PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
La deuda del agua y la factura que podría pagar Nuevo León.
Este lunes 22 de diciembre comenzó el desfogue de la presa El Cuchillo.
No se trata de un hecho técnico menor ni de una maniobra rutinaria de operación hidráulica.
Es, en los hechos, la materialización de una decisión política que vuelve a colocar a Nuevo León en el centro de una disputa histórica.
Se trata del cumplimiento de la deuda de agua que México mantiene con Estados Unidos bajo el Tratado de Aguas de 1944, y el riesgo latente de comprometer el abasto futuro de una de las zonas metropolitanas más pobladas y productivas del país.
Durante meses, el discurso oficial decía que la presa El Cuchillo no formaba parte del tratado, no era una fuente internacional y su vocación era, ante todo, garantizar agua potable al área metropolitana de Monterrey.
Hoy, esa narrativa se diluye.
La realidad es que se extraerán alrededor de 150 millones de metros cúbicos, equivalentes a más del 16% de su almacenamiento actual. Traducido en términos cotidianos, el volumen que hoy se envía representa aproximadamente siete meses y medio del suministro que esta presa aporta a la ciudad.
El argumento del Gobierno federal es que México debe cumplir con la entrega de 249 millones de metros cúbicos a Texas antes del 31 de enero.
La presión externa existe y es evidente, más aún cuando el tema hídrico se mezcla con amenazas comerciales y arancelarias provenientes del presidente Donald Trump.
Pero cumplir un tratado internacional no debería implicar improvisación ni contradicciones internas, mucho menos cuando hay alternativas dentro de la propia cuenca del Río Bravo que, aunque golpeadas por la sequía, son las que el acuerdo original contempla.
El uso del Río San Juan y de El Cuchillo se sostiene en la Minuta 331 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, firmada en noviembre de 2024. Un ajuste administrativo que, sin modificar formalmente el tratado, amplía su interpretación.
Lo que hoy se presenta como una decisión “técnica” tiene consecuencias directas para millones de personas.
Nuevo León acaba de salir, apenas, de una de las crisis hídricas más severas de su historia reciente. Lo logró gracias a lluvias atípicas, a una presión social inédita y a inversiones de emergencia.
Nadie —absolutamente nadie— puede garantizar que ese escenario no se repita en el corto plazo. Sacar agua hoy, cuando los niveles son “satisfactorios”, es apostar a que el clima seguirá siendo benevolente mañana. Y esa es una apuesta temeraria.
El trasfondo político tampoco es menor. En el Palacio de Cantera, sede del Gobierno estatal, la decisión federal se observa con tensión.
El gobernador Samuel García sabe que, si en 2026 o 2027 vuelve a faltar agua en Monterrey, el costo político será inmediato.
Movimiento Ciudadano tendrá un argumento listo: la Federación vació la presa para cumplir compromisos externos. Morena, por su parte, confía en que obras como El Cuchillo II y nuevas inversiones en infraestructura amortigüen el golpe.
Pero el agua no entiende de calendarios electorales ni de promesas futuras. Entiende de reservas, de ciclos hidrológicos y de planeación a largo plazo.
Hoy se está pagando una deuda histórica con Estados Unidos; el problema es que el cobro podría llegarle, más adelante, a los hogares, a la industria y a la estabilidad social del noreste del país.
El dilema no es cumplir o no cumplir el tratado.
El dilema es cómo se cumple y quién asume el riesgo.
Porque si algo ha quedado claro este lunes 22 de diciembre, es que la deuda del agua no desaparece: solo cambia de manos.
Y, por ahora, una parte importante de esa factura la empieza a pagar Nuevo León.
