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Monterrey N.L.

Imagen política, imagen legal

Ningún político de Nuevo León necesita a los medios masivos para promoverse. De ahí que las televisoras locales ahora se valgan del chantaje nada vedado: o me pagas o te exhibo en mis noticieros. Pasamos así del pago de publicidad comercial a la vil extorsión.

Sin embargo, los políticos pueden ahora simplemente remitirse a la ley. Basta con declarar, públicamente, que se someten a la legislación vigente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara. El problema es que los gobernantes actuales, sean de extracción partidista o ciudadanos son indistintamente remilgosos para acatar la Ley.

El artículo 134 dice que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social (…) deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. ¿Por qué tendría que pagar un político a una televisora para que difundiera su imagen?

Ahora bien, tampoco se puede echar mano de la televisora oficial para promover la imagen personal como lo quiere hacer Jaime Rodríguez. En Junio de 2013 se reformó el artículo 6 constitucional para establecer lo siguiente: “Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán la condiciones para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión”.

Sin embargo, los problemas de aplicación de este artículo constitucional comienzan cuando se trata de deslindar lo que es un infomercial frente a lo que es una información periodística o noticiosa. ¿Hasta donde es propaganda personal y hasta donde se atenta contra la libertad de expresión? Para aclarar estas interrogantes hace falta la correspondiente ley reglamentaria. ¿Por qué ninguna fracción parlamentaria ha presentado una iniciativa al respecto en el Congreso de la Unión? ¿Por qué no existe ni siquiera un borrador de esta urgente reglamentación? El partido político que la diseñe cuanto antes, en esta época electoral, ganará la aprobación ciudadana en un tema nacional que comienza a ser espinoso, dada la drena de recursos públicos en favor de las grandes empresas de comunicación. 


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