Infancias sin defensa: Nuevo León necesita una legislación que proteja realmente a sus niñas y niños
La tragedia reciente del feminicidio de una niña de tres años en Monterrey conmocionó a Nuevo León. El presunto responsable: su padrastro. El contexto: un hogar en el que ya se conocían antecedentes de violencia.
Esta dolorosa realidad no es un caso aislado, sino una señal de alarma sobre una situación más profunda: en nuestro estado, los niños no están verdaderamente protegidos.
Si bien existen leyes generales sobre los derechos de la infancia, en la práctica la omisión, negligencia y violencia familiar siguen sin ser prevenidas o atendidas a tiempo. Los mecanismos de detección temprana de abuso no son suficientes; las instituciones de primera respuesta no están articuladas ni fortalecidas; y los sistemas de justicia no priorizan la protección de los menores como deberían.
La violencia hacia niñas y niños, muchas veces dentro de sus propios hogares, no solo incluye el abuso físico o sexual, sino también el abandono emocional, la exposición a entornos inseguros y la falta de supervisión.
Todo esto configura un patrón de negligencia sistemática, facilitada por vacíos legales, falta de voluntad institucional y poca inversión en políticas públicas de prevención.
Ante este escenario, urge una reforma a la legislación estatal que deje de tratar estos casos como excepciones aisladas y los aborde como un problema estructural.
Es necesario establecer en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León una figura específica que tipifique la falta de cuidado o negligencia grave, con consecuencias jurídicas para los responsables, pero también con protocolos de actuación inmediata para autoridades educativas, de salud, seguridad y desarrollo social.
Se requiere además crear un registro estatal de factores de riesgo infantil, con base en reportes de violencia intrafamiliar, ausentismo escolar injustificado y reincidencia médica por lesiones sospechosas. Esta herramienta permitiría actuar antes de que las consecuencias sean irreversibles.
La infancia en Nuevo León no puede seguir esperando a que algo irreparable suceda para ser tomada en cuenta. Cada caso ignorado es una oportunidad perdida para salvar una vida. Es momento de pasar del discurso a la acción legislativa.
Propuesta de reforma en materia de protección infantil
Objetivo:
Fortalecer el marco juridico de protección a los menores
Justificación: Los casos graves de violencia infantil, mismos que incluyen violaciones, negligencia e incluso homicidio.
Propuesta: Trabajar en una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León que incluya:
1. Tipificación de la negligencia grave o reiterada como forma de violencia contra menores, con medidas administrativas y penales para padres o tutores.
2. Creación de un protocolo obligatorio de actuación interinstitucional ante la sospecha de negligencia o violencia infantil, aplicable en escuelas, centros de salud, cuerpos policiales y juzgados.
3. Establecimiento de un Registro Estatal de Factores de Riesgo Infantil, que concentre reportes de ausencias escolares injustificadas, lesiones sospechosas, violencia intrafamiliar y falta de seguimiento institucional.
4. Incorporación de medidas de protección anticipada, permitiendo separar al menor del entorno agresor sin necesidad de una sentencia definitiva, siempre que haya riesgo inminente.
Todo con miras a anticiparse al daño, proteger preventivamente a los menores y garantizar que el Estado cumpla su deber superior de proteger a la niñez.
Adrián de la Garza y la estrategia del protagonismo urbano
La tercera administración de Adrián de la Garza como alcalde de Monterrey se ha caracterizado por una intensa actividad pública, que combina intervenciones urbanas con un discurso de combate frontal a la inseguridad. Sin embargo, detrás del despliegue de acciones que aparentan ser una respuesta directa a las demandas ciudadanas, se esconde una lógica política cuidadosamente calculada, que busca fortalecer su perfil opositor y posicionarse nuevamente en la esfera estatal.
Las iniciativas de seguridad como la mesa de Construcción de Paz y Seguridad, así como la promoción del programa ESCUDO, pretenden proyectar un Monterrey blindado. La narrativa del “el que la hace, la paga” ha sido utilizada con eficacia, aunque los resultados reales en materia de percepción ciudadana aún no son claros. La espectacularización de hechos policiacos menores sirve más como campaña de imagen que como estrategia estructural de seguridad.
El programa «Transformando Monterrey 2025», que incluye la pintura de 14 mil fachadas y asistencia social en las colonias, parece una medida de alto impacto visual pero bajo alcance estructural. La idea de “crear comunidad” mediante estética urbana es útil para la fotografía política, pero insuficiente ante las demandas de servicios públicos consistentes y de largo plazo.
La entrega de recursos a la Cruz Roja, aunque loable, también encaja en la estrategia de visibilización de su gobierno. Adrián de la Garza ha comprendido bien que los gestos simbólicos generan capital político. Lo mismo ocurre con la rehabilitación de la plaza La Purísima, que resuena como parte de una narrativa de “ciudad que se transforma”, pero que no aborda problemáticas profundas de movilidad, desigualdad o acceso a servicios.
El protagonismo del alcalde se refuerza en cada acto público, con una clara intención de proyectar liderazgo opositor frente al gobernador Samuel García. Su paso por la contienda gubernamental y su fallido intento por ocupar la Fiscalía General, lo han convertido en un político de cálculo y resistencia.
