PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
Algo cambió esta semana en Nuevo León.
Después de años de discreción, prudencia —y para algunos, franca complacencia—, el sector privado volvió a levantar la voz.
No fue un boletín tibio ni un comentario aislado.
Fue un pronunciamiento unificado, contundente y, sobre todo, inusual, contra la propuesta del Gobierno estatal de aumentar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3 al 4 por ciento y autorizar un endeudamiento adicional que podría superar los 16 mil millones de pesos para 2026.
Hacía mucho, muchísimo tiempo, que no se veía algo así.
Las cámaras empresariales, antes consideradas el contrapeso natural del poder político, habían ido desdibujándose. O por evitar confrontaciones, o por miedo a persecuciones —como las que marcaron el inicio de este sexenio—, o, siendo mal pensados, por intereses demasiado cómodos con la administración en turno.
Pero ese silencio, que ya parecía estructural, se rompió. Por fin.
El jueves 4 de diciembre, representantes de 17 cámaras y organismos empresariales aparecieron juntos ante los medios de comunicación… algo inédito en la historia reciente del estado.
Con la CAINTRA, COPARMEX, CANACO y el Consejo Cívico al frente, denunciaron lo que consideran un golpe directo al empleo, la competitividad y la inversión.
Y es que aumentar el ISN no es un gesto simbólico. Significa encarecer la contratación, encoger márgenes y castigar a quienes sí cumplen, precisamente en un estado que presume atraer inversiones y liderar el nearshoring.
Lo paradójico es que quien hoy promueve este incremento es el mismo que, años atrás, fustigaba a Rodrigo Medina cuando elevó el ISN de 2 a 3 por ciento.
Samuel García construyó parte de su narrativa política denunciando alzas fiscales y endeudamientos irresponsables.
Sin embargo, su administración empuja ahora un alza del 33% a un impuesto que ya recauda más de 17 mil millones de pesos al año… Y sigue pidiendo más deuda.
Los empresarios fueron claros. Antes de pedir más, el Gobierno debe transparentar de manera verificable cómo gasta lo que ya tiene.
La encuesta de CAINTRA entre PyMEs es contundente. El 42% contrataría menos personal, el 48% subiría precios, y el 94% anticipa afectaciones operativas si sube el impuesto. Difícil pensar en un peor momento para golpear al motor que emplea al 51% de la fuerza laboral formal del estado.
La respuesta del Gobierno fue inmediata, pero no conciliadora.
El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, calificó de “incoherentes” a los líderes empresariales y defendió la administración como “modelo de finanzas fuertes”, argumentando necesidades de seguridad.
Pero esta vez hubo réplica. Jorge Santos, de CAINTRA, contestó sin titubeos: “Respetamos lo que puedan declarar, pero no estamos dispuestos a nada”.
Y llegó a tal punto que el propio Gobernador tuvo que matizar después, prometiendo respetar lo que determine el Congreso.
Más que un debate fiscal, esto marca el regreso del empresariado regiomontano como actor público, como contrapeso real, como voz que exige cuentas.
Hoy el sector empresarial recuperó ese papel.
Aplaudámoslo.
Porque en tiempos de gasto opaco, deuda creciente y decisiones unilaterales, un estado sano requiere voces que incomoden, que cuestionen y que frenen excesos. Como en los viejos tiempos.
El reto ahora es que este despertar no sea flor de un día.
Porque lo que está en juego no es un punto porcentual de impuesto.
Es la competitividad, el empleo y la credibilidad del gobierno que dice impulsar a Nuevo León hacia el futuro, mientras abre la puerta a los mismos vicios que tanto criticó.
