Una administración cercana: el valor de la Brigada de Testamentos Gratuitos
El gobierno de Nuevo León ha mostrado en los últimos meses una estrategia clara de acercar los servicios a la ciudadanía de manera práctica y sin costos excesivos. Un ejemplo concreto de ello es la Brigada de Testamentos Gratuitos que se lleva a cabo el día de hoy, en el Gimnasio Nuevo León Unido, ubicado junto al estadio de los Sultanes.
Esta campaña está dirigida a ciudadanos de escasos recursos, testamentos de herederos universales y que posean 1 solo inmueble, aplica en inmuebles con un valor catastral no mayor a 1 millón 850 mil pesos.
La visión de Samuel García como gobernador ha sido constantemente cuestionada en diversos temas, sin embargo, ahora la coordinación puntual y el seguimiento detallado del Secretario General de Gobierno, Miguel Flores con este tipo de brigadas revelan una faceta distinta: la de una administración que busca atender de manera directa a los ciudadanos en aspectos que impactan en su vida cotidiana. El testamento es un documento muchas veces postergado por costos o desconocimiento, y el hecho de ofrecerlo de manera gratuita facilita que más familias tengan seguridad jurídica sobre su patrimonio.
Además, la integración de módulos adicionales demuestra un enfoque integral de la administración. No se trata de resolver un único trámite, sino de aprovechar la asistencia ciudadana para atender diferentes necesidades al mismo tiempo. El módulo de Bolsa de Empleo, por ejemplo, representa un apoyo concreto en un contexto económico donde la colocación laboral sigue siendo una de las principales preocupaciones de la sociedad.
El componente de participación ciudadana también resalta. Ofrecer asesoría y gestoría en un mismo espacio genera confianza y cercanía entre autoridades y ciudadanos, reduciendo tiempos y burocracia. Estas acciones fortalecen la percepción de un gobierno que entiende las demandas sociales y que busca ser facilitador más que obstáculo en los procesos administrativos.
La Brigada de Testamentos Gratuitos es, en esencia, un reflejo de cómo el Secretario General de Gobierno, puede innovar en políticas públicas al acercar los servicios, reducir costos para las familias y al mismo tiempo reforzar la confianza ciudadana.
Miguel Flores, al impulsar estas acciones, muestra que una administración puede ser moderna no solo por las grandes obras, sino también por la atención concreta a las necesidades de su gente.
Micromovilidad, promesas y contrastes en Monterrey y Guadalupe
El impulso a la movilidad urbana se ha convertido en un estandarte de varios alcaldes del área metropolitana. En Monterrey, la administración municipal anunció con entusiasmo el nuevo sistema de micromovilidad con bicicletas y scooters eléctricos. La propuesta pretende ofrecer alternativas rápidas, ecológicas y accesibles, además de incluir un beneficio inicial: el primer mes con desbloqueo gratuito. Este tipo de iniciativas, sin duda, apuntan hacia una ciudad más moderna y sostenible.
Sin embargo, el anuncio contrasta con la forma en que fue recibido en el escenario político. Mientras en Monterrey se presume el arranque de este proyecto, en Guadalupe se celebró la llegada de Lime con un discurso igualmente enfático, encabezado por el alcalde y con el respaldo del Gobernador, Samuel García. La narrativa es similar: menos tráfico, reducción de contaminación y un aire más limpio para todos.
El detalle radica en el eco político de cada anuncio. Al gobernador le resultó más conveniente reconocer públicamente lo hecho en Guadalupe: refleja tensiones entre alcaldes y el Ejecutivo estatal, tensiones que, más allá de la gestión, tienen una lectura electoral evidente rumbo a 2027.
En la práctica, la población recibe dos mensajes paralelos. Por un lado, se presenta un avance real hacia una movilidad sostenible; por otro, se evidencia un juego de preferencias políticas que no deberían interferir en la gobernabilidad.
