PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
México, bajo vigilancia: El peligroso avance de la “Ley Espía”.
Con la reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública —mejor conocida como la “Ley Espía”— México ha dado un preocupante paso hacia la consolidación de un Estado de vigilancia permanente.
Detrás del argumento de fortalecer la seguridad pública, se esconde una amenaza real y profunda a los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, en especial a su privacidad.
Esta nueva legislación otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia el poder de acceder, sin necesidad de una orden judicial, a un vasto universo de bases de datos tanto públicas como privadas. Hablamos de datos biométricos, médicos, fiscales, bancarios, telefónicos, vehiculares, huellas dactilares, CURP biométrica, y registros sensibles relacionados con salud, telecomunicaciones y finanzas.
Este nivel de acceso irrestricto configura una arquitectura de vigilancia masiva sin contrapesos democráticos. En un país con escasa rendición de cuentas y serios antecedentes de abuso de poder, resulta alarmante permitir que el gobierno acceda a este tipo de información sin ningún tipo de supervisión judicial o control ciudadano.
La ley fue promovida como una herramienta para “mejorar la coordinación y cooperación” entre niveles de gobierno, bajo un sistema de inteligencia destinado a prevenir delitos de alto impacto como homicidios, trata de personas, narcotráfico y extorsión. Sin embargo, esta justificación resulta insuficiente cuando no se establecen límites para el uso de la información ni se definen mecanismos eficaces de auditoría y transparencia.
La respuesta de la oposición fue inmediata. Algunos legisladores denunciaron que la aprobación de la CURP biométrica, junto con estas reformas, responde a un intento deliberado de consolidar un “Estado espía”. Desde su perspectiva, el gobierno no está buscando una mayor eficiencia para combatir la criminalidad, sino aumentar su capacidad de vigilancia sobre la sociedad en su conjunto.
México tiene historial en esta materia. Casos como el espionaje con el software Pegasus contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos siguen sin ser resueltos. A pesar de las denuncias públicas y del escándalo internacional, nadie ha sido castigado. Esa impunidad envía un mensaje claro: los abusos al derecho a la privacidad pueden ocurrir sin consecuencias.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la ley como una herramienta necesaria para enfrentar a la delincuencia organizada. Pero, ¿cómo queda el equilibrio entre seguridad y derechos civiles? Fortalecer al Estado no puede implicar debilitar las libertades fundamentales. Mucho menos en un país donde la militarización de la seguridad pública ha sido una constante, y donde las Fuerzas Armadas gozan de una creciente influencia en la vida pública sin controles efectivos.
Organizaciones de la sociedad civil han lanzado una alerta: la nueva legislación no sólo pone en riesgo la privacidad de millones de personas, sino que también representa un golpe a la libertad de expresión, al derecho de asociación y a la posibilidad de disentir. En un entorno donde el gobierno puede monitorear comunicaciones, movimientos y datos personales de cualquier ciudadano, el miedo a ser vigilado se convierte en una forma silenciosa de censura.
Por ello es urgente que este llamado de la ciudadanía sea escuchado… que se revise a fondo esta legislación.
Lo que está en juego no es sólo un sistema de datos o un mecanismo de seguridad, sino el tipo de país que queremos construir: uno que proteja nuestras libertades o uno que las sacrifique en nombre de una seguridad mal entendida.
