PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
La seguridad siempre ha sido una condición indispensable para el desarrollo económico.
Sin seguridad no hay inversión, no hay producción estable y, tarde o temprano, tampoco hay empleos.
En años no tan lejanos lo vimos incluso en estados industrializados como Nuevo León, cuando la violencia comenzó a modificar decisiones de inversión.
Hoy, Michoacán enfrenta una advertencia todavía más delicada: el crimen organizado puede poner en riesgo no solamente vidas y comunidades, sino toda una actividad económica.
Eso es lo que acaba de ocurrir con el aguacate.
El miércoles 5 de agosto, Estados Unidos suspendió las actividades de inspección de su personal agrícola en Michoacán después de una alerta de seguridad. Sin esas inspecciones no pueden certificarse nuevos cargamentos destinados al mercado estadounidense. Una cadena multimillonaria quedó, literalmente, a merced de las condiciones de seguridad.
La dimensión económica explica la gravedad. Solamente entre enero y abril de 2026, México exportó a Estados Unidos 501 mil 824 toneladas de aguacate, 35 por ciento más que durante el mismo periodo del año anterior. Además, cerca del 90 por ciento del volumen exportado por México tiene como destino el mercado estadounidense.
Estamos hablando, por tanto, de miles de productores, empacadores, transportistas y trabajadores que dependen directa o indirectamente de esta actividad.
La reacción del Gobierno mexicano, por ahora, parece haber sido adecuada.
La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este lunes que algunas personas relacionadas con las inspecciones habían recibido amenazas y anunció seguridad permanente para productores, empacadores e inspectores. El reforzamiento de la seguridad con más de mil 500 efectivos y las negociaciones con Washington permitieron que las actividades comenzaran a reanudarse parcialmente el sábado. Para este lunes ya operaban 45 de las 60 empacadoras, mientras unas nueve mil toneladas que habían quedado detenidas comenzaron a movilizarse gradualmente hacia Estados Unidos.
Es una buena noticia.
Pero sería un grave error celebrar la reapertura y dar por cerrado el episodio.
Porque el verdadero problema no son unos cuantos días sin exportaciones. El problema es que el crimen organizado ha adquirido capacidad para alterar una cadena internacional de suministro.
El asesinato, en octubre de 2025, de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y una de las voces que denunciaban públicamente las extorsiones contra productores de limón, dejó una advertencia que hoy vuelve a cobrar sentido.
Todo esto ocurre en momentos de creciente presión estadounidense contra los grupos de la delincuencia organizada mexicana. Por eso, cualquier amenaza contra personal de ese país adquiere inmediatamente una dimensión que rebasa lo fitosanitario y termina involucrando seguridad, comercio y política bilateral.
México no puede permitir que tenga que ser una decisión de Washington la que obligue, una y otra vez, a garantizar la seguridad que debería existir permanentemente.
Porque, además, ya ocurrió antes. Las inspecciones fueron interrumpidas por problemas de seguridad en 2022 y nuevamente en 2024.
Si vuelve a suceder y la respuesta consiste nuevamente en desplegar elementos de seguridad hasta que Estados Unidos reactive las inspecciones, estaremos administrando crisis, no resolviendo el problema.
¿Qué sigue?
Primero, restablecer al cien por ciento las exportaciones.
Pero después viene lo verdaderamente importante: combatir permanentemente la extorsión en toda la cadena agroalimentaria.
El aguacate mexicano seguirá teniendo enorme demanda en Estados Unidos. Pero ninguna ventaja comercial es eterna.
Lo ocurrido en Michoacán debe entenderse como una seria alerta económica, política y de seguridad nacional.
Porque cuando el Estado pierde el control sobre una región productiva, no solamente gana el crimen organizado. También se ponen en riesgo la inversión, los empleos, las exportaciones y, finalmente, la capacidad del país para decidir sobre su propia economía.