La intención parece clara: posicionarse como el contrapeso eficiente y organizado frente a un gobierno estatal que acusa de improvisación. En ese contexto, cada banqueta pintada, cada operativo de seguridad y cada entrega simbólica, debe leerse no solo como un acto de gobierno, sino como parte de una construcción narrativa que mira más allá de Monterrey, hacia el 2027.
Reconocen Trayectoria de Contralora General de Nuevo León
Por su labor social y compromiso con los principios y valores éticos a lo largo de su trayectoria, la Contralora General del Estado de Nuevo León, María Teresa Herrera Tello, fue reconocida el jueves 26 de junio por diversas organizaciones de la sociedad civil.
En una ceremonia realizada en las instalaciones del Congreso del Estado, representantes de distintas asociaciones civiles que impulsan el liderazgo social y el activismo solidario, otorgaron la distinción “Ciudadano Honoris Causa” a 25 personas que consideran agentes de cambio y que, desde distintas disciplinas como el derecho, la cátedra, el arte, la medicina o el servicio público, promueven valores éticos, el altruismo y la responsabilidad social.
Al recibir su reconocimiento, Herrera Tello dio un mensaje a nombre de las personas reconocidas, en el que destacó que más allá de las distinciones o los reconocimientos, el valor de las acciones reside en el poder de las acciones colectivas a favor de la ciudadanía.
Durante su intervención, también subrayó la importancia de vivir los valores como una práctica cotidiana, pues más allá de los discursos, el reconocimiento o el éxito profesional, son estas acciones las que sirven como ejemplo que inspira a las demás personas.
Herrera Tello agradeció a los organizadores por impulsar el principio de que toda acción individual puede tener un efecto social.
El reconocimiento fue otorgado por la International Social Project A.C, con acompañamiento de representantes de otras organizaciones como el Parlamento Nacional de Profesionistas AC y el Consejo Internacional de Mujeres Abogadas.
Samuel García: suma efectivos a la corporación de Fuerza Civil
El gobernador Samuel García continúa sumando efectivos a la corporación de Fuerza Civil, con el objetivo de alcanzar los siete mil elementos y posicionar a su policía como la mejor del país.
Esta acción, sin duda, refleja una de las prioridades de su administración: reforzar la percepción de control sobre la seguridad en Nuevo León.
La narrativa del gobernador, enmarcada en frases como “sumar fuerza” y “proteger y servir”, se sostiene sobre un aparato de comunicación eficaz, aunque con escasa capacidad para incidir en los factores estructurales que alimentan la violencia en el estado.
La inseguridad no es solo un problema de número de elementos, sino de inteligencia, coordinación y justicia.
García ha tratado de presentar a su administración como una nueva generación política, alejada de los vicios del pasado, y la modernización de la Fuerza Civil forma parte de ese relato. Sin embargo, aún no queda claro si esta renovación si se traduce en mejores prácticas, menos corrupción y mayor eficiencia operativa.
Sin una estrategia integral que incluya prevención, justicia y atención a víctimas, la suma de cadetes puede quedar como un dato numérico más, en la vida de los nuevoleoneses.
La gestión de Samuel García debe pasar del simbolismo a la eficacia, si realmente desea consolidar su narrativa de cambio. Por ahora, más que fuerza, lo que se requiere es resultado.
Jesús Elizondo y la presión legislativa en tiempos de escasez
El diputado local Jesús Alberto Elizondo ha lanzado una ofensiva política contra Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, denunciando la deficiente distribución de agua en el municipio de Guadalupe y otros puntos del área metropolitana.
Su exhorto para que se entregue un informe detallado sobre el avance del proyecto Monterrey V revela no solo una preocupación legítima por el acceso al agua, sino también una jugada estratégica dentro del tablero partidista.
El legislador de Morena ha aprovechado una de las mayores debilidades del estado —la crisis hídrica— para posicionarse como un actor exigente y cercano a la ciudadanía. En particular, al señalar el abandono a colonias específicas, Elizondo no solo interpela a la autoridad, sino que construye una narrativa de representación eficaz y directa.
No obstante, el énfasis en la fiscalización financiera, la exigencia de informes técnicos actualizados y el foco en el gasto ejercido también apunta hacia una crítica estructural a la falta de planeación en el manejo de recursos hídricos.
Morena busca desde el Congreso local perfilarse como un contrapeso, y Elizondo ejecuta esa estrategia con claridad. Cabe señalar que, en el contexto político actual, donde cada acción se mide por su posible rentabilidad electoral, el caso del agua en Guadalupe se convierte en una oportunidad para visibilizar liderazgos locales de Morena, rumbo al 2027.
Jesús Elizondo, con su papel de denunciante institucional, se está construyendo una plataforma que puede trascender lo legislativo. El riesgo está en que el reclamo ciudadano se instrumentalice sin que se traduzca en soluciones tangibles.
La ciudadanía espera respuestas, no solo discursos. El tiempo dirá si el exhorto fue un acto de verdadera rendición de cuentas o parte del juego político de proyección personal.
Marco González: ganadería y ambiciones políticas
El secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco Antonio González Valdez, presume con orgullo que Nuevo León es líder nacional en engordas aprobadas de ganado bovino.
