Morena rumbo al 2027: el anhelo, las lecciones y la apuesta por el candidato ideal
Parte 1. El anhelo de la gubernatura
El próximo gran objetivo de Morena es claro: ganar la gubernatura de Nuevo León en 2027.
Para el partido, conquistar este estado estratégico representa más que un triunfo electoral; es consolidar su presencia en una de las entidades más importantes del país, tanto por su relevancia económica como por su influencia política.
Sin embargo, el reto no será fácil. Morena aún no logra afianzarse como una fuerza sólida en el estado, y aunque gobierna algunos municipios, su presencia electoral está lejos de ser dominante.
El camino que ha seguido el partido en Nuevo León ha estado marcado más por alianzas estratégicas que por la construcción de una estructura partidista robusta.
Esto deja a Morena en una posición frágil, con bases que dependen más de acuerdos coyunturales que de un respaldo popular genuino. Esta situación obliga a la dirigencia nacional a replantear su estrategia, especialmente si busca competir de manera seria en un estado donde las fuerzas políticas locales tienen arraigo profundo.
Además, Nuevo León es un territorio electoral complejo, con un electorado diverso y exigente que prioriza los resultados sobre los discursos.
Morena deberá demostrar que puede ofrecer propuestas concretas y viables, alejándose de las dinámicas que en otras entidades han favorecido su avance.
El anhelo por la gubernatura va más allá de un simple objetivo electoral; es una prueba del crecimiento real del partido en territorios clave.
Queda en suspenso el aumento a las tarifas del transporte
Una de las tantas cosas que está pendiente de resolverse en Nuevo León, y que sin duda será de gran relevancia para la economía de las familias, es el relacionado con las tarifas de transporte público.
Aumento, que incluso algunos prestadores de servicios aplicaron sin previo aviso, ahora parece que será hasta enero cuando se resuelva de forma definitiva que habrá o no aumento.
Y es que la reunión que se tenía planeada para el día de hoy por la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, fue movida para el día 3 de enero, según se dice eso con la esperanza de calmar los ánimos y dar tiempo para que el tema se vaya enfriando, recordemos que ya ha habido múltiples desencuentros, entre mismas autoridades, incluso manifestaciones y protestas de ciudadanos.
Desde luego el manejo del tema ha sido de forma errática, pues, aunque la crisis de transporte en Nuevo León no es nueva, lo cierto es que esto ha tenido un profundo impacto y dejar a los usuarios en suspenso, con una de antemano conocida fragilidad económica familiar, pareciera que se están privilegiando otros intereses y no propiamente el bienestar ciudadano.
En fin, ya será hasta enero, cuando nos enteremos si habrá aumento y de cuánto será, esperemos aunque no es posible, ni tampoco probable, el aumento no impacte de forma negativa a la economía familiar.
La piñata
Invitamos a nuestros lectores para que lean la columna del prestigiado periodista y conductor Gregorio Martínez que se localiza en la sección: Gregorio Martínez con Pan y Circo, y como siempre querido lector Usted tiene la mejor opinión de su contenido.
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PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
México ha sido la piñata favorita de Donald Trump.
El ahora Presidente electo de Estados Unidos ha vuelto a la carga… más intensamente que cuando estaba en campaña.
Y lo ha hecho con amenazas recicladas…
Que continuará la construcción del muro fronterizo…
Que aplicará aranceles mientras no logremos controlar el tráfico de drogas y de migrantes…
Y en estos últimos días Donald Trump confirmó que declarará a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Ya lo esperábamos. A finales de noviembre, republicanos cercanos al mandatario electo revelaron a la revista Rolling Stone que se evalúa una “invasión suave” a México.
Se dijo entonces que la estrategia para erradicar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos no contemplaría una ocupación militar convencional, sino que se enfocaría en integrar operaciones encubiertas limitadas, como el despliegue de fuerzas especiales para eliminar a los líderes de los cárteles.
La Ley Contra el Terrorismo de 1996, firmada por el entonces Presidente Bill Clinton, otorga al Presidente en turno de los Estados Unidos la facultad de utilizar “todos los medios necesarios” para combatir a grupos terroristas que representen una amenaza para la seguridad nacional. Esto incluye la posibilidad de realizar operaciones encubiertas e intervenciones militares.
Declarar a los cárteles como organizaciones terroristas también habilitaría al gobierno del vecino país a tomar control de las estructuras económicas relacionadas con estos grupos, para desmantelar sus redes de financiamiento.
Esto representaría un cambio significativo en la política de seguridad entre México y Estados Unidos.
