PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
La clausura temporal del zoológico La Pastora, decretada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado 3 de octubre, ha reavivado una vieja discusión sobre el trato a los animales en cautiverio… y ha encendido nuevas sospechas sobre los intereses que rodean este emblemático espacio de Monterrey.
El argumento oficial es que el zoológico incumplió con el “trato digno y respetuoso hacia ejemplares de vida silvestre”. Según la titular de la Profepa, Mariana Boy, las inspecciones del 25 al 27 de septiembre confirmaron condiciones graves de deterioro físico y de salud en la osa “Mina”, además de una ausencia de protocolos adecuados de rehabilitación. Por ello, el organismo federal impuso un cierre total temporal que se mantendrá hasta que se garanticen medidas urgentes para el bienestar animal.
El señalamiento sería irrefutable… si no fuera porque la propia Profepa inspeccionó el zoológico hace un año y no emitió sanciones ni recomendaciones, pese a haber tenido contacto con el mismo ejemplar. ¿Qué cambió en tan poco tiempo? ¿Realmente se trata de una súbita preocupación ambiental o de una oportunidad política bien aprovechada?
El presidente del Parque Fundidora, Bernardo Bichara, de quien depende la administración del parque zoológico La Pastora, acusó a la Profepa de actuar “arbitrariamente y con tintes políticos”. Ordenó suspender la recepción de nuevos ejemplares y amagó con devolver los 91 animales que habían sido llevados al zoológico por la dependencia federal. La postura fue clara: El cierre no sólo es desproporcionado, sino parte de un conflicto institucional que trasciende al bienestar animal.
Detrás de este choque de declaraciones surge la sospecha que muchos comparten: ¿No será todo esto un “pleito arreglado”? La clausura de La Pastora podría servir como coartada perfecta para deshacerse de un viejo problema —un zoológico con instalaciones obsoletas, alto costo de mantenimiento y reputación en declive— y, al mismo tiempo, abrir la puerta a nuevos usos del terreno.
No se trata de un terreno cualquiera. El parque La Pastora forma parte del corredor Fundidora–Río La Silla–Estadio BBVA, una zona estratégica que se está transformando aceleradamente ante la llegada del Mundial 2026. El espacio, hoy ocupado por jaulas y senderos deteriorados, podría convertirse mañana en un desarrollo urbano o en una vitrina turística del “nuevo Monterrey”.
Esa posibilidad no ha pasado desapercibida para colectivos ciudadanos y asociaciones ambientalistas, quienes advierten que el cierre definitivo equivaldría a un despojo del terreno con fines políticos o económicos. Más que desaparecer al zoológico, proponen reconvertirlo en un centro de conservación y rehabilitación de fauna nativa, donde los animales decomisados o afectados por actividades humanas reciban atención especializada.
Y tienen razón. Cerrar La Pastora sin una alternativa real no sólo sería un error ecológico, sino también un gesto de irresponsabilidad institucional. Muchos de los ejemplares que allí viven no podrían ser liberados ni reubicados fácilmente, y quedarían condenados a un futuro incierto.
En este contexto, la discusión va mucho más allá del bienestar animal. Se trata de la manera en que se toman las decisiones públicas en Nuevo León, entre la opacidad y la conveniencia política. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanto protagonismo mediático? ¿Y por qué justo en un momento en que el área se revaloriza urbanísticamente?
El caso de “Mina” debe servir como punto de inflexión, no como pretexto. La Pastora requiere una transformación profunda, sí, pero no una desaparición abrupta dictada por intereses ajenos al interés público. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación de especialistas y sociedad civil deben guiar el futuro de este espacio.
El bienestar animal no debe convertirse en bandera política ni en cortina de humo para justificar decisiones urbanas predeterminadas.