Con 41 instalaciones certificadas, el estado produce anualmente unas 600 mil cabezas de ganado. Este dato, sin duda, posiciona al sector agropecuario local en el mapa nacional, pero también revela la intención de proyectar al funcionario como figura con resultados concretos.
Marco González ha sabido capitalizar los logros del sector agroindustrial para construir un perfil eficiente y técnico. Su cercanía con el gobernador Samuel García lo coloca como uno de los cuadros más visibles dentro del Movimiento Ciudadano, y su actividad pública ya apunta hacia una posible candidatura para 2027.
La estrategia del secretario parece clara: vincular desarrollo económico con liderazgo político. La narrativa de éxito en la ganadería tiene un doble objetivo: legitimar su gestión y mostrar que sabe ejecutar políticas públicas con impacto medible.
Sin embargo, es pertinente cuestionar si ese liderazgo agropecuario se traduce también en políticas integrales de desarrollo rural. ¿Qué tanto de ese éxito permea en pequeños productores? ¿Existen programas de inclusión productiva o solo cifras de macroeficiencia?
En ese contexto, su actual gestión es tanto una plataforma de resultados como un escaparate de aspiraciones.
Héctor García: reglamentos, seguridad y cálculo político rumbo al 2027
En la décima novena sesión de cabildo del municipio de Guadalupe, Nuevo León, encabezada por el alcalde Héctor García García, se puso sobre la mesa la consulta pública de cuatro nuevos reglamentos, al mismo tiempo que se aprobaron convenios de colaboración en materia de seguridad con el C5 y otras instancias.
Estas decisiones, que a primera vista podrían parecer estrictamente administrativas, forman parte de un entramado político con miras a reforzar la imagen de gobernabilidad del alcalde de Movimiento Ciudadano.
La agenda de seguridad, por su parte, se ha convertido en uno de los ejes centrales de la administración. Al aprobar convenios con el C5 y otras entidades de seguridad pública, García busca proyectar una imagen de coordinación y modernización.
Sin embargo, los resultados visibles en materia de percepción de seguridad en Guadalupe siguen siendo cuestionables. Las estadísticas no han mostrado una baja significativa en los índices delictivos, y los ciudadanos continúan exigiendo respuestas más tangibles que acuerdos firmados.
En este sentido, la gestión de Héctor García se mueve en un terreno dual: por un lado, la generación constante de convenios y reglamentos proyecta una administración activa; por otro, la efectividad real de estas acciones sigue siendo limitada en cuanto a resultados concretos.
El discurso del alcalde mantiene un tono institucional y pretende mostrar avances en gobernanza. No obstante, este discurso suele omitir temas incómodos como el rezago urbano, la movilidad deficiente y el creciente malestar por la inseguridad cotidiana en zonas claves del municipio. El equilibrio entre el mensaje político y la realidad que viven los ciudadanos sigue siendo un desafío para su administración.
De cara al proceso electoral de 2027, donde ya se anticipan movimientos dentro de Movimiento Ciudadano, Héctor García parece estar delineando una narrativa de cumplimiento, legalidad y colaboración.
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¿Madrid o Teherán?
Invitamos a nuestros lectores para que lean la columna del gran y prestigiado periodista Félix Cortés Camarillo que se localiza en la sección: Félix Cortés Camarillo con Pan y Circo, y como siempre querido lector Usted tiene la mejor opinión de su contenido.
https://panycirco.com/category/felix-cortes-camarillo-con-pan-y-circo
Félix Cortés Camarillo para Pan y Circo
Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España regresó de La Haya, en donde asistió a la reunión de la OTAN, regañado y orgulloso. Por el mismo motivo.
La OTAN es un invento militar de los Estados Unidos para hacerle frente a la URSS al terminar la Segunda Guerra Mundial. Con la aportación mayor de dinero y de mando de los norteamericanos, la OTAN es un pacto en el que la mayor parte de los países europeos de este lado de la cortina de hierro, están comprometidos a una defensa colectiva si uno solo de sus países miembros es agredido por otro. Obviamente, los soviéticos de entonces, los rusos de ahora.
Naturalmente, eso cuesta. Y mucho.
El presidente Trump ha sido muy claro en no estar dispuesto a seguir patrocinando la protección de esos países zánganos, cuya aportación al gasto común de la OTAN es mínima; la reunión de La Haya se inició con la consigna clara: cada país tiene que dedicar el cinco por ciento de su producto interno bruto a la defensa propia y colectiva. Entiéndase, a la OTAN. Los 32 países miembros firmaron el miércoles un documento comprometiéndose a ello. España incluida, aunque firmó bajo protesta.
El compromiso es a hacerse efectivo dentro de cinco años; desde ahora, sin embargo, España ha dicho que no puede pagar esa cuota. Cuando mucho, puede mantenerse en el actual 2.1% de su PIB. No más.
Esa postura puede ganarle apoyo a Pedro Sánchez, quien está en una crisis interna por escándalos actuales de corrupción, que involucran a su propia esposa, Begoña, que han llevado a la Cortes, el Congreso, a pedir su destitución luego de un juicio político. En donde Sánchez no puede cosechar simpatías, es en el efecto que las amenazas de Donald Trump hizo a la rebeldía española: “ya lo pagarán en tarifas”. Eso quiere decir los famosos aranceles, que es el arma favorita del gobierno de los Estados Unidos para su estrategia diplomática.
