PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
México atraviesa un momento incómodo. La economía se estanca mientras el discurso oficial insiste en planes ambiciosos de inversión y desarrollo.
El contraste entre ambos planos —la realidad presupuestaria y la narrativa gubernamental— define hoy uno de los principales dilemas económicos del país.
El reciente anuncio del Plan de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, concebido como un refuerzo del llamado Plan México, llega en un contexto poco favorable, ya que la inversión pública física se encuentra en su nivel más bajo desde 2021 y el margen fiscal es cada vez más estrecho.
Las cifras no admiten demasiadas interpretaciones optimistas.
El gasto en infraestructura en 2025 cayó 28.4% en términos reales con respecto al año anterior, con retrocesos tanto en sectores no petroleros como en hidrocarburos. Al mismo tiempo, el presupuesto público está crecientemente capturado por compromisos ineludibles: pensiones, gasto federalizado y el costo financiero de la deuda absorben casi 60% del gasto neto pagado.
En otras palabras, el Estado mexicano dispone de cada vez menos recursos para invertir en aquello que verdaderamente genera crecimiento de mediano y largo plazo.
Este es el punto de partida del nuevo plan anunciado por el gobierno federal.
La apuesta es clara. Se busca compensar la debilidad de la inversión pública mediante una mayor integración con capital privado.
La meta declarada es ambiciosa. Sumar más de 700 mil millones de pesos adicionales en inversión hacia 2026 y alcanzar un monto acumulado de 5.6 billones de pesos a lo largo del sexenio.
En el papel, la cifra luce impresionante; en la práctica, el desafío es mucho más complejo.
El problema no es únicamente de montos, sino de credibilidad y ejecución.
México ha tenido históricamente dificultades para traducir grandes anuncios de infraestructura en proyectos concluidos, rentables y socialmente útiles. La creación de un Consejo Técnico de Planeación y la promesa de una planeación estratégica de largo plazo buscan responder a esta debilidad estructural. Sin embargo, centralizar la planeación no garantiza, por sí mismo, mejores resultados si no va acompañada de reglas claras, certidumbre jurídica y mecanismos efectivos de evaluación.
El énfasis sectorial del plan también merece una lectura crítica. Más de la mitad de las nuevas inversiones se dirigirán al sector energético, seguido por proyectos ferroviarios y carreteros. No es una elección casual. Energía y logística son cuellos de botella históricos para la competitividad del país. Pero también son sectores altamente sensibles a la regulación, al clima político y a la confianza de los inversionistas. Sin señales claras de estabilidad regulatoria y respeto a contratos, la participación privada podría quedarse muy por debajo de lo esperado.
El gobierno sostiene que esta estrategia permitirá elevar el crecimiento económico hacia tasas cercanas al 3% anual.
Esa estimación, sin embargo, parece optimista frente a un entorno global adverso y a las limitaciones internas. La inversión puede detonar crecimiento, sí, pero solo cuando está bien diseñada, bien ejecutada y acompañada de un entorno institucional sólido. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una cifra atractiva para conferencias de prensa, pero insuficiente para transformar la realidad económica.
El discurso de “crecimiento con justicia social” introduce un elemento relevante al debate.
Medir el desarrollo más allá del PIB es una discusión válida y necesaria. No obstante, ignorar el bajo dinamismo económico bajo el argumento de una visión alternativa del desarrollo puede resultar costoso. Sin crecimiento sostenido, la justicia social termina dependiendo cada vez más de transferencias y menos de productividad, empleo formal e ingresos permanentes.
El Plan de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo representa, en el mejor de los casos, una oportunidad para corregir el rumbo; en el peor, un intento por compensar con narrativa lo que el presupuesto ya no alcanza a cubrir.
El reto no está en anunciar más planes, sino en demostrar que esta vez la inversión será capaz de romper el ciclo de estancamiento. Porque sin infraestructura productiva, certidumbre y confianza, no hay planeación que sostenga el crecimiento.
