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Monterrey N.L.

Frente al Poder Público está el empoderamiento ciudadano

Los ciudadanos no están solos frente al poder público, existen muchas normas constitucionales y legales a las que los gobernados pueden recurrir cuando sienten que sus gobernantes le están fallando.


Ese empoderamiento está plenamente garantizado en el marco constitucional para defensa de los particulares a través una serie de derechos frente a la administración pública.


Es indudable que los ciudadanos a lo largo de décadas han luchado frente al poder para arrancarle derechos universales como el de la salud, la vivienda, el trabajo o la educación, pero también debemos saber que tenemos una serie de obligaciones de carácter público que se tienen que cumplir.


Para eso estamos representados en los diversos órganos colegiados de los 3 niveles de gobierno, llámese Ayuntamiento, Congreso del Estado o Congreso de la Unión. En realidad  México y los mexicanos gozamos de un muy  extenso  número de derechos y obligaciones.


Quienes hoy gobiernan y quienes buscan gobernar en las próximas elecciones del 2015, seguramente conocen los alcances que tiene la administración pública para respetar los derechos ciudadanos y ejercer con autoridad toda obligación para administrar mejor el Gobierno.


Me permitiré hablar tan sólo de una serie de derechos consagrados en nuestra carta magna: Por ejemplo tenemos derechos que se refieren al funcionamiento   de   la   administración pública, al igual que a las prestaciones de los servicios administrativos.


¿A qué me refiero? Puedo mencionar que entre esos derechos que son administrados por la autoridad están los servicios  del  correo,  del telégrafo,  del registro  civil,  del registro  público  de  la  propiedad  y  del comercio, las concesiones, las licencias, los permisos, las autorizaciones y todo tipo de servicios públicos.


Necesitamos saber que los ciudadanos tenemos derecho a exigir buenos servicios operados por la autoridad y que en muchos casos son concesionados a los particulares, porque esa es una facultad discrecional que el gobierno puede conceder.


También existen los derechos de los administrados a la legalidad de los actos de la administración pública, tal es el caso de lo que señala el Artículo 16 de la Constitución Federal el cual reza claramente que nadie, por más humilde o encumbrado que sea,  puede ser molestado en su persona, su familia, su domicilio, sus papeles o sus posesiones, sino media un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.


En un tercer orden existen los derechos   de   los   administrados   a   la   reparación   de   los   daños   causados  por el  funcionamiento de la administración. Es decir, el Código Civil Federal dispone que el Estado tiene la obligación de responder del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les estén encomendadas.

¿Qué quiere decir? que cuando existan causas de interés público y los gobiernos requieran de tu propiedad, debe haber una indemnización, México demanda mejores gobernantes que no abusen del poder en perjuicio de sus gobernados.


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