Dicen que en los pasillos de la Casa Blanca la apuesta corre sobre cuál gobierno caerá primero; el de Teherán o el de Madrid,
PARA LA MAÑANERA DEL PUEBLO (porque no dejan entrar sin tapabocas): Me queda claro que contrario a lo que muchas personas piensan -comenzando por mi dos hijas- no soy perfecto, y puedo equivocarme.
Ayer, en este mismo espacio, al comentar la denuncia del Tesoro de los Estados Unidos sobre la participación de empresas financieras mexicanas en el tráfico de drogas y el dinero sucio, confundillome y mezclé los nombres de dos casas de bolsa mexicanas, Vector y Valué. Ya el Perico Polico de Ángel Quintanilla me dio un público coscorrón y no me dejó más que pedir perdón.
Vector y Valué son, efectivamente, de raíz regiomontana, y las dos son activas y efectivas operadoras de los fondos de quienes quieren arriesgar su lana en inversiones que den mejor rendimiento que los bancos. Pero hasta aquí la coincidencia.
En efecto, Carlos Bremer fundó Valué en 1992 y fue su cabeza hasta la reciente muerte de él. Vector, por lo contrario, nació 18 años antes con otro nombre, y en 1987 fue adquirida y rebautizada como Vector por Alfonso Romo y un grupo de capitalistas.
Es Vector de Romo y no Valué de Bremer la casa de bolsa mexicana, por el momento, la acusada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de andar en malos pasos. Todo esto, desde luego, en el tono de la actual administración gringa que tanto se parece al viejo adagio mexicano de “mátalos, después vivirguas”.
Como escribí al comienzo, no soy perfecto.
felixcortescama@gmail.com
Ofrecen seminario de CEA visión integral de Corea del Sur
Con el objetivo de fortalecer el conocimiento de la cultura coreana entre la comunidad universitaria y el público en general, el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León que dirige el Rector Dr. Santos Guzmán López llevará a cabo el seminario “Sociedad coreana: historia, valores y desafíos del presente”, una propuesta académica y vivencial única en su tipo en Latinoamérica.
La iniciativa, impulsada por la directora del centro, Erika Lizbeth Garza Hernández, busca ir más allá del aprendizaje del idioma coreano, para ofrecer una visión integral de la historia, las tradiciones, el estilo de vida y los retos contemporáneos de Corea del Sur, un país que ha captado el interés global en años recientes por fenómenos culturales como el K-pop, los dramas televisivos y su creciente influencia tecnológica y económica.
Un programa dinámico, accesible y con visión práctica
El seminario iniciará el 5 de julio y tendrá una duración de 20 horas, distribuidas en cinco semanas, en dos modalidades: entre semana (martes y jueves) o intensivo sabatino, para adaptarse a distintos perfiles de público, desde estudiantes universitarios y amas de casa, hasta empleados de empresas coreanas o interesados en ingresar a ellas.
La cátedra estará a cargo de la doctora Claudia Guadalupe Hernández Rodríguez, egresada de la UANL y actual profesora en la Universidad de Busan, Corea del Sur. Gracias a su residencia en el país asiático durante los últimos seis años, ofrecerá una perspectiva actualizada y directa del día a día coreano.
Internacionalización desde casa
La directora también resaltó que este tipo de actividades forman parte del enfoque de “internacionalización en casa”, ya que no todos los estudiantes pueden realizar intercambios académicos. Por ello, el seminario se ofrece a bajo costo, sin necesidad de conocimientos previos del idioma ni ser fanático de la cultura pop coreana.
Este verano se impartirá la primera edición presencial del seminario, pero la intención es repetirlo anualmente en esta modalidad, además de explorar ediciones en línea en otoño o invierno, adaptadas al horario de la profesora Hernández Rodríguez en Corea.
“El inglés y la computación ya son competencias básicas; necesitamos nuevos diferenciadores. Y la cultura coreana, hoy más que nunca, puede ser ese valor agregado para nuestros estudiantes”, concluyó Garza Hernández.
El seminario está abierto al público en general y representa una oportunidad única para acercarse a Corea del Sur de manera rigurosa, vivencial y actualizada.
Las inscripciones ya están disponibles a través del Centro de Estudios Asiáticos de la UANL.
Temas con profundidad e impacto global
El seminario se divide en cinco unidades temáticas:
· De los tres reinos al siglo XXI: Corea en la historia. Una introducción a la geografía, los antecedentes históricos y la relación México-Corea.
· Vida cotidiana en Corea: entre el confusionismo y la modernidad. Un vistazo a los valores, la educación, la jerarquía social y laboral.
· Respeto, ritual y jerarquía: el lenguaje invisible. Se abordarán costumbres como los rituales en la comida, el uso del lenguaje formal y la convivencia social.
· Corea del Sur contemporánea: jóvenes, estética y medios. El auge del K-pop, la moda, la estética y el fenómeno Hallyu.
· Corea hoy: desafíos sociales, tecnológicos y demográficos. Una mirada a los problemas actuales como la baja natalidad, el estrés académico, el suicidio juvenil y la apertura a estudiantes extranjeros.