Es claro que la movilidad ha pasado de ser un tema técnico a un eje estratégico en la promoción política. El respaldo del gobernador se traduce en ventajas o desventajas dentro de la carrera por posicionarse hacia futuros escenarios electorales.
Sandra Pámanes y la debilidad de una oposición sin estrategia
El debate legislativo en torno a la reforma electoral para garantizar candidaturas de mujeres ha dejado ver la fragilidad de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local. Al frente se encuentra Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, coordinadora de la bancada, quien no ha logrado consolidar un papel de liderazgo ni en la negociación ni en la argumentación pública.
Su principal error fue no anticipar la aprobación del dictamen, lo cual refleja un descuido estratégico en la conducción de su grupo parlamentario. La falta de capacidad de negociación dejó a su bancada fuera de una de las discusiones más relevantes rumbo al 2027. Para colmo, su respuesta fue señalar la medida como “antidemocrática” y preguntar qué se temía con esta reforma, dejando entrever que hacía alusión a la eventual candidatura de Mariana Rodríguez.
Los argumentos de Pámanes fueron rápidamente desestimados. Calificar la reforma como antidemocrática carece de sustento, pues la propuesta no elimina oportunidades para nadie, sino que busca equilibrar la participación. Esta falta de claridad en su discurso no solo debilitó su postura, sino que también expuso a Movimiento Ciudadano como un partido poco preparado para dar la batalla en el Legislativo.
La situación cobra mayor relevancia al considerar los antecedentes electorales del partido. Mariana Rodríguez no logró consolidar un triunfo en Monterrey, y con un historial de derrotas, pensar en un eventual éxito estatal parece más aspiración que realidad. Los errores de Pámanes solo refuerzan esa percepción.
En un escenario donde cada movimiento cuenta, la coordinadora se ha mostrado más reactiva que proactiva. Al limitarse a declaraciones endebles, no solo falló en dar argumentos sólidos, sino que permitió que sus opositores capitalizaran su falta de liderazgo.
Apodaca y los pendientes de César Garza en movilidad y seguridad vial
El reciente accidente en Apodaca, donde un camión de personal con 40 pasajeros chocó contra un vehículo particular, dejando un saldo fatal, puso en evidencia una problemática que los vecinos han señalado en repetidas ocasiones: las malas condiciones de las vialidades, la insuficiente señalización, la escasa iluminación y las largas horas de tráfico que vuelven inseguras las calles, aunque se ha trabajado mucho en ello.
Aunque las autoridades de tránsito municipal acudieron con rapidez al lugar del siniestro, la reacción eficiente no sustituye la prevención. Es precisamente en la prevención donde la administración encabezada por César Garza Arredondo ha mostrado que falta hacer más esfuerzo.
Los accidentes de tránsito no pueden verse solo como hechos aislados, sino como el reflejo de una estrategia de movilidad.
Apodaca, como uno de los municipios industriales más relevantes de Nuevo León, enfrenta diariamente un flujo de miles de trabajadores que dependen de traslados largos y complicados.
Las condiciones actuales de las vialidades en algunas partes no solo afectan la movilidad, sino que impactan directamente en la calidad de vida, generando estrés, pérdidas de tiempo y, en el peor de los casos, tragedias como la más reciente.
El problema de fondo es que el municipio ha priorizado respuestas rápidas. La narrativa política resalta logros, pero en el día a día, la gente sigue enfrentando riesgos que pudieron evitarse con una planeación más rigurosa.
De cara al 2027, César Garza debe tener claro que los ciudadanos recordarán no solo lo que se hizo bien, sino también los temas que quedaron pendientes. La seguridad vial es una de esas asignaturas que, aunque menos visible que otras, define la percepción de una gestión cercana.
Defensa del Estado laico ante rituales de poder simbólico
El Dr. Valdemar Martínez Garza, presidente del Capítulo Nuevo León de México Justo, emitió un posicionamiento firme respecto a la reciente ceremonia en la que médicas tradicionales entregaron bastones de mando y de servicio a un presidente y a la nueva corte.