La posible intervención militar en territorio mexicano podría tensar las relaciones bilaterales y generar repercusiones tanto diplomáticas como sociales.
La “invasión suave”, como se manejó en un principio, mantiene un fuerte respaldo por parte del Partido Republicano, incluso entre los sectores más moderados, sin embargo, también ha causado polémica, ya que representa una violación a la soberanía mexicana y plantea riesgos diplomáticos y de seguridad para la región.
La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este domingo 22 de diciembre que no aceptará injerencias en nuestro país. Habló de colaboración, de coordinación, de trabajo conjunto, pero, dijo, “nunca nos vamos a subordinar”. Resaltó que México es un país libre, soberano, independiente y que no aceptamos injerencia del exterior.
A pesar de que Trump y Sheinbaum han dialogado, el Presidente electo de Estados Unidos sigue lanzando amenazas y nuestra Presidenta, cabe mencionar, se ha mantenido firme y ecuánime ante estas embestidas.
El reto es que México pueda sostener una contra narrativa efectiva en el largo plazo. Hasta ahora las reacciones han sido aceptables.
Pero más allá de las declaraciones, México debe demostrar con acciones que ya dejó atrás los abrazos y que está implementando una estrategia, construyendo la paz y atendiendo las causas.
En definitiva, por el bien de todos, lo mejor sería que comience a notarse un cambio de aquí al próximo 20 de enero.
El caótico presupuesto estatal: ¿una estrategia fallida o una larga tensión política?
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ha anunciado que, por segunda ocasión, se llevará a cabo la reconducción del Presupuesto de Egresos para el 2025.
Esta medida, que implica la reasignación de recursos sin la aprobación de un Paquete Fiscal completo por parte del Congreso local, refleja una profunda crisis política en la relación entre el ejecutivo estatal y el legislativo. Desde 2023, el mandatario estatal ha enfrentado una constante oposición de los diputados locales, principalmente del PAN y el PRI, que han bloqueado la aprobación de los presupuestos, lo que coloca al gobierno de García en una situación compleja y poco envidiable.
El tema de la reconducción del presupuesto no es un hecho aislado ni circunstancial. Desde el inicio de su mandato, Samuel García ha mostrado una estrategia con los partidos tradicionales que dominan el Congreso local.
Esta situación ha generado un ambiente de parálisis en el proceso legislativo, donde los esfuerzos del gobernador por lograr un Paquete Fiscal integral han sido frenados. El 2023 fue un año clave, pues el Ejecutivo intentó, sin éxito, que el Congreso aprobara el presupuesto necesario para impulsar sus proyectos de desarrollo. Hoy, la reconducción se repite como una consecuencia directa de esa falta de consenso.
Más allá de la simple cuestión técnica, este problema refleja una lucha de poder que va más allá de la aprobación de cifras y gastos. Samuel García ha intentado poner en marcha una serie de reformas e inversiones que considera cruciales para el futuro de Nuevo León, mientras que los legisladores del PAN y el PRI parecen centrarse en mantener su autonomía política.
La falta de acuerdo ha impedido que el gobierno estatal cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo sus políticas públicas, lo que pone en entredicho la eficiencia del manejo gubernamental y su capacidad para garantizar el desarrollo del estado.
El resultado de este escenario es claro: la reconducción del presupuesto para 2025 podría convertirse en un obstáculo más en el camino de García hacia la consolidación de su administración.
Aunque el gobernador ha tratado de mostrar una imagen de determinación y control, la verdad es que la falta de un presupuesto aprobado refleja debilidad frente a una oposición férrea.
El conflicto por los valores catastrales: ¿Un juego de poder o una amenaza a la estabilidad municipal?
La falta de publicación del aumento a los valores catastrales de Monterrey y San Nicolás por parte del Gobierno del Estado está generando una creciente preocupación en ambos municipios. Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, hizo un llamado urgente al gobernador Samuel García para que, según sus palabras, «deje a un lado las diferencias partidistas» y autorice el aumento de los prediales tanto en la capital como en el municipio vecino.
De la Garza, quien representa al PRI, ha insistido en que la reticencia del gobernador de validar este ajuste no solo afecta la operatividad financiera de los municipios, sino que también pone en riesgo la ejecución de obras y servicios fundamentales para la ciudadanía.
El aumento de los valores catastrales no es solo una cuestión de política fiscal, sino que también refleja una batalla más amplia entre dos actores políticos de ideologías y partidos diferentes: el PRI y el PAN de De la Garza y Movimiento Ciudadano de Samuel García. La negativa del gobernador no se ha explicado en términos técnicos claros, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre una motivación política detrás de la decisión.
