
PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
El abuso y las prácticas fraudulentas en las que han caído muchas (no todas) de las transacciones conocidas como “pre ventas” en Nuevo León, que son los sistemas de “apartados” para comprar por adelantado bienes inmuebles en proyecto a “mejores precios”, van a enfrentar por fin un marco regulatorio que promete algunas francas mejoras y, sobre todo, más seguridad para los clientes.
Y es que, ¡por fin!, en el Congreso de Nuevo León se terminó de redactar una iniciativa de ley para regular todo ese mundo seductor de las llamadas “preventas”.
En otras palabras, ya se logró un importante avance, luego de tanto levantar la voz a través del periodismo en El Horizonte, donde expusimos las quejas y los incumplimeintos de numerosos casos de torres de departamentos que nomás no se terminan -y siguen hoy sin edificarse-, con todo y que fueron “pre comprados” desde antes de la pandemia de 2020, donde los clientes pagaron puntualmente sus mensualidades, y los inmuebles debían haber estado construidos cuando muy tarde en 2022 o 2023. Algunos, aún hoy, no tienen más que el pozo abierto, sin ningún cimiento levantado.
Esta ley es una buena noticia, frente a una práctica que carecía por completo de marco legal, ya que las transacciones hoy no califican siquiera como una “compra-venta”, pues no hay ningún bien existente, y en realidad se han convertido en meros “pagos de buena fe”, sustentados tan solo por un documento increíblemente endeble, la famosa “oferta de compra”, que el desarrollador puede rechazar al momento que lo deseé, así se hayan pagado casi todas las mensualidades, sin incurrir en ninguna penalidad.
El problema, sin embargo, no está todo resuelto, pues tras revisar la iniciativa de ley que está por presentar la bancada local del PAN, liderada por el diputado Carlos de la Fuente, hallamos que hay un tema que, nos parece, sigue ambiguo, y que es justamente el que no parecerse obligarse de forma clara y contundente al constructor / vendedor, de establecer un compromiso férreo, mediante un contrato vinculante, de que respetará la compra (o “pre compra”) del cliente mientras éste cumpla, sin cambiarle las condiciones que le ofreció en la “preventa”, y sin la posibilidad de que le rechacen la oferta de compra (y si lo hace, que tenga que devolver el monto actualizado con intereses que igualen al precio comercial valuado del inmueble).
Y es que hoy, lo más lamentable del asunto es que los desarrolladores pueden usar a sus clientes como “bancos”, pero sin pagarles un solo peso de interés: le toman su dinero, financian parte del desarrollo con ese dinero, y luego se lo devuelven con un “usted disculpe” pero sin ninguna ganancia para quien aportó dicho recurso. O sea, el sistema actual de “preventas” se presta para vil y burdamente defraudar al comprador usando su dinero sin ninguna intención real de venderle el inmueble.
Esa situación tiene que blindarse por completo en la ley que se apruebe.
Y sí, se lograron cosas muy importantes: el desarrollador está obligado a contar con todos los permisos en regla antes de “pre vender” y debe demostrar que cuenta con una mayoría del dinero para desarrollar, sin poder “pre vender” más de lo que tiene como fianza.
Y sí, también es cierto: a muchos desarrolladores, lo que los dejó sin posibilidades de cumplir fueron las mañas y retrasos de los gobiernos municipales y las dependencias estatales que conscientemente complican dichos permisos para que el desarrollador “se moche” pagando un extra por fuera. Una tristísima realidad que sigue vigente en Nuevo León y que no puede ignorarse.
Pero frente a eso, también muchos desarrolladores han abusado, pues a sabiendas de que no tendrán los recursos completos, siguen promocionando y vendiendo sus proyectos como si nada pasara. Eso es fraude, señores.
Ya dimos el primer paso. Vayamos por todo el recorrido hasta la meta.
No nos detendremos.