Para el doctor, este acto envía un mensaje equivocado a la ciudadanía, al introducir un ritual con tintes religiosos y culturales en un contexto que debería estar regido únicamente por la Constitución.
Durante la ceremonia, se llevaron a cabo prácticas de limpia y purificación con copal, ofrendas y música tradicional de Oaxaca, estado de origen de Aguilar Ortiz. Aunque para algunos se trató de un reconocimiento cultural, para el Dr. Valdemar el problema radica en la confusión que puede generar respecto a la fuente del poder público en México. El bastón de mando, dijo, no puede sustituir a la Constitución como máximo símbolo de autoridad.
El posicionamiento subraya que México es una República laica y que, en ese sentido, la introducción de rituales vinculados a deidades o símbolos religiosos no debe formar parte de actos institucionales.
En caso de que los miembros de la corte hubieran querido ejercer su derecho humano a la libertad de creencias, podrían haberlo hecho en un ámbito privado, sin asociarlo a funciones de carácter público.
Martínez Garza enfatizó que el riesgo de normalizar estas prácticas es que la población llegue a percibir que la legitimidad del poder proviene de objetos rituales o creencias particulares, y no del orden constitucional que rige a todos los ciudadanos por igual. Esa confusión, afirmó, mina la confianza en las instituciones y abre la puerta a interpretaciones ajenas al marco legal.
El Doctor aclaró que su postura no busca menospreciar las tradiciones culturales ni la herencia indígena, sino llamar la atención sobre la línea que no debe cruzarse en un país cuya fortaleza democrática descansa en la separación entre lo religioso y lo estatal. Reconocer la riqueza cultural es válido, pero sin perder de vista los límites constitucionales.
En su mensaje, sostuvo que lo preocupante no es el acto cultural en sí, sino el uso del bastón de mando como símbolo de poder dentro de una corte, lo que sugiere que la verdadera autoridad emana de un objeto ritual, cuando en realidad proviene de la Constitución. Esa distorsión, advirtió, afecta la percepción del orden jurídico.
Finalmente, el Dr. Valdemar hizo un llamado a crear conciencia y a restablecer el respeto irrestricto al Estado laico, recordando que la Constitución es la que otorga legitimidad y fuerza a las instituciones.
Su posicionamiento busca no solo generar debate, sino también reafirmar los principios que garantizan que México siga siendo una República democrática basada en la legalidad.
Samuel García y la política de los símbolos
El gobernador Samuel García anunció con solemnidad el decreto que convierte al Museo La Milarca en patrimonio cultural de Nuevo León, en memoria del fallecido Mauricio Fernández.
La decisión fue presentada como un reconocimiento al legado cultural y artístico que deja el exalcalde y como un compromiso con la preservación de la identidad del estado.
Es evidente que Samuel García busca posicionarse como un mandatario que impulsa la cultura y la modernidad. Sin embargo, este tipo de decretos refuerzan la percepción de que su gestión privilegia. La política de los símbolos.
La memoria de Mauricio Fernández merece sin duda un reconocimiento.
De cara al futuro, Samuel García necesita demostrar que puede equilibrar los gestos simbólicos.
La gestión de un gobernador se mide no solo por lo que anuncia, sino por lo que transforma.
Marisol González y el activismo legislativo de MC
Dentro del Congreso del Estado, una de las diputadas que más actividad ha mostrado en semanas recientes es Marisol González Elías, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano.
Sus constantes iniciativas la han colocado en el centro de la agenda legislativa, con propuestas que abarcan desde la economía local hasta la protección de la niñez.
El 29 de julio, González presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en conjunto con la Secretaria de Economía del Estado, Betsabé Rocha Nieto. El objetivo fue dar sustento legal al programa Hecho en Nuevo León, buscando institucionalizar un distintivo oficial de producción local que impulse a las MIPYMES.