El ajuste a los valores catastrales en Monterrey y San Nicolás tiene implicaciones importantes en términos de recaudación y financiamiento para los servicios municipales. Si bien es un tema económico, no puede desvincularse de la arena política, ya que el gobernador García ha mostrado, desde su primer mandato, una postura distante hacia los alcaldes de partidos contrarios a su administración.
En este caso, la falta de acuerdo entre el Ejecutivo estatal y los alcaldes de ambos municipios podría terminar afectando a los ciudadanos, quienes podrían ver recortados servicios básicos o, en el peor de los casos, un estancamiento en proyectos de infraestructura esenciales.
La crítica de De la Garza, al pedir que se dejen de lado las diferencias partidistas, no es un llamado inocente. Es un señalamiento directo hacia una estrategia política que, según el alcalde priista, está costando caro a los habitantes de Monterrey y San Nicolás.
El conflicto por los valores catastrales entre el gobierno estatal y los municipios de Monterrey y San Nicolás no solo es un desacuerdo fiscal, sino un claro ejemplo de cómo las diferencias partidistas pueden influir directamente en la gobernanza local.
Los recursos están seguros
El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de un comunicado oficial, ha asegurado que los recursos necesarios para su operación en 2025 están completamente garantizados gracias al esquema de Reconducción Presupuestal.
Este mecanismo, que permite reasignar los recursos disponibles ante la falta de un Paquete Fiscal aprobado, promete cubrir de manera integral los salarios y prestaciones de los servidores públicos, así como asegurar la continuidad de programas y proyectos prioritarios para la administración estatal. Sin embargo, la gran pregunta que surge es cómo puede garantizarse tal estabilidad financiera sin un presupuesto formalmente aprobado por el Congreso local.
La reconducción presupuestal es una medida extraordinaria que busca mantener la operatividad del gobierno en ausencia de un presupuesto aprobado. No obstante, este esquema tiene limitaciones evidentes.
La falta de un Paquete Fiscal completo no solo pone en entredicho la capacidad del gobierno para planificar a largo plazo, sino que también genera incertidumbre sobre el destino de proyectos y políticas que requieren de una asignación precisa de recursos. Si bien el gobernador Samuel García asegura que no habrá interrupciones en la atención a los servicios públicos ni en la ejecución de los proyectos más importantes, la falta de claridad sobre cómo se distribuirán los fondos a lo largo del año crea un vacío de confianza.
En este contexto, la administración de García se enfrenta a una contradicción preocupante: por un lado, asegura que todos los compromisos estarán cubiertos, pero por otro, no tiene el respaldo de un presupuesto aprobado por el Congreso.
Este escenario refleja una profunda desconexión entre el Ejecutivo estatal y el Legislativo, que han sido incapaces de acordar un Paquete Fiscal que dé certidumbre financiera a los proyectos gubernamentales. Esta situación no es nueva, ya que la falta de acuerdos en torno al presupuesto ha sido un tema recurrente desde el inicio del mandato de García.
En conclusión, la afirmación de que los recursos para 2025 están «garantizados» gracias a la reconducción presupuestal parece más una declaración de confianza que una solución real y efectiva.
El Bloqueo al Paquete Fiscal: PRI-PAN
La reciente decisión de los diputados de Movimiento Ciudadano de culpar a PRI y PAN por el fracaso del Paquete Fiscal 2025 en Nuevo León refleja la profunda fragmentación política que caracteriza al Congreso local.
A pesar de que las bancadas de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo votaron en abstención, contribuyendo directamente a que no se aprobara el presupuesto, los legisladores de Movimiento Ciudadano no dudaron en señalar al PRI y al PAN como los principales responsables del estancamiento.
Este enfrentamiento deja en evidencia una lucha de poder entre partidos, que, a pesar de sus diferencias, parecen coincidir en la dificultad de avanzar en la agenda fiscal del estado.
La votación del Paquete Fiscal de 2025 marcó un momento crítico en la relación entre el Ejecutivo estatal y el Legislativo. La abstención de los bloques de Morena, Partido Verde y PT fue vista por muchos como una estrategia para no respaldar el paquete fiscal propuesto por el gobierno de Samuel García, pero tampoco votaron en contra de manera explícita.
Este vacío político ha generado una serie de reacciones, y la bancada de Movimiento Ciudadano, lejos de asumir alguna responsabilidad por la falta de consenso, prefirió culpar a los partidos tradicionales. Para ellos, el «PRIAN», como lo denominan, es el principal obstáculo para el desarrollo de los proyectos del estado y la estabilidad financiera de Nuevo León.
