Desde el Olimpo

Apodaca busca respuestas mientras la crisis eléctrica rebasa a los municipios

By julio 25, 2026No Comments

La confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en Nuevo León continúa trasladándose a distintos frentes, y ahora uno de ellos es el manejo de los recursos destinados al Fan Festival Monterrey 2026. En un contexto donde la relación entre ambos poderes atraviesa uno de sus momentos más tensos, cualquier decisión relacionada con el gasto público adquiere una inevitable dimensión política.

La diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado una revisión excepcional de la cuenta pública 2026 de Parque Fundidora. La intención es verificar la legalidad, la transparencia y la correcta aplicación de los recursos utilizados durante la organización del Fan Festival realizado con motivo del Mundial.

La petición contempla revisar de manera específica las erogaciones destinadas al mantenimiento y reparación del parque, la contratación de espectáculos musicales, la instalación de pantallas gigantes, el equipo audiovisual, escenarios, mobiliario y otros conceptos relacionados directamente con el desarrollo del evento.

Además, la legisladora busca que el órgano fiscalizador analice los contratos correspondientes a logística, seguridad, operación, alimentos, bebidas, artículos promocionales y cualquier otro gasto vinculado con el festival. En otras palabras, el objetivo es que prácticamente toda la operación financiera del evento quede bajo la lupa de la Auditoría Superior del Estado.

Desde la óptica legislativa, la solicitud puede entenderse como un ejercicio de control y rendición de cuentas sobre recursos públicos de alto impacto. Ningún evento, por exitoso que sea en términos de asistencia o promoción internacional, debería quedar exento de una revisión cuando se utilizan recursos provenientes del erario.

Sin embargo, también resulta imposible separar este movimiento del ambiente político que prevalece entre el Congreso y el Gobierno estatal. La tensión acumulada durante los últimos años ha provocado que prácticamente cualquier iniciativa de fiscalización sea interpretada por el Ejecutivo como un ataque político, mientras que la oposición sostiene que únicamente está cumpliendo con su responsabilidad constitucional de vigilar el uso del dinero público.

En ese escenario, la revisión que eventualmente realice la Auditoría Superior del Estado será relevante no solo por los resultados financieros que arroje, sino porque pondrá a prueba la capacidad institucional para demostrar independencia frente a un conflicto político permanente.