Días antes, el 25 de julio, propuso adicionar un artículo a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios, con el fin de vincular daños ocasionados por omisiones en mantenimiento de espacios públicos con posibles responsabilidades administrativas de las autoridades. Este tipo de iniciativas muestran un enfoque ciudadano y crítico hacia la gestión pública.
El 15 de julio, González cuestionó el cobro de 60 pesos por persona para acceder a la zona de La Huasteca, impuesto pese a la falta de servicios básicos. La diputada presentó una reforma al artículo 198 de la Ley Federal de Derechos para garantizar mayor transparencia en las cuotas de Áreas Naturales Protegidas, argumentando que no existe un plan de manejo ni rendición de cuentas en ese espacio.
Su agenda legislativa también incluye iniciativas con perspectiva social, como la reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que involucró directamente a menores en el diseño de propuestas. Con este ejercicio, no solo recogió demandas reales, sino que visibilizó una nueva forma de hacer política.
El 11 de julio presentó una reforma al Código Penal estatal para endurecer sanciones contra la corrupción de menores, específicamente la explotación mediante mendicidad. Su trabajo legislativo se ha caracterizado por abarcar temas diversos, pero con un hilo conductor: buscar mayor responsabilidad de las autoridades y protección de los grupos vulnerables.
En un Congreso marcado por disputas partidistas, el activismo legislativo de Marisol González contrasta con la pasividad de otros actores.
Presenta Iniciativa del Registro Municipal de Arrendadores y Certificación de Inmuebles Habitacionales
Quien el día de ayer presentó una iniciativa del Registro Municipal de Arrendadores y Certificación de Inmuebles Habitacionales fue el Regidor Gibran Ornelas.
Comentó que esta propuesta busca algo muy sencillo pero poderoso, que cualquier persona que quiera rentar o comprar un inmueble pueda verificar que el arrendador esté registrado y que el inmueble esté certificado legalmente.
Menciono que un registro así daría certeza, transparencia y sobre todo confianza.
También evitaría que familias sigan cayendo en engaños y obligaría a quienes están en el negocio inmobiliario a hacerlo con responsabilidad y legalidad.
Sacudiendo el avispero
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Félix Cortés Camarillo para Pan y Circo
La cosa no es muy clara. En Dallas, Texas, un solitario joven disparó hacia las oficinas temporales del ICE, la policía especializada en capturar inmigrantes indocumentados y expulsarlos de su país, en el momento en que descargaban su infausta carga de una camioneta a las oficinas. Dos de ellos murieron por sus balas; ningún agente del orden salió herido.
Nadie sabe si el agresor, que -dicen- se suicidó antes de que llegaran los policías, quería manifestar de esa manera su repudio a los migrantes o contra su persecución. La versión oficial dice que, al lado del disparador muerto, encontraron cartuchos no usados y uno de ellos tenía escrito “anti ICE”. Cada quién sacará sus conclusiones. Pero el hecho en sí está sacudiendo aún más al avispero.
Lo cual me lleva a otro asunto.
La sorpresiva suspensión indefinida del programa nocturno en la televisión norteamericana de la cadena ABC, conducido por Jimmy Kimmel, y su no menos inesperado retorno “al aire” el martes pasado, va a tener muy ocupados a los abogados de la Casa Blanca.
Por lo pronto, según escribió en su plataforma de X su jefe Donald Trump, tienen que preparar una demanda en contra de la empresa Disney, propietaria de ABC, por no haber respetado el supuesto compromiso de acabar definitivamente el programa de Kimmel.
Además de esa chamba, el jurídico de Trump tendrá que demandar, one more time, a The New York Times, por haber revelado que Tom Hogan, nombrado en enero pasado Zar de la Migración del gobierno de los Estados Unidos, recibió en septiembre de 2024, un soborno de cincuenta mil dólares en efectivo, en una bolsa de papel en un restaurante de comida rápida.
