PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
El Paquete Económico 2027 confirma una realidad que el discurso político difícilmente puede ocultar: el Gobierno Federal dispone cada vez de menos margen para decidir en qué gastar.
Hacienda propone un presupuesto de alrededor de 10.6 billones de pesos y una reducción de los Requerimientos Financieros del Sector Público de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027.
Es una señal de disciplina, pero también una consolidación lenta frente a una deuda que seguiría creciendo hasta 55% del PIB.
El problema no es únicamente cuánto debe el país, sino cuánto cuesta esa deuda y qué se obtiene a cambio.
Para 2027, el costo financiero ascendería a 1.575 billones de pesos, equivalente a 4% del PIB. Al mismo tiempo, la inversión física se mantendría en 2.6% del PIB: aproximadamente 67 centavos de inversión por cada peso de requerimientos financieros. Endeudarse puede ser razonable si financia capacidad productiva futura; cuando una proporción creciente sirve para cubrir obligaciones ya contraídas, el espacio para transformar la economía se reduce.
Las pensiones ilustran con claridad esa rigidez. El gasto en pensiones y jubilaciones contributivas rondará 1.84 billones de pesos y, al incorporar pensiones no contributivas y apoyos vinculados, la presión total se acerca a 2.48 billones, alrededor de 6.3% del PIB. No se trata de cuestionar derechos adquiridos, sino de reconocer una tendencia demográfica y fiscal que exige planeación. Cada año, una mayor parte del presupuesto queda comprometida antes de que comience la discusión sobre nuevas prioridades.
A ello se suma el debilitamiento de los ingresos petroleros. El modelo fiscal mexicano depende hoy mucho más de los impuestos que del petróleo. Para 2027, Hacienda espera que los ingresos tributarios lleguen a 15.9% del PIB y aporten cerca de siete de cada diez pesos de los ingresos presupuestarios. El Gobierno promete lograrlo sin crear nuevos impuestos, apostando por combatir la evasión, ampliar la base de contribuyentes y reforzar controles fiscales. Es políticamente atractivo, pero también una apuesta: si el crecimiento económico decepciona o la fiscalización recauda menos de lo esperado, el ajuste tendrá que venir por otro lado.
Ahí aparece otra señal de alerta. Hacienda proyecta un crecimiento de entre 1.5% y 2.5% para 2027, mientras el mercado laboral sigue mostrando fragilidad. En agosto se generaron 38,319 puestos registrados ante el IMSS, una mejora anual, pero todavía lejos de los ritmos de contratación observados en años anteriores. Y en julio, 56.2% de la población ocupada trabajaba en la informalidad. Sin una economía capaz de crear más empleo formal y productivo, ampliar sostenidamente la recaudación será mucho más difícil.
En ese contexto, la propuesta de Ley de Economía Digital merece atención especial. Su objetivo de impulsar pagos electrónicos puede reducir costos, facilitar transacciones y favorecer la formalización. Sin embargo, la iniciativa también permitiría a Hacienda definir sectores o actividades en los que los pagos digitales lleguen a ser la única modalidad aceptada. Digitalizar no debe significar entregar facultades abiertas sin criterios, salvaguardas de privacidad y mecanismos claros para quienes todavía dependen del efectivo.
El Paquete Económico 2027 contiene señales positivas: menor déficit, mayor inversión física y aumentos presupuestales en salud, educación y ciencia. Pero el mensaje de fondo es menos cómodo. México está intentando financiar más obligaciones permanentes con una economía que crece poco, menores ingresos petroleros y una deuda más elevada.
El verdadero debate legislativo no debería ser sólo cómo repartir 10.6 billones de pesos, sino cómo recuperar margen fiscal para los próximos años. Sin crecimiento, inversión productiva y una discusión seria sobre ingresos y gasto, administrar la estrechez terminará siendo la política económica por defecto.
Queda claro que más deuda, más gasto en pensiones, menos ingresos petroleros y el bajo crecimiento, están cerrando el espacio fiscal del Gobierno.