La postura de Movimiento Ciudadano es clara: no se rendirán y continuarán luchando para que los proyectos clave del estado salgan adelante. Sin embargo, la pregunta es si esta retórica combativa y de responsabilización a otros partidos realmente está ayudando a resolver el problema o si, por el contrario, está ahondando más en la polarización política.
La ausencia de un acuerdo sobre el Paquete Fiscal 2025 pone en evidencia la falta de diálogo efectivo entre los actores políticos del Congreso, lo que limita la capacidad del estado para avanzar en los proyectos necesarios para mejorar los servicios públicos, la infraestructura y el bienestar de la población.
Al mismo tiempo, la acusación hacia el «PRIAN» refleja una narrativa que busca dividir aún más a los electores, posicionando a Movimiento Ciudadano como el verdadero defensor de los intereses de los ciudadanos frente a lo que consideran una oposición obstruccionista.
Sin embargo, este tipo de estrategias partidistas corren el riesgo de desviar la atención del verdadero problema: la necesidad urgente de aprobar un presupuesto que garantice la continuidad de los proyectos del gobierno y la operación de los servicios públicos. La lucha por el control político no debe anteponerse a las necesidades de los habitantes de Nuevo León.
Mientras Movimiento Ciudadano acusa al PRI y al PAN de bloquear los proyectos clave, estos últimos desvían la culpa hacia el gobernador Samuel García, señalándolo como el principal responsable de la parálisis.
En lugar de buscar soluciones conjuntas para asegurar el bienestar de los neoloneses, los partidos parecen más enfocados en echarse la culpa unos a otros, lo que solo agrava la incertidumbre y retrasa los avances necesarios para el estado.
Ruido y Nueces
Invitamos a nuestros lectores para que lean la columna del gran y prestigiado periodista Félix Cortés Camarillo que se localiza en la sección: Félix Cortés Camarillo con Pan y Circo, y como siempre querido lector Usted tiene la mejor opinión de su contenido.
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Félix Cortés Camarillo para Pan y Circo
La operación de limpieza que ha iniciado Omar García Harfuch con especial énfasis en la agresividad manifiesta de manera cotidiana en Sinaloa, ha sido mayormente mediática. Ruido sin nueces.
Un día en Mocorito, otro en Culiacán, de cuando en vez en Navolato o Mazatlán, el gobierno federal nos presume de abundantes y muy frecuentes decomisos de nutridos arsenales, decomisos que son escandalosos porque nunca se habían dado: la violencia en Culiacán no nació ayer. Tiene residencia en Sinaloa porque sus jefes han nacido, operado y vivido ahí desde hace decenios. No se manifestaba con tanta rabia precisamente porque a los señorones no les gusta ser despertados a media noche por el ruido de las metralletas y porque contaban para ello con la complicidad dócil del gobierno del Estado.
Precisamente la situación actual que ha traído a García Harfuch alternando su domicilio entre la ciudad capital del país y el estado norteño ha sido la ruptura de ese frágil equilibrio, con la trampa que el gobierno del estado le tendió por igual a los dos grupos en pugna que son además sus amigos y probables socios, los mayitos y los chapitos.
El cada vez menos aclarado secuestro, entrega, detención, o lo que haya sido de uno de los hijos del Chapo Guzmán y del némesis de la DEA, el Mayo Zambada, desató la escalada de la violencia y la reacción del gobierno central en la forma de la operación Harfuch que se menciona arriba y que manada mensajes triunfales de victorias pírricas.
Que a su vez trajo respuestas de mensaje claro. Las víctimas notables del crimen organizado son de la cercanía personal de García Harfuch y a cargo de operaciones delicadas. El mensaje que mandan tiene destinatario en el propio Haarfuch, que ya escapó a un atentado: el que sigues eres tú.
Eso dicen los narcomensajes de la agresión del narco. García Harfuch los conoce, aunque nosotros no seamos informados de ellos. Pensar que todo esto puede esconderse bajo la alfombra de un teléfono descompuesto es un error.
PARA LA MAÑANERA DEL PUEBLO (porque no me dejan entrar sin tapabocas): ¡Cuídese de los contagios, señora Presidente! Su padrino de usted no tuvo suficiente con el Congreso, la CNDH, el INAI o las comisiones de Competencia, Energía o Comunicaciones. Después del sainete que le encarga hacer para la elección del sistema judicial entero en junio próximo, ordenando le limiten los recursos, usará los fatales resultados para apoyar el argumento de la aniquilación del Instituto Nacional Electoral y acabar con una Suprema Corte de la Nación como una sucursal del poder Ejecutivo. Jugada completa, y qué viva la Pepa. Ahora, si de contagios se trata, ahí tiene al vecino atarantado. No quiere solamente anexarse México y Canadá como estrellas de la bandera USA: ahora quiere Groenlandia y el Canal de Panamá. Tírelos a Lucas a los dos, mientras puede. O por lo menos creemos que puede.
felixcortescama@gmail.com
Desea UANL consolidar a directores de teatro
La Universidad Autónoma de Nuevo León que dirige el Rector Dr. Santos Guzmán López, en busca de brindar a los jóvenes directores y directoras de teatro la oportunidad de llevar al escenario sus obras y acercarlos a los grandes personajes del arte teatral, lanzó la convocatoria de la Beca Julián Guajardo UANL 2025.