¿Se acuerdan de Pío López Obrador?
Por si no se acuerdan de Tom Hogan, es un señor de edad, que ha sido prácticamente toda su carrera de unos treinta años, policía especializado en perseguir migrantes, especialmente indocumentados. Por ello fue condecorado por el presidente Obama, por su alto número de deportaciones. Obama se ganó entonces el título de “Deportator in Chief”. Luego, Tom salió brevemente del gobierno y fundó “Border 911”, un servicio no gubernamental dedicada a denunciar “ilegales”.
El señor Hogan es el autor de la política cero de Trump hacia los inmigrantes. El otro domingo le preguntaron en entrevista de televisión si no era demasiado 88 mil millones de dólares para deportar a un millón de personas en un año, y contestó que pediría más. A la pregunta de cómo evitar con las deportaciones la separación de familias, respondió: que se vayan juntos; esto implica, jurídicamente, deportar a ciudadanos de los Estados Unidos por el delito de tener una esposa, marido o hijos que no lo sean.
Volviendo a los cincuenta mil pesos del soborno.
El reportaje dice que agentes del FBI, disfrazados de representantes de empresas que aspiraban a contratos por parte del gobierno cuando Trump fuera presidente. Estamos hablando de septiembre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, cuando entregaron los cincuenta mil morlacos en efectivo a cambio de promesas que no se sabe si fueron o no cumplidas.
Tom Hogan respondió a la publicación diciendo simplemente que él no había cometido nada ilegal, ningún delito, sin negar el hecho en sí de recibir la paga. La Casa Blanca dijo lo mismo. Se infiere, que ese dinero recibido por Hogan no fue a su beneficio personal sino en apoyo a la campaña de Trump, lo cual no sería indefectiblemente ilegal.
¿Se acuerdan de Pío López Obrador y las “contribuciones a la causa”?
Mis dos asuntos no tienen otra relación entre sí más que el ambiente que prevalece en la comunidad migrante en los Estados Unidos y la tensión creciente que las operaciones del ICE, de búsqueda, captura y deportación de seres humanos se intensifica.
El solitario atacante de las oficinas de ICE puede desatar, como suele pasar, una repetición en cascada por emulación. Cosa nada sana y nada grata.
PILÓN: PARA LA MAÑANERA DEL PUEBLO (porque no dejan entrar sin tapabocas): Dentro de la millonada que el gobernador de Nuevo León gasta en publicidad de sus “logros” y pidiéndole a la ciudadanía “paciencia” porque sabe que no va a cumplir lo prometido, me encuentro al mentiroso presumiendo un centro de protección de animales, que ideó y llevó a realización su señora esposa.
Me hizo recordar al gobernante aquel que dedicaba más dinero a la construcción y mejoramiento de las cárceles que a la construcción de escuelas. Interrogado, contestó sabio: “mira, en el futuro, yo no voy a volver a la escuela”. Eso se llama previsión.
felixcortescama@gmail.com
Unidad de Aramberri cumple dos décadas con crecimiento académico y en su matrícula
La Universidad Autónoma de Nuevo León que dirige el Rector Dr. Sanos Guzmán López celebrará el vigésimo aniversario de la Unidad Académica de “La Ascensión” de la Facultad de Agronomía de formar ingenieros agrónomos en la zona serrana del estado de Nuevo León.
En el marco de la decimoprimera edición de la Exposur, la facultad conmemorará las primeras dos décadas de la Unidad Académica. Exposiciones de ganado y de productos regionales, recorridos por las áreas de cultivo y música en vivo serán parte de las actividades que se llevarán a cabo durante los festejos.
El director de la institución, Carlos Alberto Hernández Martínez, enfatizó que, gracias al apoyo de la Universidad, múltiples estudiantes han tenido la oportunidad de concluir sus estudios universitarios y contribuir al desarrollo social de la región.
