Pedro Ocañas para Pan y Circo
En México, una celda no siempre significa castigo: muchas veces es una oficina con rejas. Desde ahí se ordenan extorsiones, se pactan asesinatos, se cobran “derecho de piso” y se mueven millones de pesos …todo con la custodia del Estado.
El Gobierno presume la captura de los delincuentes peligrosos como si fueran trofeos, pero la realidad es otra: cuando los detenidos ingresan al penal, el negocio continúa. Cambia el escenario, pero no el control.
El más reciente ejemplo es José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, quien purga una condena de 60 años de prisión, sigue operando desde una celda en un penal de Gómez Palacio, Durango, de acuerdo con información del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
“El Marro”, fue detenido el 2 de agosto del 2020 en la comunidad de Franco Tavera, del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, en el estado de Guanajuato, por los cargos de homicidio, narcotráfico, robo de combustible, tráfico de armas, extorsión y secuestro.
Este caso no sólo deja en evidencia al Estado, sino que nos deja claro hasta dónde la delincuencia, respaldada con el poder del dinero, tiene el control de los centros penitenciarios catalogados como de “alta seguridad” del país.
Lo que da a conocer el gobierno de Estados Unidos no es un caso aislado. A lo largo de los años ha quedado bien claro que figuras de alto perfil han demostrado que es posible conservar el mando criminal tras las rejas.
El mensaje es claro, en México se puede perder la libertad, pero no el negocio y se puede estar preso y seguir mandando.
Así las autoridades nos han demostrado que cualquier discurso sobre los penales de alta seguridad es puro teatro.
Aquí y ante estas situaciones no falla la ley. Falla la voluntad de quienes tienen la responsabilidad de aplicarla.
Cada que hay cambios de Gobierno prometen “limpiar los penales” por lo que implementan operativos espectaculares y encuentran evidencias y objetos que revelan la actividad criminal desde el interior.
En un cateo, en octubre, al penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades encontraron drogas, 70 teléfonos celulares, radios y hasta un sistema de internet satelital Starlink, entre muchos más objetos prohibidos.
Que en un penal aparezca un sistema de internet satelital Starlink es una prueba de que el crimen no está aislado, está conectado y mejor conectado que muchas corporaciones policiacas. Con este tipo de tecnología, las comunicaciones no pueden ser bloqueadas ni intervenidas mediante los métodos penitenciarios tradicionales.
Mientras las autoridades responsables de los centros penitenciarios sigan permitiendo la entrada de teléfonos celulares, visitas sin supervisión efectiva y toleren redes clandestinas de comunicación, la prisión seguirá siendo, para muchos, o que ya es hoy: una oficina disfrazada de celda
