Pedro Ocañas para Pan y Circo
Hay escenas que dejan de sorprendernos no porque sean normales, sino porque nos acostumbramos a ellas.
Desde hace años paso con frecuencia por el mismo cruce de avenidas. Ahí, entre el ruido, el humo y la prisa, un hombre camina con un niño.
Desde que el menor era un bebé, el hombre camina con él por entre los vehículos ofreciendo paletas de dulce a cambio de una moneda.
Actualmente el menor tendrá ya unos cinco años, y sin importar el clima y las horas sigue acudiendo al mismo crucero, en lugar de estar estudiando, jugando o durmiendo, porque también lo he visto en la noche.
La pregunta es: ¿de verdad ninguna autoridad lo ha visto durante este tiempo?
En Nuevo León, ver a una niña o un niño pidiendo dinero en un crucero ya no sorprende ni a las autoridades.
Se ha normalizado tanto que ya lo vemos como si fuera una consecuencia inevitable de la pobreza y no un posible delito. Pero la ley es clara, aunque la realidad se empeñe en ignorarla.
El Código Penal del Estado de Nuevo León establece que inducir a un menor a la mendicidad puede constituir corrupción de menores. A nivel federal, el Código Penal Federal de México también sanciona la
utilización de niñas y niños en actividades que afectan su desarrollo.
Entonces es inevitable preguntar si la ley en realidad existe, porque seguimos viendo menores en los cruceros.
La respuesta no está en la falta de marco jurídico, sino en la falta de voluntad institucional para aplicarlo.
En la práctica, algunas autoridades optan por tratar estos casos como un tema asistencial y no como un posible delito, se canaliza al DIF, se levantan reportes, se hacen recorridos, pero rara vez se investiga a fondo
cuando es evidente que detrás de este menor hay un adulto explotándolo.
Y aquí es donde el sistema falla y se envía un mensaje claro: en Nuevo León, utilizar a un niño para pedir dinero no tiene consecuencias reales. Y eso convierte a la ley en letra muerta.
Mientras tanto, el discurso político emitido por el gobierno presume avances en protección a la infancia, programas sociales y políticas públicas, pero basta con detenerse en algunas avenidas del área metropolitana de Monterrey para ver la contradicción: niñas y niños pidiendo en la calle, expuestos,
vulnerables, y en muchos casos invisibles para las autoridades.
No se trata de criminalizar a la pobreza. Se trata de dejar de tolerar la explotación.
Cada caso debe revisarse a fondo, cada menor en la calle debería encender una alerta. Porque detrás de cada niña o niño que pide dinero puede haber una violación grave a sus derechos.
Cuando el Estado duda, la calle decide. Y en esa decisión, la infancia –una vez más- es la que pierde.