Agregó que la evolución de la Unidad se ve reflejada en el crecimiento de su oferta académica e incremento de su matrícula.
“Estoy muy contento de que nos haya tocado organizar la celebración de los 20 años de esta Unidad Académica. Estamos muy entusiasmados por el evento que se llevará a cabo y por la evolución que ha tenido esta región”, indicó.
El evento se realizará el próximo 27 de septiembre en las instalaciones de la Unidad Académica “La Ascensión” en el municipio de Aramberri.
Los festejos contarán con la presencia de diversas autoridades universitarias, además de la presencia del secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo León, Marco Antonio González Valdez, quien dará una conferencia magistral sobre el análisis prospectivo del sector agropecuario para el sur de Nuevo León.
Una unidad a 1 mil 954 metros de altura
Lo que inició en 1977 como un campo experimental de cultivo y producción ganadera se consolidaría hasta el 15 de agosto de 2005 como una unidad académica de la Facultad de Agronomía en apoyo a los alumnos de escasos recursos del municipio de Aramberri y comunidades aledañas y al desarrollo agropecuario de la zona.
Con una comunidad estimada en 180 estudiantes, la Unidad Académica ofrece servicios como dormitorios para los alumnos e infraestructura para la formación teórica y práctica de estudiantes de ingeniería en agronomía e ingeniería en agronegocios.
Hernández Martínez señaló que el crecimiento de la matrícula estudiantil es proporcional al crecimiento social de la región.
La comunidad estudiantil de la Unidad Académica “La Ascensión” está integrada por estudiantes de municipios como Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, Mier y Noriega y Zaragoza, además de alumnos provenientes de estados como Coahuila y San Luis Potosí.
Gobierno prepara reforma para frenar mercado negro del agua y endurecer sanciones
El gobierno de México anunció este miércoles que en los próximos días presentará al Congreso dos iniciativas clave en materia hídrica: una reforma constitucional para garantizar el derecho humano al agua y una nueva Ley General, junto con modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales.
El gobierno de México anunció este miércoles que en los próximos días presentará al Congreso dos iniciativas clave en materia hídrica: una reforma constitucional para garantizar el derecho humano al agua y una nueva Ley General, junto con modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales.
El objetivo central es poner fin al mercado negro del agua, fortalecer a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y endurecer las sanciones contra quienes lucran ilegalmente con el recurso.
Efraín Morales López, director general de la Conagua, explicó que las propuestas surgen de un proceso de consulta que incluyó 13 foros con sectores sociales, productivos y gubernamentales. Detalló que la iniciativa plantea eliminar la posibilidad de transmisiones de concesiones entre particulares, un mecanismo que ha permitido la compraventa de derechos de agua sin regulación adecuada.
“Lo que ha ocurrido es que se generó un mercado negro del agua; usuarios que necesitan agua para consumo humano o proyectos productivos tienen que acudir a particulares que venden títulos de concesión”, señaló.
La reforma también incluye la creación de un capítulo sobre delitos hídricos, con sanciones más severas para quienes roben agua, perforen pozos ilegales o reincidan en prácticas ilícitas como la venta de pipas obtenidas de extracciones clandestinas. Incluso se contempla aplicar la figura de extinción de dominio en casos de reincidencia.
Óscar Zavala Gamboa, director jurídico de la Conagua, precisó que actualmente las multas por violaciones a la Ley de Aguas Nacionales van de 260 a 26,000 UMAS, es decir, hasta poco más de 2 millones de pesos. Sin embargo, las sanciones resultan tan bajas que muchos infractores las pagan el mismo día y vuelven a operar.
“Se propone elevar la multa mínima a 50,000 UMAS y crear un catálogo de delitos especiales dentro de la ley para cerrar lagunas legales”, explicó.
