PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer invita a reflexionar sobre los avances y las deudas pendientes en materia de igualdad.
En el terreno económico, la discusión resulta particularmente relevante para México, un país donde las mujeres representan poco más de la mitad de la población, pero donde su participación en la actividad productiva todavía enfrenta importantes obstáculos.
Los números hablan por sí solos.
Mientras que cerca del 75 por ciento de los hombres en edad de trabajar participa en el mercado laboral, en el caso de las mujeres la cifra ronda el 45 por ciento. La diferencia es significativa y coloca a México por debajo del promedio de muchos países desarrollados, donde la participación laboral femenina supera el por ciento. Esta brecha no solo refleja desigualdad social; también revela un enorme potencial económico que el país no está aprovechando.
Parte del problema radica en una estructura social que durante décadas ha descansado en el trabajo invisible de las mujeres. De acuerdo con estimaciones del INEGI, las mujeres realizan cerca del 73 por ciento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Hablamos de tareas esenciales para el funcionamiento cotidiano de cualquier sociedad: cuidar niños, atender adultos mayores, preparar alimentos, organizar la vida familiar. Actividades indispensables, pero que rara vez se reconocen como parte de la economía.
Si ese trabajo fuera contabilizado como producción económica formal, su valor equivaldría aproximadamente a una cuarta parte del Producto Interno Bruto del país.
A esta realidad se suma otro desafío persistente, que es la brecha salarial. Diversos estudios estiman que, en promedio, una mujer en México gana entre 14 y 18 por ciento menos que un hombre por trabajos comparables.
El resultado es una paradoja difícil de ignorar. Las mujeres contribuyen de manera decisiva al funcionamiento de la economía —tanto dentro como fuera del mercado laboral— pero su reconocimiento económico sigue siendo menor.
El fenómeno también se refleja en los espacios de liderazgo. Aunque en los últimos años ha habido avances, la presencia femenina en puestos de alta dirección sigue siendo limitada. En México, menos del 10 por ciento de las direcciones generales de empresas están ocupadas por mujeres, y la participación en consejos de administración todavía se encuentra lejos de la paridad. Esto implica que buena parte de las decisiones económicas más importantes del país continúan tomándose con una representación femenina reducida.
Desde una perspectiva estrictamente económica, la situación resulta difícil de justificar. Diversos organismos internacionales han señalado que aumentar la participación femenina en el mercado laboral podría impulsar significativamente el crecimiento económico de México. Incorporar más talento, más diversidad de perspectivas y mayor capacidad productiva no es solo una cuestión de justicia social; también es una estrategia inteligente de desarrollo.
Por supuesto, cerrar estas brechas no depende únicamente de la voluntad individual. Requiere cambios estructurales, por ejemplo, sistemas de cuidado más robustos que permitan conciliar vida familiar y laboral, políticas que promuevan la igualdad salarial, mejores condiciones de seguridad para las mujeres y un entorno empresarial que facilite su acceso a posiciones de liderazgo.
Las sociedades que logran aprovechar plenamente el talento de sus mujeres suelen ser también las que registran mayores niveles de innovación, productividad y bienestar. México no debería ser la excepción.
Cada 8 de marzo, más que una fecha simbólica, debería servir como recordatorio de una realidad evidente. El desarrollo económico de un país no puede construirse dejando al margen a más de la mitad de su población. Reconocer el papel de las mujeres en la economía no es solo una cuestión de equidad. Es, sobre todo, una condición indispensable para el futuro del país.
