PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
En Monterrey, capital industrial y financiera del norte del país, no solo circulan inversiones productivas, sino también fraudes sofisticados que han atrapado a cientos de personas con la promesa de rendimientos extraordinarios.
La historia se repite. Financieras constituidas bajo la figura de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) terminan convirtiéndose en trampas piramidales que colapsan, dejando a su paso pérdidas millonarias y familias devastadas.
Uno de los casos más recientes es el de Financiera Trínitas, que presuntamente adeuda más de 2 mil 500 millones de pesos a 350 inversionistas. Durante meses, la empresa dejó de cubrir los intereses y la devolución del capital a sus clientes, pese a haber ofrecido rendimientos de hasta 19% anual, más del doble de lo que paga un instrumento seguro como los Cetes.
El patrón es conocido. Ellos utilizan esos fondos para realizar préstamos… Al momento en que estos clientes incumplen con los pagos estipulados, buscan “tapar el hoyo” con nuevos inversionistas… Cuando las entradas se frenan, la pirámide se derrumba.
Y no es un hecho aislado. En fechas recientes ya son al menos cinco casos en la zona metropolitana de Monterrey: Grupo Peak, Préstamo Feliz, Alivio Capital, Trínitas y Capital Tech Financial. En conjunto, los montos defraudados superan los 4 mil 500 millones de pesos. Las historias varían —desde financiamiento de nóminas hasta créditos médicos—, pero el mecanismo de engaño es el mismo. Ofrecer tasas exorbitantes en un entorno de tasas moderadas, atrayendo así a inversionistas confiados o ambiciosos.
¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo?
Parte de la respuesta está en la flexibilidad legal de las Sofomes, que surgieron como un vehículo para ampliar el crédito y la inclusión financiera, pero que han sido usadas como escudo por defraudadores. Aunque estas sociedades deben registrarse ante la Condusef y cumplir con ciertas normas, no están supervisadas con la misma rigurosidad que los bancos. Esa laguna regulatoria abre la puerta a prácticas riesgosas y, en el peor de los casos, delictivas.
Otro factor es la ambición y la desinformación de los inversionistas. Monterrey es un ecosistema de empresarios y profesionistas que buscan crecer su patrimonio; sin embargo, muchos caen en la trampa de pensar que rendimientos de 15% o 20% anuales son sostenibles, ignorando la máxima financiera: “a mayor rendimiento, mayor riesgo”. En el fondo, el anzuelo del dinero fácil sigue siendo irresistible.
Pero la responsabilidad no puede recaer solo en los defraudados. Estos esquemas persisten porque las sanciones son débiles y los procesos legales, lentos e ineficaces. La historia muestra que los responsables rara vez enfrentan castigos proporcionales. Algunos reciben prisión domiciliaria, otros prolongan juicios durante años, y al final muchos afectados apenas logran recuperar una fracción de lo perdido. La impunidad se convierte así en el mejor incentivo para que nuevos actores repliquen la fórmula.
¿Qué hacer entonces para erradicar estas prácticas?
Primero, es indispensable cerrar los vacíos regulatorios y establecer una supervisión efectiva de las Sofomes, equiparable a la de las instituciones bancarias. No basta con registros administrativos; se requieren auditorías periódicas, reportes obligatorios de solvencia y límites claros en los rendimientos que pueden ofrecer al público.
En segundo lugar, urge una campaña de educación financiera. El ciudadano común debe aprender a identificar promesas sospechosas, comparar con indicadores de mercado y comprender que no existen “ganancias seguras” por encima de lo que pagan los instrumentos tradicionales. Una sociedad financieramente educada es menos vulnerable a los engaños.
Finalmente, se necesita un endurecimiento de las sanciones. Los fraudes financieros no son delitos menores; destruyen patrimonios, afectan la confianza en el sistema y generan un daño social enorme. Considerarlos como delitos graves, con penas ejemplares y recuperación efectiva de bienes, sería un paso firme contra la impunidad.
En Monterrey, cada nuevo fraude revela la misma ecuación: promesas de riqueza rápida, autoridades que llegan tarde y víctimas que se quedan sin respuesta. No debemos normalizar estos episodios como “accidentes inevitables del mercado”. Acabar con estas prácticas, que se convierten en delito, es un reto urgente que exige voluntad política, firmeza legal y una ciudadanía más consciente. De lo contrario, los esquemas Ponzi seguirán multiplicándose, como espejismos que terminan en pesadilla.
