadas, pero también en preparatorias, universidades, equipos deportivos. A los jóvenes de nuevo ingreso se les obliga a superar supuestas “pruebas” de resistencia, obediencia o valentía. Lo que se presenta como una tradición de bienvenida termina convirtiéndose en agresiones físicas y psicológicas que pueden poner en riesgo la integridad y hasta la vida.
El problema no es solamente la existencia de quienes ejercen la violencia. También lo es el silencio de quienes observan, la complicidad de quienes la consideran una costumbre y la negligencia de las autoridades que no supervisan. Ninguna tradición merece conservarse cuando implica humillar, golpear o atemorizar a una persona.
Tras la muerte de Dafne, la Secretaría de Educación Pública ordenó una revisión nacional de las escuelas que ofrecen formación militarizada y recordó que esa modalidad no está contemplada en la legislación educativa. La medida es necesaria, pero llega después de una tragedia. Además, una inspección administrativa será insuficiente si únicamente se revisan permisos y documentos. Es indispensable investigar qué sucede realmente dentro de esos planteles, quién vigila a los instructores y qué mecanismos tienen los alumnos para denunciar abusos sin temor a represalias.
La muerte de Dafne tampoco debe analizarse de manera aislada. En los planteles educativos hemos conocido amenazas de tiroteos, retos difundidos en redes sociales, agresiones grabadas para obtener popularidad y conductas irracionales que ponen en peligro a estudiantes y maestros. Son manifestaciones distintas de un mismo problema: la banalización de la violencia y la incapacidad de muchas instituciones para detectarla y detenerla a tiempo.
Estamos a unos días del inicio de un nuevo ciclo escolar. Es el momento de rectificar el camino. Las escuelas deben establecer protocolos claros contra novatadas, castigos físicos, intimidación y retos peligrosos. Los padres deben preguntar qué actividades realizan sus hijos, quiénes las supervisan y bajo qué reglas. Los jóvenes necesitan saber que negarse a participar en una humillación no es cobardía y que denunciar no significa traicionar a un grupo.
El caso Dafne nos ha conmovido y nos ha indignado. Pero la indignación, por sí sola, no salva vidas.
Si permitimos que el tiempo diluya esta tragedia, tarde o temprano volveremos a lamentar otra.