Donald Trump y el arte de negociar deportaciones a terceros países
Esta primavera, diplomáticos estadounidenses de varias misiones en el extranjero recibieron un cable urgente de Washington. El documento les decía que pidieran a nueve países de África y Asia Central que acogieran a personas expulsadas de Estados Unidos que no fueran ciudadanos de esas naciones, incluyendo a delincuentes.
Era una muestra de la amplia campaña del presidente Donald Trump para lograr que los países acepten a los deportados de Estados Unidos. Los diplomáticos estadounidenses están buscando el apoyo de países de todos los rincones del planeta, incluyendo algunos afectados por la guerra o conocidos por cometer abusos contra los derechos humanos.
Funcionarios estadounidenses han contactado a los gobiernos de Angola, Mongolia y la asediada Ucrania. Kosovo aceptó recibir hasta 50 personas. Costa Rica retiene a decenas.
El gobierno estadounidense pagó 100.000 dólares a Ruanda para que recibiera a un iraquí, y está analizando la posibilidad de enviar más deportados a ese país. Hasta el momento, Perú ha dicho que no, a pesar de que se le ha presionado en repetidas oportunidades.
“Estados Unidos está ansioso por asociarse con países que estén dispuestos a aceptar” personas, decía la comunicación, fechada el 12 de marzo. Entre los posibles destinos mencionaba Túnez, Togo y Turkmenistán.
Y recientemente el gobierno estadounidense planeaba transportar en avión a ciudadanos de países principalmente asiáticos y latinoamericanos a Libia y Sudán del Sur, naciones asoladas por la guerra, hasta que un tribunal de distrito bloqueó esas expulsiones. Libia era uno de los nueve países mencionados en el cable oficial, del que no se había informado anteriormente.
La Corte Suprema dictaminó el lunes que el gobierno de Trump tiene derecho a expulsar personas a países que no fueran el suyo, posiblemente allanando el camino para el vuelo de deportación a Sudán del Sur y otras medidas similares en todo el mundo.
“Enciendan los aviones de deportación”, escribió en las redes sociales Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
Durante años, tanto los gobiernos republicanos como los demócratas han pedido a los países que acepten a algunos de sus propios ciudadanos de vuelta. Trump está haciendo lo mismo, pero también está intentando establecer una red de países que acepten a personas de cualquier lugar del mundo y las pongan en prisiones, campos u otras instalaciones. En algunos casos, los gobiernos extranjeros podrían permitir a las personas solicitar asilo, o intentar devolverlas a sus países de origen.
El gobierno de Trump ha hablado con al menos 29 países de Europa, América Latina, África y Asia, según una revisión realizada por The New York Times de documentos del gobierno estadounidense, que incluyen cables diplomáticos no revelados anteriormente, y entrevistas con funcionarios.
Además, el Departamento de Estado pidió a los diplomáticos en el extranjero que contacten al menos a otros 29 países, la mayoría de ellos en África, para alcanzar un total de al menos 58. Siete han accedido a la petición del gobierno; las demás conversaciones están en curso.
Muchos de los 58 países están sujetos a una nueva prohibición total o parcial de viajar a Estados Unidos impuesta por el gobierno de Trump, o están siendo considerados para ser incluidos en ella. Un cable del Departamento de Estado fechado el 14 de junio daba instrucciones a los diplomáticos para que dijeran a los países en consideración, de los que la mayoría se encuentran en África, que podrían quedar fuera de la lista si aceptaban recibir deportados que no fueran sus ciudadanos.
También se podría pedir a las 36 naciones consideradas que hagan las veces de “tercer país seguro” para aceptar a los migrantes que solicitaran asilo en Estados Unidos.
Los esfuerzos por llegar a acuerdos a escala mundial revelan las medidas extremas que Trump está dispuesto a tomar para cumplir sus aspiraciones de hacer deportaciones masivas, aunque eso signifique enviar a los inmigrantes hacia el peligro o la incertidumbre.
Algunos países quieren pagos o favores a cambio. Otros han dicho a los diplomáticos que se sienten incómodos aceptando a migrantes que no tengan ningún vínculo con sus países, o temen que se produzca una reacción interna si aceptan recibir algunos.
En algunos casos, el gobierno de Trump ha estado dispuesto a pagar, como en el caso de El Salvador, país al que le dio alrededor de 5 millones de dólares después de que metiera en una prisión de máxima seguridad a más de 200 inmigrantes venezolanos a los que el gobierno acusaba de ser miembros de bandas.
En años recientes, Venezuela, al igual que otros países, se negó a aceptar vuelos regulares de deportación procedentes de Estados Unidos, por lo que el nuevo gobierno de Trump buscó naciones dispuestas a acoger a los venezolanos expulsados. Luego de ser presionado, el gobierno venezolano accedió a recibir vuelos en marzo, pero el flujo ha sido mínimo.
Entre más lejos de Estados Unidos, mejor
Trump y sus colaboradores han presentado la campaña como un esfuerzo para expulsar a criminales o individuos antiestadounidenses y frenar una “invasión”. Sin embargo, no han presentado pruebas de que la inmensa mayoría de las personas detenidas para su deportación hayan cometido algún delito.
