PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
¿Reforma o maniobra? El trasfondo de la carrera electoral en Nuevo León
El Congreso de Nuevo León se encuentra ante un escenario político tan apresurado como arriesgado.
Resulta que los diputados están intentando aprobar al vapor reformas constitucionales y a la Ley Electoral del Estado para “garantizar piso parejo” rumbo a la elección de gobernador en 2027.
La jugada impulsada por el PRIAN va contrarreloj, con múltiples obstáculos y con un objetivo que podría definirse más por la urgencia de los actores políticos que por el interés ciudadano.
La primera gran dificultad es el tiempo. Para que las modificaciones entren en vigor, deben aprobarse antes del 30 de septiembre, 365 días antes de que inicie oficialmente el “año electoral”, el 1 de octubre de 2026.
La segunda es matemática pura. Se trata de una reforma constitucional, que exige dos votaciones. Primero, mayoría simple de 22 votos; después, mayoría calificada de 28. El problema es que PRI, PAN y PRD apenas suman 21. Si no logran convencer a Morena, PT o Verde de sumarse, la iniciativa quedará en papel mojado, porque Movimiento Ciudadano ya adelantó su voto en contra.
El trasfondo es aún más revelador. La coalición PRI-PAN decidió “patear” las reformas de paridad de género y contra el nepotismo hasta 2030, con la clara intención de allanar el camino para que Adrián de la Garza sea su candidato en 2027. El cálculo es sencillo: si ya derrotó a Mariana Rodríguez en la alcaldía de Monterrey en 2024, ¿por qué no repetir la fórmula a nivel estatal dentro de dos años?
Sin embargo, la apuesta del PRIAN podría quedar sin sustento. La inminente decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que establecería que es el Instituto Nacional Electoral (INE) y no el Instituto Estatal Electoral el competente para fijar los criterios de paridad, cambia radicalmente el juego. Si el INE decide —como se anticipa— que, de las 17 gubernaturas en disputa en 2027, nueve deberán corresponder a mujeres y ocho a varones, entonces las maniobras locales pierden validez. La reforma exprés quedaría, en los hechos, como un esfuerzo inútil, un intento de control que no sobreviviría al marco federal.
Esto abre un abanico de posibilidades que ningún partido puede ignorar. Movimiento Ciudadano tendrá que decidir si apuesta por un perfil masculino —como “Mike” Flores o Luis Donaldo Colosio, quien podría reservarse para la elección presidencial de 2030— o si postula a Mariana Rodríguez. Morena, por su parte, definirá si se inclina por candidatas como Tatiana Clouthier, Judith Díaz o Clara Luz Flores, o por candidatos como Waldo Fernández o Andrés Mijes. En este tablero, la coalición del PRIAN no podrá simplemente proponer a Adrián de la Garza, sino que deberá contemplar también una carta femenina si quiere cumplir con los criterios del INE.
Lo preocupante es que, en medio de estas maniobras, la ciudadanía queda relegada. La discusión no gira en torno a mejorar la calidad de la democracia, sino a cómo los partidos se acomodan para proteger a sus aspirantes favoritos. En vez de garantizar un proceso equitativo y transparente, la reforma exprés refleja la ansiedad de las élites políticas por amarrar candidaturas antes de que las reglas cambien.
El resultado es un ambiente político enrarecido, donde la urgencia sustituye al debate profundo y donde las mayorías parlamentarias buscan ventajas de corto plazo sin pensar en la legitimidad de largo plazo.
Las reformas electorales requieren consenso amplio, discusión pública y tiempo suficiente.
Forzarlas en unos cuantos días solo alimenta la percepción de que se legisla al servicio de intereses particulares.