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que esta práctica inició en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que el cambio legal busca revertirla. “Ya no habrá transmisión entre particulares. Si no usas tu concesión, la tienes que regresar al Estado, y es el Estado quien decidirá si se vuelve a concesionar. El agua no es una mercancía, es un recurso escaso que debe ser regulado por la nación”, afirmó.
También, la primera mandataria agregó que las reformas también simplificarán los trámites para pequeños agricultores con pozos, quienes podrán regularizar sus concesiones con mayor facilidad y acceder a subsidios en electricidad para riego.
“Es un incentivo: regularízate, paga lo que tengas que pagar y tendrás acceso a beneficios”, afirmó.
Reforma electoral busca extinguir la pluralidad en el Congreso: José Woldenberg
El expresidente del IFE, José Woldenberg, pidió analizar formas de abaratar las elecciones, pero sin desmantelar los aspectos que dan imparcialidad y transparencia a los procesos electorales.
José Woldenberg, expresidente del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), advirtió que la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum pretende acabar con la representación de la pluralidad en el Congreso, pues la extinción de diputaciones y senadurías plurinominales que ha anunciado la mandataria premiaría a las mayorías y castigaría a las minorías.
En entrevista para EntreDichos con René Delgado, de El Financiero Bloomberg, manifestó que, si bien aún no se conoce el texto de la reforma electoral, la presidenta ha reiterado su desacuerdo con los plurinominales.
Para él, dijo, esa declaración manda el mensaje de que “lo que quiere acabar es que esa pluralidad esté bien representada en los órganos legislativos”.
El expresidente del IFE consideró que concretar la extinción de los plurinominales implicaría regresar al país a antes de 1963, año en el que se inventaron los diputados de partido –es decir, de minorías políticas–, y ello debería provocar el rechazo del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México, pues implicaría su extinción.
“Muchos nos preguntamos si los aliados (del partido guinda), o sea el PT y el Verde, van a seguir a Morena hasta allá, porque si quitan, digamos, la representación proporcional de las minorías, esos partidos están condenados a perder, a desaparecer, porque el PT creo que no ganó ni un solo distrito, quizá el Verde si algunos distritos, pero sin duda su presencia sería mínima”, comentó.
En lo que corresponde a las autoridades electorales, el expresidente del IFE afirmó que lo que México necesita “son autoridades legítimas, autoridades que irradien confianza hacia todas las partes del espectro político en nuestro país” y por ello no debería optarse por la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de las urnas, sino por mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Woldenberg niega que costo de elecciones baje borrón de los OPLE
Sobre la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), Woldenberg mencionó que eso no abarataría las elecciones, pues el INE se encarga sólo de la elección de cargos federales.
Son los OPLE, los que se encargan de la elección de gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos, por lo que su desaparición implicaría aumentar la estructura del INE y con ello su presupuesto.
“El INE con su estructura no podría hacer esas elecciones y habría que hacer crecer al instituto en todas esas entidades.
“Es decir, este argumento reiterado de cómo abaratar yo diría: veamos en efecto cómo abaratar las elecciones, pero no destruyamos lo que se ha construido para ofrecer garantías de imparcialidad y transparencia en los procesos electorales”, indicó.
Hay reiteración de las desigualdades
Mexicanos, aún lejos del pleno ejercicio de los derechos sociales
En 2024 se registró una disminución de la pobreza extrema a 7 millones de personas, en contraste de los 9.1 millones de la medición previa: Vanessa Maldonado, del INEGI
A pesar de que hay indicadores que van en la dirección deseada, la medición de la pobreza en el país durante 2024 no arroja grandes novedades. “Hablamos de constructos que están todavía lejos del pleno ejercicio de los derechos sociales que tenemos las y los mexicanos”, afirmó Claudia Vanessa Maldonado Trujillo, coordinadora general de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el Seminario Universitario de la Cuestión Social, refirió que en el país tenemos a 7 millones de personas en situación de pobreza extrema. “Si analizamos la distribución territorial de las desigualdades, las brechas históricas de género y la separación entre los ámbitos rural y urbano, vemos la reiteración de las desigualdades y de las grandes brechas que caracterizan a la nación, aún en una medición que reporta reducciones en todas las carencias, incluyendo la pobreza moderada y la extrema”.
