PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
A unos días de que Morena inicie formalmente su proceso interno para definir a su candidata o candidato a la gubernatura de Nuevo León, el partido enfrenta una pregunta incómoda: ¿Cómo pretende presentarse como alternativa de gobierno si ni siquiera logra explicar con claridad su postura frente al caso Samuel García?
El episodio del juicio político contra el gobernador ha terminado por exhibir algo más grave que una simple diferencia parlamentaria. Ha mostrado una fractura, una contradicción y, sobre todo, una sospechosa falta de contundencia frente a un asunto que Morena, en teoría, debería encabezar sin titubeos… el combate a la corrupción.
Las acusaciones contra Samuel García no son menores. Se le señala por presuntas triangulaciones millonarias de recursos públicos hacia despachos vinculados con su entorno familiar. En ese contexto, Morena decidió originalmente cerrar filas con el PRI y el PAN para avanzar en el juicio político. El acuerdo parecía claro. Unirían fuerzas para investigar y, en su caso, sancionar posibles actos de corrupción. Sin embargo, a la hora de votar, dos diputados locales morenistas, Mario Soto y Rodrigo Montemayor, además de Claudia Chapa, legisladora del Partido Verde, se ausentaron.
La iniciativa avanzó, sí. Pero el mensaje político quedó hecho pedazos.
Porque para que el proceso llegue a una eventual destitución se necesitarán todos los votos posibles, incluidos los de Morena. Y si dentro del propio partido gobernante a nivel nacional hay legisladores que se ausentan justo en el momento clave, la pregunta se vuelve inevitable: ¿Morena quiere realmente ir contra Samuel García?
La renuncia de Mario Soto a la coordinación de la bancada morenista no despeja la duda; al contrario, la agranda. Su explicación pública —que la coordinación era rotativa y que él cree que “el pueblo pone y el pueblo quita”— suena más a salida política que a rendición de cuentas. Peor aún: las versiones internas señalan que antes de la sesión habría recomendado no asistir por supuestas “confusiones” sobre la línea del partido. ¿Confusión? En política, cuando todos entienden menos los que tienen que votar, generalmente no hay confusión… hay cálculo.
La visita urgente de Ariadna Montiel a Monterrey tampoco logró resolver el problema. En privado, según versiones, hubo molestia y señalamientos contra los legisladores ausentes. En público, en cambio, predominó la cautela. No hubo condena clara, no hubo sanción inmediata, no hubo deslinde contundente. Esa tibieza alimenta la idea de que en Morena Nuevo León hay algo más que desacuerdo… Hay una operación para aparentar ruptura mientras se protege, por acción u omisión, al gobernador.
Y ahí está el verdadero costo político. Morena pretende competir por Nuevo León con la bandera de la honestidad, pero este episodio lo coloca en el mismo terreno que dice combatir… el de los acuerdos oscuros, las complicidades cruzadas y los silencios convenientes.
Samuel García, por su parte, parece jugar con varias cartas a la vez. Tiene antecedentes de señalamientos por financiamiento irregular en su campaña de 2021; ha construido vínculos políticos útiles con sectores del poder federal; ha recibido respaldo para obras estratégicas como las líneas del Metro; y conserva redes locales que podrían operar en su favor si el juicio político avanza. Todo eso configura un tablero donde nadie parece completamente libre de compromisos.
Por eso el caso incomoda tanto a Morena. Si empuja hasta el final, podría abrir expedientes que salpiquen a más de uno. Si se detiene, confirma que su discurso anticorrupción depende de la conveniencia política. En ambos escenarios, el partido pierde autoridad moral.
Nuevo León observa. Y lo que ve no es a un partido listo para gobernar, sino a una fuerza política atrapada entre su ambición electoral y sus pactos inconfesables.
