PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
La revelación del diario The New York Times el pasado viernes 8 de agosto puso sobre la mesa un escenario inédito: Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, firmó una orden secreta que autoriza al Pentágono a lanzar ataques militares contra cárteles del narcotráfico en México y América Latina, todos catalogados como “organizaciones terroristas extranjeras”.
Aunque se desconoce el texto y la fecha exacta de la orden, las filtraciones apuntan a un plan que incluye fuerzas especiales, operaciones de inteligencia, drones y ataques de precisión, supuestamente coordinados con el gobierno mexicano.
Hacia marzo de este mismo año ya se habían desplegado buques destructores con misiles Tomahawk en el Golfo de México y frente a las costas de Baja California… y antes se había reportado el sobrevuelo de drones.
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirma que no hay riesgo de invasión. Sin embargo, la realidad es más compleja: se trata de la señal más clara de que Estados Unidos está dispuesto a actuar directamente contra un problema que México no ha logrado resolver por sí solo.
Durante décadas, el combate al narcotráfico en México ha sido una mezcla de estrategias fallidas, corrupción y simulación política. Desde la “guerra contra el narco” de 2006 hasta los planes de pacificación más recientes, los resultados son incuestionables: los cárteles siguen operando, controlando territorios, con capacidad de violencia y corrupción.
La designación de estos grupos como “terroristas” por parte de Estados Unidos no es gratuita. Es un diagnóstico crudo.
Aceptar cooperación militar estadounidense implica un riesgo evidente: que la soberanía mexicana se vea debilitada y se abra la puerta a operaciones unilaterales. Pero rechazarla sin proponer una alternativa viable sería prolongar una guerra que México no está ganando.
Esta coyuntura, por incómoda que sea, puede convertirse en el punto de inflexión que el país necesita si se cumplen tres condiciones fundamentales:
1. Control operativo compartido, con mando final mexicano y protocolos claros.
2. Enfoque integral que incluya no solo golpes militares, sino desmantelamiento financiero, político y logístico de los cárteles.
3. Reciprocidad bilateral, con compromisos firmes de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas hacia México y reducir su propia demanda de drogas.
La experiencia demuestra que los operativos improvisados o puramente militares no bastan. Lo que se requiere es una alianza estratégica binacional que combine inteligencia de élite, tecnología avanzada y acciones coordinadas de alto impacto, siempre bajo un marco de transparencia y rendición de cuentas.
México debe negociar desde una posición firme, reconociendo que necesita apoyo externo, pero asegurando que esto no se convierta en una presencia militar indefinida ni en decisiones unilaterales. El reto está en transformar lo que podría verse como una intromisión en una operación conjunta contra un enemigo que desangra a ambos países.
La pregunta no es si México puede enfrentar solo al crimen organizado —la historia reciente demuestra que no—, sino si está dispuesto a hacerlo con ayuda externa en condiciones que resguarden su soberanía y beneficien a su población.
Esta es una oportunidad que no se presentará dos veces. Administrada con inteligencia y visión, podría significar el golpe más contundente contra los cárteles en décadas. Desaprovechada o mal negociada, se traduciría en otro capítulo de violencia, desconfianza y pérdida de control.
En esta guerra, el verdadero acto de soberanía no es decir “no” a toda cooperación, sino decidir cómo y bajo qué términos se acepta, para que el resultado sea la paz que México lleva demasiado tiempo esperando.