Al hablar de “Medición de pobreza 2024”, explicó que la llamada multidimensional tiene dos criterios: población con un ingreso insuficiente para cubrir la canasta alimentaria y con tres o más carencias sociales.
Ante el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), Enrique Provencio Durazo, y los coordinadores del Seminario Universitario de la Cuestión Social y del Seminario de Altos Estudios del Desarrollo, Rolando Cordera Campos y Mario Luis Fuentes Alcalá, respectivamente, añadió que seguimos con problemas estructurales asociados a la vulneración del derecho de seguridad social y a la salud.
Maldonado Trujillo recalcó que en 2024 se registró una disminución de la pobreza extrema a 7 millones de personas, en contraste de los 9.1 millones de la medición previa; se trata de quienes si se gastaran el cien por ciento de su ingreso per cápita mensual en alimentos esenciales, no les alcanzaría. Además, tienen imposibilidad práctica de ejercer derechos sociales.
Los porcentajes más altos de población en situación de pobreza extrema, mencionó, persisten en las entidades del centro y sur del país; destacan Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 27.1, 21.3 y 16.3 %, respectivamente, de su población en esa condición, que junto con Veracruz y el Estado de México concentran al 60 % de esa población.
La especialista explicó que las tres carencias con mayor incidencia en ese sector de la población fueron por acceso a la seguridad social (el 96.4 %), a los servicios de salud (el 74.8) y a los servicios básicos en la vivienda (el 67.5).
Maldonado Trujillo dijo que las remuneraciones por trabajo subordinado son la principal fuente de ingreso de la población en situación de pobreza extrema; le siguen las transferencias monetarias, de las cuales el 59.2 % proviene de programas sociales.
Agregó que, del total de la población en pobreza extrema, el 55.8 % tiene de cero a 29 años, equivalente a 3.9 millones de personas, y el 44.2 % tiene 30 años o más, es decir, 3.1 millones de personas, dijo en el Auditorio Mtro. Jesús Silva Herzog del Posgrado de la Facultad de Economía.
Ante tal panorama, Claudia Vanessa Maldonado consideró que es esencial garantizar el acceso de la población en situación de pobreza extrema a los programas sociales y acciones adicionales para la inclusión laboral.
Como algunos grupos de población (mujeres y comunidad indígena) presentan mayores porcentajes de pobreza extrema, sobre todo en el ámbito rural, resulta fundamental el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque interseccional y que involucren a esos grupos, sugirió.
Al comentar la presentación, Iliana Yaschine Arroyo, investigadora del PUED, resaltó que la medición de la pobreza 2024 muestra que, a pesar de la reducción de ese fenómeno, sus niveles siguen siendo “escandalosamente altos” para el país que somos, y en el caso de la pobreza extrema, “mucho más preocupantes”.
Persisten las desigualdades entre regiones, entidades federativas, condición étnica, por edad o género. Lo que sí observamos es que la caída de la pobreza se relaciona con el incremento del ingreso y del salario mínimo. Ahora hay que preguntarse qué tanto más ese factor puede seguir siendo motor de cambio y si con el “universalismo” de los programas sociales se ha dejado de lado la necesidad de la focalización como instrumento de redistribución.
Hay que garantizar el ejercicio pleno de derechos para todos, y las políticas de reducción de la pobreza no pueden seguirse centrando exclusivamente en el aumento del salario mínimo o las transferencias monetarias hacia los hogares. Se necesita una mirada más amplia para extender el ejercicio de derechos y reducir la pobreza de forma más sostenida, concluyó.
Y como siempre al pueblo pan y circo, o usted ¿Qué opina?
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