En una reunión de gabinete, el secretario de Estado Marco Rubio habló apasionadamente sobre el proceso: “Estamos trabajando con otros países para decirles: ‘Queremos enviar a algunos de los seres humanos más despreciables a sus países, ¿nos harían ese favor? Y entre más lejos de Estados Unidos, mejor, para que no puedan volver a cruzar la frontera”.
El Departamento de Estado dijo en un comunicado que “varios” países habían acordado aceptar individuos que no son sus ciudadanos, y añadió que no discute los detalles de las conversaciones diplomáticas.
Casi ninguno de los gobiernos extranjeros mencionados en los cables que detallan los intercambios respondió los correos electrónicos en busca de comentarios cuando el Times se puso en contacto con ellos. Sin embargo, unos cuantos emitieron declaraciones: Kosovo confirmó su acuerdo, mientras que Angola dijo que no recibiría a nadie.
Críticos de las deportaciones y abogados afirman que se necesitan audiencias judiciales para determinar si la ley permite la expulsión de cada individuo. También sostienen que el gobierno está ignorando la posibilidad de que se cometan abusos contra los derechos humanos en algunos de los países dispuestos a recibirlos.
Esa parece ser la cuestión. Los funcionarios del gobierno afirman que intentan enviar un mensaje a aquellos que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos: que si no se marchan voluntariamente, los migrantes podrían terminar viviendo condiciones brutales en una tierra lejana.
Ya se ha informado sobre algunos aspectos de ese esfuerzo diplomático. Pero entrevistas recientes y documentos oficiales obtenidos por el Times, fechados entre enero y junio, revelan nuevos detalles y el vasto alcance de esos esfuerzos.
Otros gobiernos han deportado migrantes a países lejanos, pero solo en contadas ocasiones. En cambio, el gobierno de Trump ha adoptado una amplia política de intentar expulsar a personas a países que no son su patria, una medida que antiguos diplomáticos describen como algo sin precedentes.
“Están logrando aterrorizar a la gente”, dijo Eric Rubin, diplomático retirado que fue embajador estadounidense en Bulgaria durante el gobierno de Obama y el primer mandato de Trump. “La mayoría de las personas de las que estamos hablando no han cometido ningún delito”.
Familiares de los deportados, incluyendo aquellos que han sido condenados por delitos y cumplido penas de prisión, afirman que dichas expulsiones son injustas.
“Lo enviaron en mitad de la noche y trataron de hacerlo desaparecer en un tercer país que está en medio de una maldita guerra civil”, dijo Ngoc Phan, esposa de Tuan Thanh Phan, nacido en Vietnam y residente en el estado de Washington, quien estaba en el avión de deportación con destino a Sudán del Sur. El vuelo fue desviado a una base militar estadounidense en Yibuti mientras se lleva a cabo un proceso judicial sobre la deportación de Phan y otros siete hombres.
Sudán del Sur es tan peligroso que la embajada estadounidense en ese país ordenó a los familiares de los diplomáticos y a algunos empleados que abandonen el país y pidió que una unidad de marines desplegada allí permanezca más tiempo, de acuerdo con un cable.
Y siguiendo con el tema
Detenidos en Latinoamérica
Tras la toma de posesión de Trump el 20 de enero, él y Rubio de inmediato enfocaron su atención en hacer deportaciones masivas.
Con el paso de los meses, el esfuerzo ha crecido.
Los diplomáticos estadounidenses en Washington, y en embajadas y consulados de todo el mundo, les han dicho a sus homólogos extranjeros que los gobiernos dispuestos a aceptar a “nacionales de terceros países” expulsados se ganarán el favor del gobierno de Trump, según funcionarios estadounidenses con conocimiento de las conversaciones. Hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos diplomáticos delicados.
Los diplomáticos han tenido cierto éxito, sobre todo con países de América Latina.
En uno de los ejemplos más llamativos, Panamá recibió en febrero a alrededor de 300 deportados de África, Asia Central y otros lugares. Primero fueron retenidos en un hotel. Los que se negaron a abordar vuelos de deportación a sus países de origen fueron llevados a un campamento en la selva. Fueron liberados después de que los abogados demandaran al gobierno de Panamá.
Ese mismo mes, Costa Rica recibió a 200 deportados, entre ellos ciudadanos de China, India y Nepal, así como una familia yemení de tres miembros, según cables del Departamento de Estado. Para esta semana, 107 habían vuelto a sus países de origen.
En el caso de los deportados que enfrentan amenazas en su país, los diplomáticos costarricenses han pedido apoyo a Estados Unidos para integrar a los ciudadanos en su sociedad, con el argumento de que esto aumentaría la disposición del país a aceptar a otros deportados en el futuro, según un cable.
A principios de abril, el gobierno de Trump deportó a un grupo de inmigrantes mexicanos a Guatemala. Sin embargo, las autoridades guatemaltecas dijeron que no esperaban su llegada y se apresuraron a enviar el grupo a México.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que ambos países sabían del vuelo y que la deportación era una forma de disuasión.
“Si entras ilegalmente, serás expulsado, y de una forma que hace mucho más difícil que vuelvas a intentarlo”, dijo McLaughlin.