El propósito de esta beca nacida en 2021 es impulsar la formación y consolidación de jóvenes creadores escénicos de la localidad, además de honrar la memoria y las enseñanzas del director y maestro Julián Guajardo.
Parte de los requisitos para aplicar al apoyo es que los interesados tengan entre 25 y 35 años de edad cumplidos a la fecha límite de recepción de documentos de la convocatoria, que tengan una residencia comprobable de cinco años o más en el estado de Nuevo León y cuenten con un mínimo de tres puestas en escena a nivel profesional.
La propuesta seleccionada se ensayará entre febrero y julio de 2025 para estrenarse conforme a la agenda de la Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL en el Aula Magna Fray Servando Teresa de Mier del Colegio Civil Centro Cultural Universitario.
La beca consta de un monto de hasta $300,000.00 con los que la producción deberá considerar que el apoyo económico otorgado cubrirá la nómina de director, actores, creativos, asistentes y auxiliares, así como todos los gastos necesarios para el adecuado desarrollo del proyecto seleccionado y los derechos de autor.
Apoyo a la obra ganadora
Julián Guajardo (1933-2020) fue actor, director, gestor e impulsor de espacios teatrales en Monterrey y su legado artístico continúa presente como uno de los pilares del arte escénico de Nuevo León.
Su nombre y actividad teatral se relacionan con puestas en escena con una enorme vitalidad, sed de conocimiento y pensamiento crítico.
Los resultados de la asignación de la beca que lleva su nombre serán publicados en la página de cultura.uanl.mx el 7 de febrero de 2025 y la fecha límite de recepción de propuestas es el 20 de diciembre de 2024.
La puesta en escena, que se estrenará en el Aula Magna Fray Servando Teresa de Mier del Colegio Civil Centro Cultural Universitario, deberá cumplir con 10 funciones.
La UANL proporcionará un espacio para ensayos en el Colegio Civil, el cual se ajustará a las fechas, horarios, condiciones y lugares disponibles que el director/a acreedor/a de la Beca Julián Guajardo acuerde con la Coordinación de Artes Escénicas de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad.
Más información en https://cultura.uanl.mx/convocatorias/
LA JORNADA
El campo mexicano, el perdedor en tratado con EU y Canadá
A tres décadas de la apertura comercial de México con Estados Unidos y Canadá, el campo mexicano es el gran perdedor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), coinciden analistas, quienes ponen énfasis en el caso del maíz, alimento básico para las familias mexicanas. Sobre este grano, datos oficiales muestran que desde la profundización de la apertura comercial en 1994 hay una merma en la tierra destinada a su cultivo, un estancamiento en la producción y un desmedido aumento en las importaciones.
El saldo: actualmente, uno de cada dos kilogramos de maíz que se consume en México es comprado en el exterior, principalmente de Estados Unidos, según la información oficial.
El TLCAN, ahora T-MEC, entró en vigor el 1º de enero de 1994. Dentro del mismo, específicamente en el Capítulo VII, se promovió la liberalización total de comercio del sector agropecuario y forestal de la región. Su inicio, señala un análisis de Grain y Bilaterals.org, se dio justo después de la contrarreforma al artículo 27 constitucional, que impulsó el acaparamiento y la privatización de las tierras de los pueblos originarios, así como de toda posesión colectiva campesina.
El documento del organismo internacional, titulado 30 años de TLCAN, un método para acaparar el mundo, resalta, entre otras cosas, que el tratado generó impunidad en las importaciones desleales, obedeciendo intereses de trasnacionales, lo que impulsó las compras al extranjero de maíz, pese a ser un producto básico en la alimentación mexicana.
El tratado con Estados Unidos y Canadá, según Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y colaboradora de La Jornada, fue uno de los más radicales, toda vez que incluyó la liberalización de todo el comercio agrícola y agroalimentario en un plazo máximo de 14 años. Además, abrió el mercado mexicano a los productos de Estados Unidos y Canadá sin que México tuviera la posibilidad de competir, al tiempo que cambió políticas en la materia y destruyó instituciones y políticas públicas que apoyaban la agricultura.
