Pedro Ocañas para Pan y Circo
En México hay dos formas de ayudar al necesitado. Una consiste en darle la mano; la otra, en tomarle la mano… y no soltarla nunca.
Los programas sociales se han consolidado como uno de los ejes centrales de la política pública en el país.
Su expansión en los últimos años responde a una realidad incuestionable: amplios sectores de la población enfrentan condiciones de vulnerabilidad que requieren atención inmediata. En ese sentido, negar su relevancia implicaría desconocer la profundidad de las brechas sociales que persisten en México.
Sin embargo, el debate no debería centrarse en su existencia, sino en su diseño, su operación y su finalidad.
Una política social efectiva exige reglas claras y mecanismos de evaluación. Los programas deben pensarse como instrumentos permanentes y no como herramientas sujetas al gobierno en turno.
Cuando una administración redefine padrones, modifica criterios o reconfigura apoyos sin garantizar continuidad ni transparencia, se debilita la confianza pública y se reduce su impacto real.
La preocupación aumenta cuando estos programas se insertan en un contexto político-electoral permanente. La promoción de los apoyos, la personalización de la entrega y la ausencia de contrapesos efectivos generan dudas sobre su uso.
No se trata de cuestionar la entrega de recursos, sino de advertir sobre el riesgo de que éstos se conviertan en mecanismos de influencia política.
En una democracia consolidada la política social se sustenta en criterios técnicos y en evaluaciones periódicas que permiten medir resultados y corregir desviaciones. Su continuidad no depende de ciclos electorales ni de las narrativas políticas, sino de eficiencias para reducir desigualdades.
En México, la discusión pública suele polarizarse: por un lado, se defiende el programa como logros incuestionables; por el otro, se descalifican de manera generalizada.
La falta de transparencia en los padrones, la limitada evaluación independiente y la escasa rendición de cuentas dificulta conocer con precisión si los programas cumplen su objetivo o si, por el contrario, generan dependencia sin modificar las condiciones estructurales de pobreza.
El reto es claro, México requiere una política social que trascienda y se consolide como una auténtica política de Estado. Esto implica que se fortalezca la supervisión, se transparente la asignación de los recursos y se separe su operación de cualquier interés electoral.
Los programas sociales pueden ser una herramienta eficaz para reducir desigualdades, pero también pueden convertirse en instrumentos de control político si no se establecen límites claros.
Más que ampliar su cobertura, el desafío está en asegurar su integridad. Solo así podrán cumplir su propósito original: atender necesidades sociales sin comprometer la democracia.