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, declaró al Times este mes que su país aceptaría deportados que fueran ciudadanos de otras naciones centroamericanas, pero que actuaría con rapidez para enviarlos a casa por tierra.
Cerca de ahí, Honduras está permitiendo que Estados Unidos envíe inmigrantes venezolanos a una base militar ubicada en ese país para enviarlos en vuelos separados con destino a Venezuela.
Funcionarios peruanos dijeron a diplomáticos estadounidenses en una reunión realizada el 28 de enero que la acogida de no ciudadanos era una cuestión “delicada” para su gobierno, según decía un cable del Departamento de Estado de ese mes. Señalaron que ya hay casi dos millones de venezolanos en Perú y que muchos peruanos culpan a los inmigrantes del aumento de la delincuencia.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, reiteró este mensaje el 16 de junio en una reunión en la que un diplomático estadounidense volvió a pedir a Perú que acogiera a los no ciudadanos, según un nuevo cable. Sin embargo, Schialer dijo que su país consideraría la opción, ya que era importante que “los amigos ayuden a los amigos”.
Vuelos a Asia, África y Europa
El gobierno de Trump también ha centrado su atención en países más lejanos para que reciban migrantes.
Los diplomáticos estadounidenses incluso se acercaron a Ucrania, que desde 2022 está luchando contra una invasión rusa a gran escala. Según un cable, un funcionario ucraniano le dijo a un homólogo estadounidense que el gobierno consideraría la petición de Washington.
Los dirigentes ucranianos están tratando de trabajar con Trump para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra.
Moldavia, que limita con Ucrania, está “dispuesta a aceptar condicionalmente” a 100 deportados de otras naciones, según un memorando del Departamento de Seguridad Nacional de finales de marzo.
Los diplomáticos estadounidenses se han acercado a la represiva Camboya, en el sudeste asiático, y también ven a Uzbekistán, en Asia Central, como un posible candidato. En mayo, Uzbekistán fletó un vuelo de Nueva York a su capital, Taskent, que transportó a 92 uzbekos, a 19 personas originarias de Kazajstán y a 20 de Kirguistán, según un cable del Departamento de Estado.
Sin embargo, Uzbekistán dijo a Estados Unidos que no quería convertirse en un centro regional de deportados no uzbekos, según el cable.
Del mismo modo, un diplomático georgiano no ofreció una “respuesta sustantiva” sobre una propuesta de aceptar a no ciudadanos, pero expresó su “continua apertura a la cooperación”, decía otro cable.
Y, en marzo, los diplomáticos estadounidenses empezaron a presionar a los funcionarios de Kosovo. Hicieron seis reuniones en el transcurso de tres meses y fijaron el 8 de mayo como fecha límite para obtener una respuesta.
Los funcionarios kosovares dijeron el 12 de mayo que aceptarían recibir hasta 50 personas, pero comunicaron a los estadounidenses que tomar esta decisión “no fue fácil”, dadas las dificultades del gobierno y las “posibles consecuencias políticas”, decía un cable estadounidense. Los funcionarios señalaron que preferían mujeres y niños.
Y sugirieron que Kosovo, que declaró su independencia de Serbia en 2008, necesitaba algo a cambio. Los funcionarios dijeron que querían que Estados Unidos siguiera presionando a otras naciones para que reconocieran a Kosovo como Estado soberano, según una nota diplomática obtenida por el Times.
También se han efectuado conversaciones similares en África.
A finales de marzo, un diplomático estadounidense se reunió con funcionarios del gobierno del minúsculo reino de Esuatini, antes conocido como Suazilandia, con el fin de presionarlo para que acogiera a ciudadanos de otras naciones expulsados, según decía el memorando del Departamento de Seguridad Nacional.
Sin embargo, desde el pasado octubre, el país se enfrenta a una afluencia de 1100 refugiados y solicitantes de asilo procedentes de Mozambique, de acuerdo con un cable del Departamento de Estado. Esto plantea dudas sobre si Esuatini dispone de los recursos necesarios para recibir a personas procedentes de Estados Unidos. Además, un reciente informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado menciona numerosos abusos en el país, como ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Al día siguiente de la reunión de marzo en Esuatini, funcionarios de los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado informaron de que estaban cerca de llegar a un acuerdo con Angola, según el memorando del Departamento de Seguridad Nacional.
El cable del Departamento de Estado fechado el 12 de marzo menciona a Angola como una de las nueve naciones objetivo de África y Asia. Las otras eran Libia, Marruecos, Túnez, Ruanda, Togo, Mauritania, Tayikistán y Turkmenistán. El cable decía que se trataba de naciones potencialmente “seguras” en las que la gente podía solicitar asilo, aunque Libia está devastada por un conflicto civil y el autoritario Turkmenistán tiene un pésimo historial en materia de derechos humanos, según informes del Departamento de Estado.
Ruanda parece estar dispuesta. Luego de que el gobierno de Trump le pagara al país 100.000 dólares en abril para que aceptara a un ciudadano iraquí, el gobierno ruandés aceptó recibir a otros 10 deportados, según dijo un cable estadounidense. El episodio del iraquí “demostró el concepto de un nuevo programa de expulsión”, dijo el cable. Pero el gobierno de Trump está intentando negociar un acuerdo mejor, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto.