Para Timothy A. Wise, asesor principal del Instituto de Agricultura y Política Comercial (IATP, por sus siglas en inglés), desde el T-MEC las importaciones baratas de maíz han dañado el sector maicero en México, mientras Estados Unidos utiliza el acuerdo para socavar los esfuerzos del gobierno nacional de revertir la situación.
México debe tener el derecho de manejar su cultivo y alimento más importante como quiera para asegurar la salud pública y el medioambiente, señaló el especialista.
A tres décadas del mayor acuerdo comercial de México, revelan cifras oficiales, el consumo de maíz del país (familias e industria) asciende a aproximadamente 46.6 millones de toneladas anuales, mientras la producción nacional rondará este año 23.3 millones de toneladas. Esto significa que para satisfacer la demanda local se tendrán que importar más de 23 millones de toneladas. En otras palabras, por cada dos kilos de maíz que se consumen en México, uno proviene del extranjero, específicamente de Estados Unidos.
México siempre ha sido autosuficiente en maíz blanco (utilizado para la elaboración de tortillas), es decir, todo lo que necesita la población se produce en territorio nacional. Su carácter de alimento básico provocó que estuviera prohibido su uso para engorda de ganado; sin embargo, en 1990 esta prohibición se levantó, por lo que a raíz del TLCAN las importaciones de maíz para forraje (amarillo) comenzaron a crecer de manera exponencial.
Para 2001, señalan datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), México pasó de no importar un solo grano de maíz, a un total de 4.21 millones de toneladas, cifra que se disparó a 10.71 millones en 2007, para luego alcanzar 12.19 millones en 2015, aumentó a 17.12 millones en 2017 y luego un nivel sin precedente de 19.64 millones de toneladas en 2023. Se prevé que ese récord sea superado este año, con 23.9 millones de toneladas. Sólo en esos 24 años, las importaciones de maíz se han incrementado en 468 por ciento.
Cosecha de maíz en Santa Ana Tlacotenco, alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México. Foto Cristina Rodríguez
En contraste, la producción de maíz sólo ha crecido 28 por ciento, al pasar de 18.2 millones de toneladas en 1994 a 23.3 millones (cifra que se prevé para 2024). Incluso, desde 2016, cuando se alcanzó un máximo histórico de 28.3 millones de toneladas, la producción nacional muestra una tendencia descendente.
Casi la totalidad del maíz que importa México es amarillo y transgénico de Estados Unidos. Por lo que en 2023 el gobierno mexicano publicó un decreto para prohibir que este grano sea utilizado para consumo humano, lo que provocó una disputa en el marco del T-MEC, que oficialmente perdió el país el pasado 20 de diciembre, dado que, según los integrantes del panel, las medidas violan el acuerdo al no sustentarse en bases científicas.
Productos suntuarios
El estancamiento en la producción de maíz que vive México en los últimos 30 años se puede explicar, en parte, desde el espacio que se destina a este cultivo. Datos del SIAP revelan que en 1994 la superficie utilizada para la siembra de este grano básico ascendía a 9 millones 196 mil hectáreas, mientras en 2023 (último dato disponible) se ubicó en 6 millones 941 mil hectáreas, es decir, el TLCAN no sólo no incentivó la producción de maíz, sino que redujo en 24 por ciento los espacios para su producción.
Para De Ita, uno de los efectos del tratado comercial es que México cambió su objetivo de autosuficiencia alimentaria por el de seguridad alimentaria, que solamente significa tener recursos para comprar comida sin importar de dónde provenga. Esto dio por resultado que por más de dos décadas la balanza comercial mexicana fuera deficitaria, es decir, se importaban más productos de los que se vendían.
Dicha tendencia se revirtió a partir de 2015; sin embargo, no porque México haya alcanzado una autosuficiencia alimentaria, sino por la aparición de productos suntuarios como el aguacate, hortalizas y frutos rojos, que, sumados al tequila y a la cerveza, inclinaron la balanza.
Entre enero y octubre, de acuerdo con datos del Banco de México, la balanza agroalimentaria del país registró un superávit de 7 mil 677 millones de dólares, producto de exportaciones por 45 mil 135 millones. Al frente de esta suma se colocaron las ventas de cerveza, con 5 mil 114 millones, seguida por el tequila (3 mil 591 millones), aguacate (3 mil 82 millones), bovino (3 mil 35 millones), tomate (2 mil 704 millones) y frutos rojos (2 mil 428 millones de dólares).
