PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
México amaneció este lunes 24 de noviembre con un país parcialmente detenido.
El paro convocado por productores agrícolas y transportistas no alcanzó el nivel “nacional” que se preveía, pero su efecto fue contundente.
Bloqueos parciales en 14 estados, afectaciones serias en el centro del país y miles de ciudadanos y empresas atrapados en retrasos, reprogramaciones y pérdidas económicas.
En términos estrictos, el impacto fue menor al que muchos anticipaban; en términos políticos, el mensaje fue mucho más fuerte de lo que el Gobierno Federal quisiera admitir.
La protesta no surgió de la nada.
Agricultores y transportistas habían advertido desde la semana pasada que tomarían las vías federales e incluso dos cruces internacionales si sus demandas continuaban siendo ignoradas.
Al final, optaron por una estrategia menos drástica, pero igualmente visible.
Y como ya se dijo aquí con la marcha de la Generación Z, lo verdaderamente grave sería que estas expresiones de inconformidad se subestimen o se minimicen desde el poder.
Son síntomas claros de un descontento que está creciendo y que, de seguir sin atención, puede desbordarse en cualquier momento.
El desgaste para el Gobierno Federal es evidente.
En pocas semanas, la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum ha disminuido de forma considerable, fenómeno que contrasta con el entusiasmo mediático que acompañó el inicio de su administración.
Curiosamente, a diferencia del primer año —cuando el gobierno publicaba encuestas casi cada semana— hoy el flujo de mediciones ha disminuido. El silencio estadístico también comunica, y lo hace en la misma dirección que las protestas, lo que significa que algo no está bien.
Ante los bloqueos, la Presidenta preguntó en su conferencia matutina “¿quién está detrás de estas movilizaciones?”. La pregunta sonó más como sospecha que como genuina intención de diálogo. Minutos después, la Secretaría de Gobernación intentó enviar un mensaje distinto: “el gobierno está abierto a escuchar”. Dos discursos en una misma mañana, ambos reflejo de un gabinete que aún no decide si optará por la confrontación o por la negociación.
Mientras tanto, la afectación es real. Miles de personas no pudieron trasladarse con normalidad. Transportistas con entregas programadas perdieron horas —y dinero— detenidos en filas interminables. Empresas pequeñas y grandes tendrán que absorber retrasos que, en un país profundamente dependiente del transporte terrestre, tienen efectos inmediatos en la cadena de suministro.
El golpe económico es mayor de lo que sugiere la narrativa oficial que insiste en que “no hubo paro nacional”. Bastó este paro parcial para recordar lo frágil que es la movilidad del país y lo expuesto que está su aparato productivo.
Las demandas de los manifestantes no son nuevas, pero sí más urgentes.
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y otras organizaciones agrícolas exigen lo mínimo: apoyo efectivo para el campo, precios justos por las cosechas y que no se reforme la Ley de Aguas Nacionales de manera que afecte sus concesiones. El temor de que se modifique la disponibilidad del recurso hídrico —ya de por sí limitado— tiene a los productores en guardia permanente. Y no es descartable que, si no hay respuestas claras, puedan bloquear carreteras estratégicas que conectan con aduanas y puentes internacionales.
Del otro lado, los transportistas viven un infierno cotidiano. Según la Asociación Nacional Transportista, en México ocurren hasta 70 robos diarios de unidades y mercancías. A esto se suman extorsiones del crimen organizado, cobros ilegales de policías y trámites detenidos para la expedición de placas y licencias. En un país que presume liderazgo logístico en Norteamérica, la realidad de sus carreteras es inadmisible.
Por todo ello, es urgente que el gobierno atienda estas demandas. La revisión del T-MEC está a la vuelta de la esquina. Nuestros socios comerciales observan de cerca la estabilidad y seguridad de sus cadenas de suministro.
Hoy el paro no paralizó por completo al país. Pero sí envió otro aviso. La paciencia social se está agotando. El gobierno todavía está a tiempo de escuchar y rectificar. La pregunta es si querrá hacerlo.
