PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
Hay instituciones cuya credibilidad debería estar por encima de cualquier sospecha. Organismos que, por la enorme responsabilidad que tienen frente a la sociedad, están obligados a conducirse con absoluta transparencia, independencia y honestidad. El Instituto Nacional Electoral es uno de ellos.
Por eso resulta tan preocupante el escándalo que hoy sacude al INE y que ha llevado a su presidenta, Guadalupe Taddei, a anunciar su renuncia.
Y la pregunta es inevitable: ¿en manos de quién está nuestra democracia?
Estamos en pleno proceso electoral federal 2026-2027. El organismo encargado de garantizar elecciones libres, transparentes y confiables enfrenta cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y relaciones entre funcionarios y proveedores.
No estamos hablando de asuntos menores.
La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio ante indicios de posibles acuerdos indebidos entre empresas proveedoras, triangulación de recursos públicos y contrataciones cuestionadas. Taddei y sus secuaces habrían operado un esquema de adjudicaciones que benefició a siete empresas que obtuvieron contratos por más de mil millones de pesos en Organismos Públicos Locales Electorales de 13 estados de la República y en el propio instituto. Son hechos que deben investigarse hasta sus últimas consecuencias.
Pero el daño institucional ya plantea un problema que trasciende cualquier responsabilidad individual.
Nosotros, los ciudadanos, ¿cómo vamos a tener confianza en los resultados electorales cuando la propia autoridad encargada de organizarlos enfrenta semejantes cuestionamientos?
Taddei asegura que su salida busca proteger la estabilidad y credibilidad del Instituto. Sin embargo, una renuncia no puede sustituir a la rendición de cuentas.
Y ahora viene otro asunto igualmente delicado: la sucesión.
La legislación establece que, ante la ausencia definitiva de la presidencia, los consejeros electorales deberán elegir entre ellos a quien ocupe provisionalmente el cargo. Posteriormente, la Cámara de Diputados tendrá que designar al sustituto mediante el procedimiento constitucional, que exige una mayoría de dos terceras partes de los legisladores presentes y contempla, en caso de falta de acuerdos, una insaculación. Quien resulte elegido concluirá el periodo original, hasta abril de 2032.
Es precisamente aquí donde Morena enfrenta una responsabilidad política que no puede eludir.
Taddei llegó a la presidencia en abril de 2023, mediante un sorteo legislativo realizado durante una etapa de profundas confrontaciones por el futuro del árbitro electoral. Hoy, incluso legisladores morenistas exigen esclarecer las irregularidades denunciadas.
Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ya anticipó que el proceso de sustitución podría tomar entre cuatro y cinco semanas. Otros integrantes de su partido han planteado incluso posibles consecuencias jurídicas y políticas para la funcionaria.
La contradicción política merece una explicación pública.
Quienes defendieron las transformaciones y decisiones que marcaron una nueva etapa del INE tienen ahora la responsabilidad de demostrar que la autonomía electoral no depende de simpatías partidistas ni de acuerdos circunstanciales.
Porque una cosa es cambiar funcionarios y otra, muy distinta, fortalecer instituciones.
México ha invertido décadas en construir un sistema electoral capaz de ofrecer certeza y legitimidad a sus procesos democráticos. Ese patrimonio institucional no pertenece al gobierno, a la oposición ni a ningún partido político. Pertenece a los ciudadanos.
La investigación debe llegar hasta donde conduzcan las pruebas. Y la sucesión debe realizarse con absoluta transparencia, sin cuotas partidistas ni negociaciones que comprometan la independencia del Instituto.
Como mexicanos, tenemos derecho a exigir que quienes encabezan nuestros organismos constitucionales sean ejemplo de integridad, no protagonistas de escándalos.
Porque cuando se pone en duda la credibilidad del árbitro, también se erosiona la confianza en las reglas del juego democrático.
Y esa es, quizá, la consecuencia más grave de esta crisis.
La democracia mexicana necesita instituciones que estén por encima de sus dirigentes. Y ciudadanos que nunca renunciemos a exigirles cuentas.
