Pedro Ocañas para Pan y Circo
Nadie la define en los discursos oficiales, pero todos la reconocen en los hechos. La impunidad política ocurre cuando un funcionario, gobernante o legislador utiliza el poder público para evadir consecuencias tras cometer actos ilegales o abusos… y lo logra.
No es solo la ausencia de castigo, sino que hay un engranaje que protege.
Se manifiesta cuando las instituciones encargadas de investigar y sancionar no actúan con autonomía. Cuando las denuncias se archivan sin explicación, los expedientes se congelan o las investigaciones se vuelven un laberinto administrativo.
Y lo peor se da cuando el aparato del Estado, en lugar de corregir encubre.
El fuero constitucional, concebido como garantía para el ejercicio del cargo, con frecuencia
termina convertido en blindaje procesal.
Y cuando los casos avanzan, aparece otro mecanismo: el desgaste. Procesos que se alargan hasta la prescripción. Audiencias diferidas una y otra vez. Recursos legales encadenados estratégicamente.
La justicia lenta se transforma en justicia inexistente.
Existe también la simulación de castigo: investigaciones que hacen un castigo mediático,
pero no producen sentencias firmes; sanciones administrativas que no tocan responsabilidades penales; inhabilitaciones temporales que no reparan el daño.
Se construye la narrativa de acción sin que exista verdadera rendición de cuentas.
El efecto es profundo, la ley deja de aplicarse en forma igualitaria. Se instala la percepción social de que “al poder no se le toca”.
Organizaciones como Transparencia Mexicana y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han documentado que numerosos casos de corrupción en México no llegan a sentencia firme o permanecen años sin resolución definitiva.
La impunidad política no solo protege a individuos; debilita al estado de derecho. Porque cuando el poder no enfrenta consecuencias, el mensaje no es jurídico, es cultural: la norma es negociable, la justicia es selectiva y la responsabilidad depende del cargo.
En México, descubrir la corrupción ya no es la parte difícil, lo difícil es que alguien pague por ella.
Y en una democracia, ese es el principio de desgaste institucional.
