PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
Del descontento a la violencia.
Las imágenes se repiten en distintas partes del mundo.
Manifestaciones ciudadanas que surgen de reclamos legítimos, multitudes que salen a las calles para exigir soluciones y, finalmente, escenas de violencia, incendios, vandalismo y enfrentamientos que terminan por desplazar las demandas originales.
Me parece muy grave.
Un creciente descontento social, la incapacidad de las instituciones para responder oportunamente a las demandas ciudadanas y la aparición de grupos violentos que terminan desvirtuando las protestas legítimas.
Ocurre en Guadalajara. Ocurre en Francia. Y, con distintas causas y dimensiones, se manifiesta también en otros países donde el malestar social encuentra cada vez menos respuestas satisfactorias por parte de las instituciones.
Lo preocupante no es solamente la violencia. Es lo que sucede antes de que estalle y, sobre todo, lo que puede venir después.
En Guadalajara, el detonante ha sido un problema tan elemental como indignante: la mala calidad del agua que reciben miles de familias. Un servicio indispensable que, lejos de garantizar condiciones mínimas de bienestar, se ha convertido en motivo de incertidumbre, indignación y movilización ciudadana.
La protesta del pasado domingo dejó imágenes difíciles de ignorar. Grupos de encapuchados provocaron destrozos e incendios en instalaciones de los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Mientras tanto, miles de ciudadanos intentaban hacer escuchar una exigencia legítima: agua limpia y soluciones concretas.
Las autoridades quedaron ante una situación que evidenció serias dificultades para contener los actos vandálicos sin comprometer el derecho a la manifestación.
Guadalajara no presenciaba episodios de esta naturaleza desde aquellos disturbios de mayo de 2004, cuando la movilización de grupos antiglobalización, durante la Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, terminó en enfrentamientos y denuncias de abusos policiales. Más de dos décadas después, la historia parece encontrar inquietantes semejanzas.
Del otro lado del Atlántico, Francia enfrenta su propia tormenta social.
El encarecimiento de la vida, la pérdida del poder adquisitivo, las deficiencias del sistema educativo y el deterioro de los servicios públicos han alimentado movilizaciones multitudinarias. Estudiantes, trabajadores y organizaciones sindicales han expresado un descontento que trasciende sectores y generaciones.
Sin embargo, también ahí las protestas mayoritariamente pacíficas han terminado empañadas por grupos violentos, saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas del orden, que llevaron a las autoridades a imponer, un día después, el toque de queda.
Las causas son distintas, pero existe un denominador común: la acumulación de agravios sociales que no encuentran respuestas oportunas y la presencia de grupos que aprovechan las movilizaciones para provocar confrontaciones.
Y aquí surgen preguntas inevitables: ¿Quiénes son esos grupos? ¿Qué intereses persiguen? ¿Por qué las autoridades parecen incapaces de impedir que secuestren las protestas ciudadanas?
No se trata de criminalizar la inconformidad. Todo lo contrario. Una democracia necesita ciudadanos capaces de exigir, cuestionar y manifestarse libremente. Pero también requiere instituciones que garanticen ese derecho y actúen frente a quienes recurren a la violencia.
Tampoco puede ignorarse que la represión indiscriminada termina agravando el problema. Cuando las autoridades confunden manifestantes con provocadores, la desconfianza se profundiza y el conflicto adquiere nuevas dimensiones.
México debería observar estas señales con especial atención.
Estamos a pocos meses del proceso electoral de 2027, en un entorno marcado por la polarización política, las tensiones sociales y la persistencia de problemas que afectan directamente la vida cotidiana.
El desafío no será solamente organizar elecciones, sino garantizar que la competencia política y las expresiones ciudadanas se desarrollen sin intimidación, violencia ni provocaciones.
Porque cuando una protesta legítima termina convertida en una batalla campal, todos perdemos: los ciudadanos dejamos de ser escuchados, las instituciones pierden credibilidad y la democracia resulta debilitada.
