PAN Y CIRCO – Opinión Editorial
La madrugada del 3 de enero de este nuevo año marcó un punto de quiebre en la historia reciente de América Latina.
En una operación militar relámpago, fuerzas especiales de Estados Unidos ingresaron a Caracas y capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Dos días después, este lunes 5 de enero, Maduro compareció ante un tribunal federal de Nueva York, se declaró “no culpable” de los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, y aseguró —desde territorio estadounidense— que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela.
Los hechos se sucedieron con una velocidad inédita. Tras su captura, Maduro fue trasladado a un centro de detención en Brooklyn y, posteriormente, al tribunal federal de Manhattan.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, el exmandatario está acusado de encabezar una red internacional de tráfico de drogas vinculada al llamado Cártel de los Soles, con nexos con grupos armados como las FARC, el Tren de Aragua y organizaciones criminales mexicanas.
Durante años, Washington ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura.
Mientras tanto, en Caracas, Delcy Rodríguez rindió juramento como presidenta interina, en una maniobra que evidencia la profunda fractura del chavismo y la ausencia de un plan de transición claro.
Las cifras extraoficiales hablan de al menos 80 personas muertas en Venezuela durante la operación militar, mientras que Cuba reportó la muerte de 32 agentes que formaban parte del anillo de seguridad de Maduro. El costo humano del operativo, aunque minimizado por Washington, comienza a emerger como una de las sombras más inquietantes de esta intervención.
Desde la Casa Blanca, Donald Trump no ha ocultado el trasfondo estratégico de la operación.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 303 mil millones de barriles.
Trump ha sido explícito: permitir que China, Rusia o Irán mantengan influencia sobre esa riqueza energética es, para su administración, inaceptable.
La captura de Maduro no sólo es un acto judicial, sino una jugada geopolítica que revive viejos fantasmas en la región.
No todos en Estados Unidos respaldaron la decisión.
La exvicepresidenta Kamala Harris calificó la operación como “ilegal e imprudente”, advirtiendo que los cambios de régimen impuestos por la fuerza suelen derivar en caos, no en democracia.
El debate está sobre la mesa: ¿Se trató de una intervención necesaria ante un régimen autoritario y criminal, o de una guerra por el control del petróleo disfrazada de justicia internacional?
Para México, el episodio, por supuesto, tiene implicaciones. La Presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: “cooperación, sí; intervencionismo, no”. México rechazó categóricamente la acción militar y recordó que la injerencia extranjera rara vez ha traído estabilidad o democracia. Su postura busca marcar una línea roja frente a las amenazas veladas de Trump, quien ha insistido en que los gobiernos de la región deben enfrentar por sí mismos al crimen organizado.
Una intervención militar estadounidense en México no es imposible. Sin embargo, esto implicaría que Estados Unidos invada a su principal socio comercial y desestabilice una frontera de más de tres mil kilómetros.
La caída de Maduro puede ser histórica o puede convertirse en una oportunidad perdida.
Todo dependerá de lo que venga después.
Si Washington posterga elecciones, prioriza el petróleo y apuesta por figuras del viejo régimen, el riesgo es repetir una historia conocida en América Latina.
La pregunta central no es sólo cómo cayó el chavismo, sino qué tipo de orden se pretende construir.
Venezuela es hoy el epicentro de un nuevo tablero geopolítico.
México haría bien en observar con prudencia, firmeza diplomática y una dosis saludable de memoria histórica.
