PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
La paridad de género en la representación política es, sin duda, una de las conquistas democráticas más relevantes de las últimas décadas en México.
No surgió por concesión graciosa del poder, sino por la presión histórica de mujeres que durante años fueron excluidas de los espacios de decisión.
Sin embargo, como toda herramienta diseñada para corregir desigualdades, la paridad también corre el riesgo de ser deformada cuando se usa con fines ajenos a su espíritu original.
En ese contexto se inscribe la reciente mesa redonda organizada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), realizada en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEENL), y dedicada a analizar legislaciones sobre paridad en gubernaturas.
El evento reunió a representantes de diversos organismos electorales del país y se presentó como un ejercicio de reflexión plural y técnica.
El problema aparece cuando el debate institucional ocurre en medio de un clima político cargado de suspicacias, en el que la paridad parece dejar de ser un principio democrático para convertirse en una palanca estratégica.
En Nuevo León, la discusión no se da en el vacío. Coincide con el repliegue forzado del Gobierno estatal en otros frentes —como el intento fallido de aumentar el Impuesto Sobre Nómina o de contratar una deuda exorbitante— y con la necesidad del gobernador Samuel García de reposicionarse políticamente.
No es casual que, tras esos reveses, el discurso oficial se haya endurecido en torno a la paridad, promoviendo la idea de que en 2027 sólo mujeres puedan competir por la gubernatura y por un número relevante de alcaldías.
Una maniobra que, en los corrillos políticos, ya es conocida como “Ley Mariana”. La eventual aplicación de esta regla abriría la puerta a Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador Samuel García, y cerraría el paso a diversos aspirantes varones, como Adrián de la Garza, Waldo Fernández y Andrés Mijes, configurando un escenario donde la igualdad se percibe menos como derecho y más como filtro selectivo.
De concretarse, lo que nació para combatir la exclusión estructural de las mujeres terminaría siendo señalado como una herramienta para favorecer vínculos familiares y proyectos personales… Estarían confundiendo la paridad de género con los bienes conyugales. La frase puede sonar exagerada, pero refleja una inquietud legítima: ¿Se busca ampliar derechos o acomodar candidaturas?
El debate ya trascendió lo local.
La Presidenta Claudia Sheinbaum, al fijar postura sobre casos como el de San Luis Potosí y Nuevo León, coincidió en que los partidos deben postular mitad mujeres y mitad hombres en gubernaturas, como lo establece la Constitución, pero advirtió que imponer de manera obligatoria el género de la candidatura en un estado y para un periodo específico podría ser inconstitucional.
Además, Sheinbaum fue clara al reiterar su rechazo al nepotismo electoral, recordando que la democracia no se fortalece cuando el poder se hereda o se administra en círculos familiares. La coincidencia entre reglas de paridad forzadas y posibles beneficios para cónyuges de gobernadores no es una casualidad técnica, sino una señal de alerta política.
En ese escenario, el papel del IEEPCNL será determinante.
Más allá de foros, mesas y transmisiones en redes sociales, la verdadera prueba será demostrar independencia, rigor jurídico y sensibilidad democrática. La paridad no puede ser coyuntural ni moneda de cambio tras derrotas presupuestales. Si se percibe como un traje a la medida del poder, pierde legitimidad y traiciona la causa que dice defender.
Porque la igualdad, para ser auténtica, no se decreta según conveniencias del momento.
Se construye con reglas claras, generales y libres de sospecha.
Todo lo demás es mera simulación.