En contraste, un cable de este mes decía que Burkina Faso no puede acoger a no ciudadanos. Los diplomáticos estadounidenses también han pedido a Etiopía y a Santo Tomé y Príncipe, una pequeña nación insular africana, que reciban a no ciudadanos, decía otros dos cables.
Mark Hetfield, presidente de HIAS, una agencia de reasentamiento de refugiados, dijo que los cientos de expulsiones realizadas hasta ahora desde Estados Unidos eran “otro clavo en el ataúd del papel de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos”.
“Imagina que te expulsan a un país donde no tienes lazos familiares, donde no conoces el idioma ni la cultura, en el que ni siquiera has estado nunca, y con un historial atroz en materia de derechos humanos”, dijo Hetfield. “Imagina que esto ocurre cuando no puedes acceder a un abogado que te represente antes de ser deportado a un lugar así. Esto es lo que busca el gobierno de Trump”.
III Congreso Internacional de Ética y Bioética 2025
Persisten desigualdades entre géneros
Es de la mayor relevancia no perder de vista los fundamentos de nuestra vida social, especialmente en la actualidad, cuando las incertidumbres prevalecen y los marcos analíticos cambian con rapidez: Miguel Armando López, coordinador de Humanidades
En estos tiempos en los que las incertidumbres prevalecen y los marcos analíticos cambian con rapidez, es de la mayor relevancia no perder de vista los fundamentos de nuestra vida social que competen a los gobiernos –sin lugar a dudas–, pero que requieren de la atención y reflexión de otros agentes, entre ellos la academia y la sociedad civil, aseguró Miguel Armando López Leyva, coordinador de Humanidades de la UNAM.
Al encabezar la puesta en marcha del III Congreso Internacional de Ética y Bioética 2025. “Afrontando los desafíos de la vulnerabilidad y la dignidad en nuestro tiempo”, que se realizó el 23 y 24 de junio, el también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), señaló que las desigualdades continúan en aumento, junto con las disparidades en cuanto a oportunidades, riqueza y poder.
“Persiste la desigualdad entre géneros, el desempleo sobre todo juvenil”, indicó. Ante esto, añadió: “Son inexorables a otras discusiones no menores sobre el desarrollo, la igualdad sustantiva, el bienestar, la autonomía, la inclusión, la justicia, la protección civil, la reducción de desastres, la cooperación internacional, las crisis humanitarias, la migración, los conflictos bélicos, la violencia, la tecnología, las capacidades institucionales, los avances, los límites en cuanto a los derechos sociales y, por supuesto, las encrucijadas derivadas de la dimensión ética”.
Las humanidades presentes en este congreso, abundó, son hoy más que nunca necesarias, no solamente para el ámbito médico, sino como ustedes verán, para el mundo en general, como están las cosas.
Papel crítico
Como anfitriona, Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina (FM), expuso: “Las crisis globales, como el cambio climático, las pandemias, la crisis hídrica y el deterioro de los sistemas de salud, nos exigen repensar la bioética como la herramienta no sólo para la protección individual, sino para la prevención de los riesgos sistémicos que amenazan la vida de su conjunto”.
Desde esta mirada, la bioética y la ética médica, continuó, deben asumir un papel crítico y activo en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, en la transformación de las políticas de salud, en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de la dignidad como principio rector.
“Este congreso se desarrolla bajo el lema ‘afrontando los desafíos de la vulnerabilidad y la dignidad de nuestro tiempo’, y nos convoca a mirar críticamente los retos que enfrentamos como sociedad en un mundo marcado por profundas desigualdades, crisis globales y transformaciones tecnológicas que interpelan los principios fundamentales de la bioética”, destacó.
En el Auditorio Dr. Gustavo Baz Prada del Palacio de la Escuela de Medicina, sobre el tema que convoca al Congreso, la vulnerabilidad, explicó que ha sido desde los orígenes de la bioética y la ética médica, un concepto clave para identificar a pacientes y grupos en riesgo frente a daños, injusticias o inequidades en el acceso a la salud.
En su oportunidad, Patricio Santillán Doherty, comisionado Nacional de Bioética, aclaró que hay que “devolver a las actividades biomédicas su aspecto humanístico. Las humanidades son importantes. Tenemos que regresar a las humanidades porque son el sostén que le da valor a la aplicación del conocimiento biomédico que hacemos cotidianamente a través de procesos de atención, educativos, así como de investigación y producción de conocimiento”.
Advirtió que, si no sustentamos todas esas acciones en cuestiones humanísticas, humanitarias y respaldado en todo el conocimiento que otorgan las humanidades, “vamos a estar perdidos”.
Antes, fueron entregados en este marco, y como parte de los 65 años de la FM, reconocimientos a tres destacados académicos e investigadores por su trayectoria en Bioética: María de las Mercedes Guadalupe de la Garza Camino, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas; Carlos Viesca Treviño de la FM, y Fernando Lolas Stepke, de la Universidad de Chile.
Estuvieron también José Moya Medina, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud; Gabriela Borrayo Sánchez, secretaria general de la FM; Mary Frances Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, y Francisco Javier Ochoa Carrillo, presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética.
Y como siempre al pueblo pan y circo, o usted ¿Qué opina?
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