El caso de los frutos rojos o berries es particular: en menos de una década pasaron de no figurar en las exportaciones a estar entre las principales gracias a la demanda de la población de alto poder adquisitivo de Estados Unidos, que ven –como en el caso del aguacate– en las fresas, frambuesas y zarzamoras, productos que además de ser saludables, contienen minerales que ayudan a combatir enfermedades y a retrasar el envejecimiento.
Esta tendencia fue identificada por administraciones pasadas, pues de acuerdo con un documento de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), denominado Panorama agroalimentari: berries, que data de 2016, el gobierno, en ese entonces de Enrique Peña Nieto, incentivó con apoyos económicos y técnicos la reconversión de campos hacia esos cultivos, considerados más rentables.
Así, al tiempo que la superficie destinada a la producción de maíz ha ido en picada, datos del SIAP señalan que mientras en 1994 había 5 mil 555 hectáreas destinadas a la fresa, para 2023 se dispararon a 15 mil 307 mil; en el caso de las frambuesas, la tierra pasó de sólo 24 hectáreas a 10 mil 304; y la de las zarzamoras se disparó de 632 hectáreas a 11 mil 413.
“En 2015, se sumaron 150 hectáreas a la producción de frutillas, al remplazar los cultivos de maíz y sorgo… FIRA trabaja para que en 2018 se reconviertan 800 hectáreas al cultivo de berries”, señala el documento de FIRA.
EL FINANCIERO
Desaparición de autónomos: APF absorberá organismos y tendrán menos recursos
Las secretarías de Energía y de Economía, así como el INEGI, el IFT y el INAI estarán a cargo de las instituciones extintas, pero enfrentarán retos para integrar a más trabajadores con menos presupuesto.
Las dependencias federales que absorberán las funciones de los siete órganos autónomos extintos en semanas pasadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrentarán significativos retos operativos durante el próximo año. Entre estos desafíos destacan el considerable aumento en sus plantillas laborales y la reducción de sus presupuestos.
Uno de los mayores retos lo enfrentará la Secretaría de Energía (Sener). Actualmente cuenta con 762 trabajadores, por lo que deberá incorporar a su organigrama a los 464 empleados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a los 368 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Como resultado, la dependencia que encabeza Luz Elena González duplicará su plantilla, pasando de 762 a mil 594 trabajadores, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Este incremento se dará en un contexto de reducciones presupuestales. Tanto la CRE como la CNH reportaron recortes del 32.9 por ciento en sus asignaciones para 2025, recursos que no fueron reasignados a la Sener, ya que la dependencia energética también sufrirá una disminución anual del 20.9 por ciento en su presupuesto, según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025.
Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), indicó que tanto la CRE como la CNH dejarán de operar a finales de marzo de 2025, y se prevé que la Sener asuma sus funciones a partir de abril.
Por su parte, la Secretaría de Economía enfrentará una situación similar. Deberá recibir a los 474 trabajadores de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), aumentando su plantilla de mil 313 a mil 787 empleados, lo que representa un incremento del 36.1 por ciento.
A pesar de esto, la Cofece sufrirá un recorte presupuestal del 72.1 por ciento para 2025, y dichos recursos no se transferirán a la Secretaría de Economía, que también enfrentará una reducción de su presupuesto del 14.4 por ciento.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) también verá disminuido su presupuesto en un 17.5 por ciento. Sin embargo, deberá integrar a los 187 empleados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), lo que aumentará su plantilla a 24 mil 067 trabajadores.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que cuenta con mil 402 empleados, dejará la mayor cantidad de trabajadores sin adscripción clara. Algunos podrían ser transferidos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mientras que otros podrían formar parte de un nuevo organismo encargado de cumplir con las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), adscrito a la Secretaría de Economía.
Repartirán facultades
Un caso particular es el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyos 755 empleados serán reasignados a distintas dependencias, entre ellas, la Secretaría del Buen Gobierno y Anticorrupción (anteriormente Función Pública), que actualmente cuenta con 2 mil 493 trabajadores.
Finalmente, los 591 empleados de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) serán integrados a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que, pese a recibir un aumento presupuestal del 1.8 por ciento para 2025, ya opera con una plantilla de 5 mil 407 trabajadores.
El decreto presidencial establece que los derechos laborales de los trabajadores serán respetados en su totalidad y que los recursos humanos de los órganos extintos se incorporarán a las dependencias que asuman sus funciones.
Paola Morales, socia de la firma Santamarina y Steta, señaló que “la historia ha demostrado que al gobierno le resulta muy difícil autorregularse. Sin embargo, tendrá que hacerlo debido al T-MEC y a otros tratados internacionales”. Morales también enfatizó la importancia de la legislación secundaria en temas como transparencia, protección de datos personales y telecomunicaciones, áreas que podrían enfrentar retrocesos significativos.
