Gregorio Martínez con Pan y Circo
Por Gregorio Martínez
Entramos a la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con señales un tanto preocupantes.
El fantasma de la expropiación se hizo presente.
El viernes 19 de mayo fue publicado un decreto en el Diario Oficial de la Federación que declara de utilidad pública “la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras” de los tramos de tres líneas ferroviarias, que desde 1998 estaban concesionados a la empresa Ferrosur, propiedad de Grupo México, que pertenece a Germán Larrea.
Estas tres líneas ferroviarias conectan directamente con el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Son 120 kilómetros que resultan indispensables para el “funcionamiento eficaz” del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto emblemático de la 4T.
El decreto ordena también la ocupación temporal inmediata de dichos tramos a favor de una entidad paraestatal coordinada por la Secretaría de Marina. Y establece el pago de la indemnización correspondiente en los términos que marca la ley.
Se dijo después que el gobierno no pagará a Grupo México los 9 mil 500 millones de pesos que pretendía, pero la empresa de Germán Larrea tendrá beneficios en otras concesiones que están a punto de expirar.
Aunque el gobierno califique esta acción como una “ocupación temporal”, podríamos estar cerca de que la 4T rompa una de las principales promesas que el Presidente López Obrador hizo en campaña al sector privado, en el sentido de que no se llevarían a cabo expropiaciones.
El gobierno está transfiriendo el control de algunos tramos de vías férreas a “Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec”, una empresa pública administrada por la Secretaría de Marina.
Cabe mencionar que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha otorgado a las Fuerzas Armadas el control de las obras de infraestructura prioritarias, particularmente en el sureste, una región en la que se han desplegado un gran número de bases militares y que concentra el 80 por ciento de las reservas probadas de petróleo del país.
Pero relacionado con esto, otra señal de alarma ha sido la decisión de Citigroup de posponer la venta de Citibanamex, un proceso que aparentemente ya estaba en la fase final. Todo apunta a que tal determinación se desprende del conflicto entre el Gobierno Federal y Germán Larrea, potencial comprador de Banamex, independientemente del acuerdo al que hubiesen llegado por la “ocupación temporal” de los tramos ferroviarios.
La venta sigue en pie, pero será a través de una Oferta Pública Inicial en la Bolsa de Valores, en el año 2025, es decir, cuando López Obrador ya no sea Presidente.
Así pues, en cuatro años y medio no nos hemos convertido en Venezuela.
Dicho por los propios empresarios venezolanos: “Los gobiernos que se apropian indebidamente de la propiedad privada terminan destruyéndola, pulverizando a las empresas y devastando al país”. Han sido muchas las empresas expropiadas en aquel país sudamericano… Telefonía, electricidad, cemento, acero, bancos, medios de comunicación.
Está claro que no queremos seguir el modelo venezolano. Por ello en México se debe rectificar y comunicar con claridad cuál es el rumbo. Ahora predomina la incertidumbre. Se requiere mantener el diálogo y la certeza jurídica entre gobierno y empresarios. De lo contrario, se perderá la confianza para invertir en nuestro país y generar empleos, en un momento de grandes oportunidades.
