PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
En nombre de la salud pública, México se prepara para aprobar un nuevo golpe al bolsillo de millones de consumidores.
Se trata del ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas, que está a punto de ser avalado por el Senado de la República.
De aprobarse, para las bebidas azucaradas, el impuesto pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro en 2026, lo que representa un aumento del 87 por ciento… y además se aplicará, por primera vez, una cuota de 1.50 pesos por litro a las bebidas sin calorías.
Sobre el papel, la medida busca desincentivar el consumo de azúcar y reducir enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión. En la práctica, sin embargo, sus efectos pueden ser mucho más sociales que sanitarios.
El discurso oficial señala que el aumento no es recaudatorio, sino preventivo. Se promete que los más de 41 mil millones de pesos que se obtendrían se destinarán a fortalecer programas de salud, innovación alimentaria y combate a enfermedades crónicas.
No obstante, la historia reciente invita al escepticismo. Desde la creación del IEPS en 2014, la evidencia muestra que el impuesto no logró reducir de manera sostenida el consumo de refrescos en el país. Las ventas se recuperaron al poco tiempo, y los hábitos alimenticios permanecieron prácticamente intactos. La gente siguió tomando refrescos, pero pagando más.
En comunidades rurales y marginadas, el panorama es aún más complejo. Para muchas familias, el refresco no es un lujo, sino una necesidad energética. En zonas donde el acceso al agua potable es limitado o inseguro, una botella de Coca-Cola representa no solo una fuente de hidratación, sino también de calorías necesarias para soportar largas jornadas de trabajo bajo el sol. Subir el precio de esas bebidas sin ofrecer alternativas reales de alimentación y acceso al agua limpia no es una política de salud pública.
El argumento de que el nuevo IEPS ayudará a prevenir enfermedades parte de una visión parcial del problema. Es cierto que el consumo excesivo de azúcar está vinculado con la obesidad y la diabetes, pero la raíz del problema es estructural, no fiscal. Los mexicanos no se enferman por falta de impuestos, sino por falta de acceso a alimentos saludables y de infraestructura básica.
La política fiscal puede ser una herramienta complementaria, pero jamás un sustituto de una política integral de salud y bienestar.
El nuevo impuesto también afectará a las bebidas “light” o sin azúcar, lo que resulta contradictorio.
La industria refresquera ha mostrado disposición a adaptarse, comprometiéndose a reducir un 30 por ciento el contenido calórico y a hacer que más del 70 por ciento de su portafolio sea bajo en azúcar. Sin embargo, ni las empresas ni los consumidores pueden resolver por sí solos lo que es esencialmente un problema de salud pública mal enfocado.
Aumentar el IEPS a este nivel puede generar temporalmente una mayor recaudación, pero a costa de golpear los ingresos de las familias más vulnerables. Esas familias que, irónicamente, son las mismas que el gobierno dice querer proteger del sobrepeso y la enfermedad. En términos reales, un trabajador que compra un refresco diario podría gastar más de mil pesos adicionales al año por el nuevo impuesto.
Combatir la obesidad requiere acceso universal a agua potable, programas educativos en nutrición, incentivos a la producción local de alimentos saludables y regulación de publicidad infantil.
El azúcar puede ser un problema, pero un impuesto no resolverá la pobreza, ni cambiará los hábitos de consumo por decreto.
Si algo nos ha enseñado la historia fiscal mexicana, es que pocas cosas son tan adictivas para el gobierno como un nuevo impuesto disfrazado de virtud.