GACETA UNAM
Seminario sobre violaciones graves a los derechos humanos
La capacitación especializada es necesaria para atender el delito de trata de personas
Deseable, que se imparta la psicología del testimonio como disciplina obligatoria, para contribuir con información fiable y resoluciones judiciales justas
En México hay graves problemas en la operación y especialización de las instituciones y personal que se dedican a la investigación de la trata de personas, alertó Patricia González Rodríguez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Ante la inexistencia de una disciplina que permita orientar el trabajo de fiscales, policías de investigación y peritos, en torno a la forma en que deben capturar información de las víctimas de ese delito, lo más importante para ayudarlas, destacó, es tratar de posicionar a la psicología del testimonio, una disciplina que “ha llegado demasiado tarde a México”.
En el Seminario Permanente sobre Violaciones Graves a los Derechos Humanos: “Diálogos en torno al Manual sobre trata de personas”, y en presencia de Mónica González Contró, directora del IIJ, añadió que eso permitirá obtener información fiable y resoluciones judiciales justas.
La declaración de las víctimas es la base de todo el sistema probatorio en la investigación de trata; para beneficiarlas hay que impulsar, desde instituciones universitarias, la psicología del testimonio, reiteró la experta.
Cuando esa materia sea obligatoria en las facultades de derecho o psicología, tendremos especialistas que permitan incorporar controles de fiabilidad probatoria idóneos para las declaraciones, no sólo de las víctimas, sino de sus familiares, recalcó en el Aula Guillermo Floris Margadant del IIJ.
Y sumado a la capacitación, hay que generar el diseño institucional de las fiscalías especializadas para investigar este delito, detalló la investigadora en el marco del tema “Desafíos para garantizar el derecho a la procuración de justicia a las víctimas de trata de personas”, título del capítulo VIII del Manual, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
González Rodríguez dijo que en ese apartado se trabajan cuestiones muy técnicas que se relacionan con la construcción del tipo penal y, en particular, sobre aspectos operativos. “En la recepción de las denuncias, cuando ya se tienen casos específicos de investigación, sobre todo en las áreas de procuración de justicia a nivel estatal y federal, las áreas operativas están aún incompletas y hay aspectos que no se han abordado”; está el problema del presupuesto, pero lo más lamentable es que tampoco hay avances importantes en el tema de la capacitación especializada.
La trata de personas requiere que se atienda mediante un trabajo inter y multidisciplinario; el personal de las fiscalías, de las instituciones policiales y de la Fiscalía General de la República debe abordar la investigación científica del delito, garantizar el derecho de acceso a la justicia, y sobre todo el conocimiento de la verdad de las víctimas, y para ello, se necesita revisar estructuras y cómo funcionan en la práctica.
Necesitamos que en la UNAM se instale como disciplina obligatoria la psicología del testimonio, sobre todo para contribuir en la práctica a que no se contamine la escena mental del crimen. Al respecto precisó que cuando se comete ese delito hay una escena material con evidencias físicas y biológicas que son procesadas en los laboratorios de ciencias forenses, y que permiten reconstruir el hecho delictivo; en ese ámbito tenemos avances importantes; técnicos y científicos forenses capturan la información de los indicios objetivos.
Sin embargo, en el momento en que los peritos y criminólogos intervienen para obtener información de las víctimas ocurre esa contaminación de la escena mental del crimen “porque no tenemos controles de fiabilidad probatoria para los indicios subjetivos que provienen del registro en la memoria de las víctimas, de todo lo que vivieron en el momento en que estuvieron prácticamente esclavizadas”. Y la reconstrucción de hechos que no ocurrieron impacta negativamente en las resoluciones judiciales, advirtió.
Los fiscales, los peritos en Psicología Forense, los mismos policías de investigación, en el primer contacto que tienen con las víctimas en sus interrogatorios hacen una serie de preguntas que contaminan la información: así, las víctimas pueden construir una historia alterada.
El fin de la procuración y administración de justicia, de cumplir el derecho humano fundamental de acceso a la justicia y conocimiento de la verdad, es que se requiere establecer nuevas estructuras, un nuevo funcionamiento de las fiscalías orientadas a la investigación científica del delito de trata de personas, pero también especialización; hay que eliminar sesgos, estereotipos y prejuicios, finalizó.
Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, recalcó que ese delito es la fractura de todos los derechos humanos, de un ser humano al cual se le despoja de la dignidad. “Esa es su dimensión”.
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